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Por Luciana Aghazarian
El
Policloruro de bifenilo (PCB) es un compuesto químico formado por
cloro, carbono e hidrógeno, que está considerado -según el
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)- como
uno de los doce contaminantes más nocivos. Debido a su gran
estabilidad térmica biológica y química, así como por su elevada
constante dieléctrica, los PCB’s se usaron masivamente hasta
mediados de 1970 como aislantes para equipos eléctricos como
transformadores, interruptores, capacitores y termostatos. Su uso
actualmente está prohibido en casi todo el mundo. En la Argentina,
la Ley 25.670 de protección ambiental para la gestión y
eliminación de PCB define que el nivel mínimo que debe contener
una mezcla para considerarse contaminada por PCB es de 50 partes por
millón y establece el año 2010 como último plazo para su
eliminación total. No obstante, en la Ciudad de Buenos Aires la ley
760 es más estricta y determina que aquellos transformadores de
energía que contengan PCB en una concentración superior a las 500
partes por millón debían ser eliminados antes de 2005.
En
nuestro país todavía se encuentran transformadores de baja y media
tensión que contienen aceite refrigerante de PCB y incumplimiento
de un correcto mantenimiento puede producir pérdida de aceite,
recalentamiento o, incluso, la explosión del transformador.
Cualquiera fuese la forma de liberación del aditivo con PCB, lo que
causa es la contaminación del suelo, las napas y el agua. Un dato
peor aún: los bifenilos policlorados pueden ingresar en el cuerpo a
través del contacto de la piel, por la inhalación de vapores o por
la ingestión de los alimentos que contengan residuos del compuesto;
la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera a este
refrigerante "muy contaminante" y varios estudios lo
consideran altamente cancerígeno.
Más
de siete decenas de transformadores que fueron sacados de
circulación por Edenor se encuentran en uno de sus centros de
abastecimiento ubicado en avenida Beiró y Nazca, supuestamente,
bajo "estrictas medidas de seguridad". Sin embargo, el
diputado porteño Fernando Cantero –quien es vecino de la zona y
hace años que investiga el tema- advirtió que estas medidas no
están siendo cumplidas y denunció a la empresa suministradora de
electricidad ante la Fiscalía Ambiental.
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¿Qué irregularidades se encontraron y cómo fueron detectadas?
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Fundamentalmente consta en las actas de inspección: hay una
infracción a la ley 24051, por no tener registro de
transformadores, ni manifiesto de retiro. Tampoco posee certificado
de eximición de vuelcos, tiene varias obstrucciones de
procedimiento y otras faltas de seguridad como matafuegos vencidos.
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De acuerdo a un informe de la Defensoría del Pueblo, en los lugares
donde existen transformadores eléctricos con altas concentraciones
de PCB -en violación a la ley 760- no reconocen la competencia de
la autoridad ambiental porteña y se remiten a la ley nacional que
da plazo hasta 2010 para la eliminación de transformadores con más
de 500 partes por millón de PCB ¿Por qué sucede esto? ¿Es una
falta de control por parte de la Ciudad o se da a causa de una
legislación poco clara?
-La
legislación es clara: las normas nacionales tienen supremacía y
las locales no las contradicen. Con los controles sucede que la
empresa al ser concesionaria del Estado nacional, muchas veces
impide el procedimiento de la inspección local que también aplica
las leyes nacionales.
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Edenor rechazó su denuncia aludiendo que recibe periódicas
inspecciones del Gobierno de la Ciudad, del Ente Regulador y de la
Secretaría de Ambiente de la Nación así como auditorías del INTI
y el CONICET que concluyeron que no había contaminación y que la
empresa cumple con la legislación vigente ¿Qué tiene para
responder y qué puede hacer desde la legislatura frente a esta
negativa?
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Edenor puede rechazar todas las denuncias que quiera. Lo que no sé
es cómo va a hacer para negar lo que consta en las actas de
infracción labradas por algunos de los órganos que menciona la
pregunta. Puede que no haya contaminación, esto lo tendrá que
comprobar la justicia, lo que sí hay es violación a leyes de
seguridad. Puede que un automóvil vaya a 160 kilómetros por hora y
no mate a nadie, pero el conductor no podrá aducir que actúa
conforme a derecho. Edenor viola normas de seguridad que se supone
que son para prevenir daños mayores; lo que indigna son las
obstrucciones de procedimiento. Es una Empresa a la que el estado
beneficia con concesiones para suministrar energía y cobrarse
grandes ganancias y es al mismo estado al que le impide el ingreso
para inspeccionar. Desde la Legislatura puedo impulsar el cierre o
la erradicación de la subestación; ya he denunciado ante la
fiscalía y solicitado al gobierno de la Ciudad que actúe en
consecuencia. El conocimiento que tengo de las actas de infracción
se debe a un pedido de informes de mi autoría aprobado por la
legislatura y que se basa en los reclamos vecinales y en la
preocupación de muchos trabajadores.
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¿En la norma de residuos peligrosos no se tiene en cuenta como
agravante el inadecuado tratamiento de transformadores con PCB’s
cuando están cerca de instituciones dedicadas a la salud?
Considerando que a pocos metros de la subestación Agronomía se
encuentran el Instituto de Oncología Ángel Roffo y el Centro de
Diagnóstico de Medicina Nuclear.
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Aunque no esté en la norma el sentido común indica que no debe
estar allí por eso creo que hay que trasladar la subestación
Agronomía.
Si
estos transformadores se incendian o explotan, el PCB se transforma
en dioxina, la sustancia más dañina que se conoce, cinco millones
de veces más tóxica que el cianuro. Por este motivo desde el 2003
la Asociación de Vecinos de Agronomía (A.V.A.) comenzó la
convocatoria de ONG’s, gremios, asociaciones defensoras del
consumidor y vecinos para discutir la amenaza que aún los preocupa:
el PCB en el barrio. Gracias a la presión social y a las cartas
enviadas al Gobierno de la Ciudad y al Congreso de la Nación, los
miembros de la organización lograron la reglamentación de la ley
760. Sin embargo, no lograron que se cumpla.
El
presidente de AVA, Enrique Jorge, explica: "Como el PCB es
tóxico, la empresa no quiere hacerse cargo de trasladarlo, porque
cualquier derrame sería perjudicial para la salud del hombre y los
animales. Además, todo lo que se lleven debe ser procesado para su
eliminación y eso tiene un costo muy elevado, creo que es de seis
dólares el kilo", y reflexiona: "La ley está, pero no
hay inspectores; hace falta una policía ambiental que controle y
labre multas". Entonces, a pocas semanas de presentada la
denuncia por parte del diputado Cantero no queda más que esperar
que el Gobierno porteño reaccione ante la falta de concientización
de la empresa privada que factura 2 mil millones de pesos anuales
gracias a una concesión estatal, pero no cumple con las medidas de
seguridad que exige la legislación de la Ciudad.
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