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La
jueza del Juzgado de Instrucción Nº 47, Dra. Mónica Berdión de
Crudo, ordenó la clausura del Jardín Botánico. En esta causa se
está investigando el supuesto alquiler de parcelas para la inhumación
de restos humanos y la locación del predio para filmaciones de
eventos y producciones audiovisuales. Hasta ahora hay dos detenidos:
el jefe del área operativa del Botánico, Roberto Logiúdice, de 49
años, y a su secretaria, Graciela Baultrin, de 42 años. Ambos
están acusados de peculado y defraudación del erario público.
La
presentación ante la justicia la realizó el subsecretario de
Seguridad del Gobierno porteño, Matías Molinero. "Si es
cierta la cuestión de los huesos, que paguen los empleados
corruptos" afirmó a la prensa el ministro de Ambiente y
Espacio Público, Juan Pablo Piccardo y explicó que hay
"pruebas suficientes", e indicó que le entregó a la
jueza "un elemento probatorio, una especie de hueso"
hallado en el lugar.
La
reacción del ejecutivo llegó cuando el tema ya había trascendido
y comenzaba el escándalo. Las denuncias de los hechos fueron
realizadas por dos empleados del Botánico en el mes de abril, pero
en principio no les fue muy bien: fueron separados de sus tareas y
sumariados por el Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
El
Legislador porteño, Juan Cabandié, por su parte, presentó ante la
Legislatura un pedido de informes solicitando que el gobierno de la
Ciudad brinde las explicaciones acerca de la denuncias de dos ex
empleados del Jardin Botánico quienes aseguran haber visto restos
humanos en el lugar.
Alberto
Barrientos, quien trabajó en el Botánico durante 37 años, y Juan
Marcos Neyra, que fue contratado durante la gestión del ex jefe de
Gobierno, Jorge Telerman, denunciaron en el mes de abril estos
hechos ante la fiscal contravencional Marcela Dupuy, quien poco
tiempo después archivó la causa. Luego concurrieron ante la
Defensoría porteña y ésta informó de lo sucedido a la Comisión
de Derechos Humanos de la Legislatura, presidida por Cabandié.
La
Agencia Telam informó que Barrientos, bajo juramento ante la
Defensoría del Pueblo, declaró que "le consta por haberlo
visto, que es una práctica habitual por parte de personal del
Jardín Botánico la de enterrar restos óseos en el Botánico, que
se hace más o menos hace cuatro años. Y que en los últimos meses
esa práctica se intensificó".
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