La Buenos Aires sin techo

Por Martina Noailles, Para la Cooperativa de Editores de Publicaciones E.B.C.

Más familias desalojadas, más hombres y mujeres viviendo en la calle, villas y asentamientos cada vez más grandes. Así es la ciudad en emergencia habitacional que gobernará Macri en los próximos años. Un mapa de la situación.

"Te tengo una primicia: mañana a la mañana hay un desalojo en Bolívar al 600", me anuncian por teléfono. ¿Una primicia?, me pregunto mientras un sinfín de imágenes -cotidianas en mi barrio sureño- rebotan por mis ojos: decenas de agentes policiales, pibes descalzos, patrulleros, colchones, camiones antidisturbios, llantos, nervios, más policías, vallas, mesas destartaladas, miradas que no miran, otras que sí controlan, palos que reprimen... Un desalojo no es primicia, pienso. Mucho menos noticia, en una ciudad en la que por día decenas de familias hacinadas deben abandonar el techo que los protege del frío aunque no del desamparo.

Casas tomadas, villas, conventillos, asentamientos, hoteles que apestan o la calle. Esos son algunos de los rincones en el que día a día sobreviven unas 500 mil personas en la ciudad, situación que sin una verdadera política pública seguirá empeorando mes a mes. Así lo anuncian las frías estadísticas desarrolladas por distintos organismos porteños. Y así se ve con tan sólo mirar más allá de las propias narices.

Pero parece que en la Legislatura porteña las narices de algunos son muy grandes -no por mentirosos, o no esta vez-. Hace semanas se trató en el recinto la prórroga por tres años de la Ley de Emergencia Habitacional (ley 1408), vigente desde julio de 2004. El proyecto presentado por la diputada Sandra Bergenfeld fue aprobado pero con algunas modificaciones. "El Frente para la Victoria peleó para que a través de la ley se suspendan todos los desalojos pero el macrismo se opuso y se eliminó el artículo. La norma impide que haya desalojos en las tierras que administra el Onabe -Gobierno nacional- y en los inmuebles que pertenecen al Gobierno porteño", explicó la legisladora. En los argumentos de la extensión del plazo se sostiene que las medidas tomadas por el Poder Ejecutivo "no han sido lo suficientemente contundentes como para paliar esta problemática que se ha multiplicado exponencialmente".

Los desalojos que el Pro, a unos días de gobernar la Ciudad, no quiere frenar dejarán en la calle a unas 2.300 familias en los próximos meses. Este dato surge de un análisis que realizó la Defensoría del Pueblo porteña sobre la base de informes de la Justicia –que da la orden de desalojar- y del Ministerio de Derechos Humanos y Sociales.

Para la mayoría de las organizaciones que pelean por una vivienda digna, la Ley de Emergencia no es la solución. "Esta ley es un cascarón vacío. Una de los puntos que debería incluir, por ejemplo, es un padrón de las propiedades de la Ciudad que se puedan poner a disposición de las políticas habitacionales. Pero seguimos en la misma, no hay una política de fondo ni a nivel nacional ni de la Ciudad", se queja Jorge Abasto, miembro de la Coordinadora de Inquilinos de Buenos Aires (CIBA).

La realidad demuestra que, a pesar de la ley que puso en emergencia habitacional al territorio porteño durante los últimos tres años, nada ha mejorado. Es más, todo está peor. En 2004 se calculaba en 250 mil las personas que se encontraban en una pésima situación habitacional. Hoy, ese número se ha duplicado.

Algunos factores acompañaron la evidente falta de acciones concretas para paliar la crisis. Desde 2001 a la actualidad el aumento especulativo del precio de las propiedades empujó hacia arriba el costo de los alquileres, haciéndolo inaccesible para muchas familias que debieron buscar un lugar donde vivir. Una casilla en la villa, una casa tomada o la vivienda de un familiar en la que terminan durmiendo seis en una habitación son las paupérrimas alternativas.

Esta "burbuja inmobiliaria" fue una de las causas que provocó el alza de casas tomadas y, por ende, de desalojos judiciales, los que pasaron de 12.438 en todo el 2006 -es decir, 34 por día- a 11.400 entre enero y mayo de 2007, lo que implica 74 personas por día, más del doble que el año pasado.

Estas familias desalojadas quedan, según el informe de la Defensoría, "sin ningún tipo de tutela estatal, toda vez que los recursos del Programa de Atención a Familias en Situación de Calle ya se encuentran agotados y no se han girado nuevas partidas que aseguren esta mínima asistencia". El presupuesto asignado a este programa para este año fue de 12 millones de pesos. En agosto, el área ya había ejecutado el 92,38 por ciento del total, o sea 11.085.389 pesos, por lo que el presupuesto disponible "no cubre siquiera la asistencia a las familias que ya están en situación de desalojo y mucho menos a aquellos grupos que quedarán en emergencia en los próximos meses", continúa el documento de la Defensoría.

"Como siempre la Ciudad no tiene donde realojar a la gente que es desalojada, entonces sólo se le otorga un subsidio por seis meses, lo que les implica volver a la calle apenas se termina. Por eso es necesario una política más profunda", opina Bergenfeld, quien desde el 10 de diciembre presidirá la Auditoría de la Ciudad de Buenos desde donde, asegura, controlará de cerca los pasos de Macri y su gente en el área de vivienda.

Al igual que los desalojos, el número de hombres y mujeres que viven en la calle tampoco decreció en la ciudad. Por el contrario, según un relevamiento hecho por el propio Gobierno porteño a través del programa Buenos Aires Presente (BAP), la cantidad se incrementó un 30 por ciento con respecto a un año atrás. Entre la noche del lunes 5 y la madrugada del martes 6 de noviembre se contabilizaron 1029 personas mientras que en 2006 se habían registrado 793 personas y en 2002, punto máximo de la crisis socioeconómica, fueron 1124. El microcentro, los alrededores de Retiro y Constitución y los barrios de Monserrat, Congreso, Once y San Cristóbal siguen siendo las zonas donde más personas pasan día y noche a la intemperie.

"El macrismo no va a dejar a la gente en la calle –aseguró días atrás el diputado Pro Jorge Enríquez-. Vamos a ofrecer créditos con baja tasa y a desarrollar un plan de urbanización y erradicación de villas de emergencia". Ese es el plan que se viene.

La crisis en números

• 150 mil personas viven en villas de emergencia
• 200 mil ocupan inmuebles tomados
• 70 mil viven en inquilinatos
• 70 mil residen en hospedajes o alojamientos
• 120 mil están alojadas en viviendas de familiares, habitaciones rentadas o hacinadas en vivienda propia.
• 793 viven en la calle
• 20 por ciento de los habitantes de la Ciudad son, entonces, los que sufren la violación del derecho constitucional de una vivienda digna.