Urbanización de los terrenos ferroviarios

¿Cómo continúa esta historia?

Luego de 7 meses de trabajos realizados por la empresa estatal A.U.S.A., está por culminar la primera etapa de la urbanización de los terrenos ferroviarios de la estación Pueyrredón que, esencialmente, consiste en la construcción de una calle nueva que une Artigas con Terrada; además de la apertura y conexión de las calles San Alberto y Bolivia; y de Franco y Condarco.

La próxima etapa, que será llevada a cabo por una empresa contratista, comprende el parquizado y la construcción del sector deportivo (cancha de fútbol y basquet), la plaza y las obras correspondientes al Pasaje Ferroviario (calle que une Terrada con Nazca, paralela a la vía).

Precisamente, en este lugar, se presenta un inconveniente que necesita una solución adecuada que preserve los derechos de todos los vecinos involucrados.

Para unir la arteria nueva con la calle Terrada la obra prevé la demolición de una de las casas que está sobre el pasaje Ferroviario (ver plano), pero hasta la fecha la familia que vive en ese lugar no ha recibido comunicación alguna del Gobierno de la Ciudad.

¿Cómo continua esta historia? No lo sabemos.

La ley marco para realizar este emprendimiento entre la Nación y la Ciudad fue aprobada el 16 de octubre de 2003; el convenio de transferencia del predio de la Nación a la Ciudad fue firmado el 16 de noviembre de 2005 y las obras comenzaron en marzo de 2007.

Previamente, en septiembre de 2003, en la Escuela Nº 22 "Rep. de Nicaragua", el Jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra, y el Ministro de Planeamiento de la Nación, Julio De Vido, firmaron un compromiso para llevar a cabo el emprendimiento.

El convenio firmado, en su cláusula séptima, establece que los predios que se encuentren ocupados en legal forma por familias de escasos recursos y/o empleados o ex empleados ferroviarios, el Gobierno porteño deberá dar a los ocupantes una solución habitacional adecuada.

Las casas del pasaje Ferroviario están habitadas por ex empleados del ferrocarril (en algunos casos por familiares) y son propiedad del Estado Nacional. El inmueble que debe demolerse está habitado desde hace 14 años por una familia integrada por una mamá y sus dos hijos, de 7 y 16 años de edad.

Es inconcebible e irracional que después de 4 años este tema no esté resuelto. Y sería mucho peor si la solución es dejar una familia en la calle. Ningún emprendimiento u obra, por más importante que sea, puede violar el principio constitucional del derecho a una vivienda digna.

Por Ignacio Di Toma Mues