Explotación laboral

El Gobierno porteño denunció a la empresa Cheeky

El martes 16 de enero, en el microcine del Palacio Municipal, el Ministro de Producción de la Ciudad de Buenos Aires, Enrique Rodríguez, la Defensora del Pueblo, Alicia Pierini, el Subsecretario de Trabajo, Ariel Lieutier y el representante de la Unión de Trabajadores Costureros, Gustavo Vera, dieron una conferencia de prensa para denunciar a talleres vinculados directamente con la fábrica de ropa de niños Cheeky.

La denuncia contra Cheeky fue realizada por la cooperativa La Alameda ante la Defensoría del Pueblo porteña y, luego de las pruebas aportadas por el Ministerio de Producción de la ciudad, la Procuración General porteña la presentó ante la justicia. La misma abarca varias irregularidades cometida por la empresa: violación de normas laborales y de migraciones, explotación de menores de edad, tráfico de prendas desde China y utilización de trabajadores en negro.

Enrique Rodríguez, Ministro de producción, explicó durante la conferencia de prensa que “las investigaciones realizadas ponen de manifiesto que existe un sistema productivo en la industria textil, basado en el trabajo esclavo, clandestino y en negro que tenemos que combatir”.

Alicia Pierini, titular de la Defensoría del Pueblo, destacó que “la Defensoría fue recabando los testimonios de quienes estuvieron reducidos a la esclavitud. El trabajo en conjunto de distintas reparticiones del estado impulsa una política clara contra este tipo de trabajo”.

A su vez, Gustavo Vera, representante de la cooperativa La Alameda y de la Unión de Trabajadores Costureros afirmó: “existe pruebas contundentes contra la firma Cheeky avaladas por testimonios brindados por los costureros y por proveedores que dan cuenta que existe violación de los derechos humanos y trafico de personas”.

En declaraciones hechas a la prensa, varios trabajadores de estos talleres dijeron que el régimen laboral era de 18 horas diarias con una paga de 10 centavos por prenda. A su vez explicaron que el tallerista que los contrata recibe por esa misma prenda un peso y se vende en los locales comerciales a 40 pesos.

Los obreros textiles, muchos de ellos indocumentados de origen boliviano, además de trabajar en negro: viven, comen y duermen con sus hijos dentro de los propios establecimientos.