Residuos peligrosos bajo control

Después de 10 años de autonomía, la Legislatura aprobó una ley para que la Ciudad de Buenos Aires conozca y controle los residuos peligrosos que se producen, circulan y reciben tratamiento en su territorio. Importancia y puntos flojos de la nueva norma.

Por Martina Noailles,
para la Cooperativa de Editores de Publicaciones EBC

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Hasta el día de hoy, los porteños no tienen control sobre los residuos con los que las industrias pueden contaminar el agua, la tierra y el aire de la ciudad. Hasta el día de hoy, la producción, el transporte, el tratamiento y la disposición final de la basura peligrosa de su territorio sólo están regulados por una ley nacional, la 24.051. Si bien ya pasaron 10 años desde que la Ciudad declaró su autonomía, aún queda mucho por andar en el camino de la profundización de una soberanía con todas las letras. En ese sentido, y tal como lo han hecho otras provincias y jurisdicciones, la Legislatura aprobó en diciembre su propia ley sobre Residuos Peligrosos que, para ser efectiva, espera ser promulgada por el jefe de Gobierno Jorge Telerman. Cuando esto ocurra, la Ciudad de Buenos Aires dejará de ser uno de los pocos distritos populosos del mundo que no controla su basura.

La norma le permitirá a la Ciudad tener conocimiento y ejercer control sobre lo que ocurre con esos desechos ya que ordena al Poder Ejecutivo porteño elaborar un Plan Local de Gestión y crear un Registro de Generadores, Operadores y Transportistas de residuos peligrosos, de inscripción obligatoria y a renovarse cada dos años. A la vez, impone fuertes sanciones a quienes no cumplan las exigencias, desde la aplicación de multas hasta la clausura definitiva de los establecimientos que no estén en regla.

Si bien es difícil aspirar a que la industria produzca sin residuos, lo ideal es que la producción se realice sin contaminar a la naturaleza y a todos los seres vivos. Existe una gran variedad de residuos peligrosos generados por la industria manufacturera que presentan diversos niveles de peligrosidad, en función de sus características de corrosividad, reactividad, explosividad, inflamabilidad y toxicidad. En esta ley, quedan contempladas dos categorías: los de origen industrial como plomo, mercurio, cianuro, cadmio, hidrocarburos aromáticos, dioxinas y plaguicidas, y los derivados de tratamientos agronómicos y tecnológicos que también pueden llegar a ser contaminantes del ambiente.

Actualmente, en la zona se están generando por día unos 500 mil metros cúbicos de afluentes líquidos que, salvo un 20 o 30 por ciento, son volcados sin ningún tipo de tratamiento a cursos hídricos, y a conductos cloacales y pluviales. En el caso de los conductos, éstos no son tratados por los entes prestadores de los servicios y son volcados directamente a diversos cursos hídricos, fundamentalmente al Río de la Plata. En cuanto a los residuos sólidos tóxicos, no son aceptados por el CEAMSE y por lo tanto se desconoce cómo son manejados por el sector industrial y dónde son volcados.

Por todo esto, queda claro la urgencia de tomar medidas que establezcan que estos residuos no deben ser liberados al ambiente y que necesariamente deben ser incorporados, planificados e internalizados en los costos de producción de los distintos agentes.

"La ley implicará un control efectivo de nuestra parte, algo que antes no podíamos realizar por no ser autoridad de aplicación", subraya Horacio Walter, director de Política y Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente porteño, área que estará a cargo de la reglamentación de la norma, una vez promulgada por Telerman. Según el funcionario, este último paso no tardará en llegar ya que el Ejecutivo "está interesado" en que salga e, incluso, fue quien presentó uno de los proyectos en los que se basó la ley finalmente aprobada.

Las otras dos iniciativas provinieron de los legisladores Mirta Onega (Columna Social) y Alejandro Rabinovich (ARI), quien coincide en la importancia de esta norma: "Su aprobación e implementación es urgente y necesaria. Es imprescindible adoptar medidas destinadas a prevenir eventuales daños, que impulsen el reciclado, la reutilización de los residuos y la promoción de industrias más limpias".

La Defensoría del Pueblo de la Ciudad es uno de los entes que viene alertando sobre la necesidad de un mayor control. "Nosotros no hacemos verificaciones. Pero a veces, a través de una denuncia puntual vemos una irregularidad más amplia. Por ejemplo, un vecino se queja de que una empresa genera olores o ruidos molestos y al investigar, comprobamos que no están inscriptos en el registro como generadores de residuos", asegura Alberto Michi de la oficina de Gestión Urbana de la Defensoría, y deja abierta la puerta a la espera de la implementación de la norma: "Hay que ver cómo se lleva a cabo. Generadores, transportistas y quienes realizan el tratamiento tienen que trabajar al unísono. Es una cadena y todos deben cumplir si no, no sirve".

Para Nicolás Schifman, miembro de la campaña contra la contaminación que promueve Greenpeace, la normativa "es necesaria" aunque este tipo de leyes "son dificultosas porque a cada uno de los residuos se los maneja distinto. Para algunos no hay tratamientos, para otros hay rellenos especiales, para otros aún no se sabe..."

Quizás por ese motivo, la ley no contempla a los residuos sólidos urbanos entre los cuales el más conocido por su contaminación son las pilas. "No es cierto que los residuos sólidos urbanos (la basura de tu casa y la mía) no sean peligrosos. Tres millones de personas tirando pilas, pinturas, envases de insecticidas y cosas semejantes, suman mucha más contaminación que las de muchas fábricas. El problema es que esto no entra en el negocio de las plantas tratadoras de residuos industriales", alerta un especialista en medio ambiente y ex defensor del Pueblo, Antonio Elio Brailovsky.

El presidente de la Comisión de Ecología de la Legislatura, Juan Manuel Velasco (ARI-Iniciativa Verde) sostiene que el tema de las pilas y de otros residuos domiciliarios peligrosos "habrá que estudiarlo ya que todavía no está claro cómo tratarlos y que sea eficiente. Queremos que para la gente sea fácil cumplirlo, para no caer en una legislación que no se pueda cumplir".