La basura, el bien más codiciado

Audiencia pública para discutir el proyecto
del ejecutivo porteño

Durante el mes de septiembre se llevaron a cabo en la Legislatura porteña una serie de reuniones - que culminaron con una Audiencia Pública - a fin de que vecinos de la ciudad; funcionarios (y ex funcionarios); legisladores; cooperativas de cartoneros y ONGs, debatieran y expusieran sus observaciones frente al proyecto de ley macrista que propone otorgar la concesión del Servicio Público de Higiene Urbana de la Ciudad por un plazo de diez años. El pago por tonelada fue uno de los puntos más discutidos; sin embargo en las distintas reuniones se planteó otra cuestión que causó más revuelo aún: licitar o no el servicio de recolección diferenciada, ¿quién es el propietario del cartón?

Por Luciana Aghazarian, para la Cooperativa EBC

Los lineamientos claves del proyecto de ley oficial se vuelcan, principalmente, hacia un mayor control e incentivo de las empresas recolectoras; recolección y reciclado de los residuos secos exclusivamente a cargo de los cartoneros, y contenedores para los residuos húmedos en toda la city porteña. La idea del gobierno de la ciudad es firmar contratos a largo plazo –de 10 años- con las prestadoras del servicio a fin de "fomentar un mayor compromiso para que transformen la ciudad con inversión en nuevos procesos de limpieza". Para ello se les volverá a pagar por tonelada y en vez de seis zonas (una de ellas servida por el estado), como sucede actualmente, la capital estará dividida en cuatro: tres se licitarán y otra quedará en manos del gobierno como zona testigo. De esta manera con la cantidad de empresas se reducirá a la mitad.

Por otra parte, se implementará un control de acuerdo a un índice de calidad que se desdoblará en objetivos respecto del cumplimiento del servicio y la limpieza. Para éste cometido se medirá en primer término, el grado de limpieza que tiene la ciudad a las 8 de la mañana y luego en distintos momentos del día. Este índice afectará directamente la rentabilidad de las empresas.

Según expresó el Ministro de Ambiente y Espacio Público porteño Juan Pablo Piccardo, los recolectores privados no competirán con los recuperadores urbanos: los residuos secos separados en origen estarán a cargo de los cartoneros, la empresas sólo recolectarán los residuos húmedos que serán colocados en contenedores – se retirarán los contenedores de residuos secos implementados en la era Telerman -.

Además, se está comenzando a efectivizar un plan para organizar tanto a las cooperativas como a los cartoneros independientes en una alianza con el ejecutivo porteño, el que les proveerá de la logística necesaria para el transporte de los materiales reciclables y construirá los centros verdes que faltan. Estos puntos, sellados en un acuerdo firmado el 7 de julio último entre el Ministerio de Ambiente y varias organizaciones cartoneras, no se contemplarán dentro del pliego de licitación, ya que, justamente, la promesa es estatizar el servicio de recolección diferenciada.

Con el objetivo de que vecinos; organizaciones ambientalistas, sociales y sindicales; cartoneros; legisladores; representantes de organismos de control; funcionarios, así como ex funcionarios, pudieran expresar su perspectiva respecto del proyecto macrista, el mismo se sometió a Audiencia Pública en la Legislatura porteña. Más de ochenta expositores ofrecieron sus opiniones y, entre los fuertes detractores del proyecto oficial, se mostraron –con sus respectivos proyectos de ley- la organización Greenpeace y los diputados del Frente Para la Victoria Juan Cabandié y Gabriela Cerruti.

La propuesta de Greenpeace, fundamentalmente, hace hincapié en que perpetuar por diez años un sistema de recolección y entierro masivo de residuos urbanos en rellenos sanitarios; el pago por tonelada a las empresas privadas y la no inclusión del servicio de recolección diferenciada ni de un sistema de reciclado o recuperación en el pliego, se contradicen con el cumplimiento de la Ley Basura Cero.

La ong ambientalista propone, en su proyecto de ley, que deberá incluirse en el pliego la recolección de materiales y residuos secos de los grandes generadores y su transporte a Centros de Selección y que el gobierno de la Ciudad podrá asumir este servicio de manera progresiva hasta un máximo del 60% de cada una de las zonas.

En cuanto a la recolección diferenciada en contenedores, que también deberá estar en la licitación, el gobierno podrá asumir este servicio hasta un máximo del 40 %. A su vez establece que los servicios asumidos por el estado serán otorgados como adjudicación directa a organizaciones dedicadas a la recuperación de materiales reciclables, en base a una propuesta presentada formalmente y que será sometida a los mismos controles que el resto de los servicios; y que el material recuperado será de propiedad del gobierno, quien por si o a través de cooperativas de recicladores urbanos procederá a su venta.

Si el proyecto de Greenpeace causó descontento entre los cartoneros, el malestar creció con la propuesta de Juan Cabandié y Gabriela Cerruti, que tiene como fundamento principal la idea de que el material recuperado a partir de la recolección diferenciada, sea propiedad de las empresas concesionarias "a fin de solventar una parte de los mayores costos derivados del sistema y como forma de lograr un compromiso pleno de las empresas con su implementación".

Dice el proyecto de los diputados del Frente Para la Victoria: "En función de formalizar a los recuperadores urbanos se alienta a que se los integre como cooperativas en UTE con las empresas, y además se condiciona a las empresas para que incorporen la mayor cantidad de recuperadores urbanos a su plantel de personal para realizar la recolección diferenciada u otra prestación que les asignen las empresas prestatarias del Servicio de Higiene Urbana".

Acrecentó la tensión, también, las declaraciones en contra del proyecto macrista por parte de ex funcionarios como Marcelo Vensentini -ex Ministro de Medio Ambiente de Telerman y subsecretario del área con Ibarra, e integrante de la Fundación Ambiente-.

El ex funcionario aseguró: "Plantear una concesión a diez años sin aplicar la Ley de Basura Cero, es simplemente transferir al sector privado 10 mil millones de pesos, en los próximos diez años. Para lavar la vereda y para contratar camiones, no hace falta tanta plata. Para cumplir con la Ley del Basura Cero hace falta esa plata y quizás más" y más adelante agregó: "cómo se incentiva –aplicando la Ley de Basura Cero– la separación y el reciclado. ¿Cómo se incentiva esto? En todas las reuniones, no ha habido nadie –salvo el señor Ministro– que haya dicho que estaba bien pagar por tonelada... ¿Cuál es el incentivo que requiere este sistema? Paguemos por lo que se recupera y si queremos más incentivos, pongamos un tope, una meta anual, y démosle un plus a aquel que recupera por encima de la meta. Esto es un incentivo"

Alicia Montoya de la Cooperativa El Álamo, en el salón dorado de la legislatura porteña, descargó: "Algunos no tienen altura moral para siquiera decir referirse al recuperador urbano. Y son justamente los que fueron del Estado y nos excluyeron durante años. Vale recordar que el pliego que está venciendo tenía la indicación de que cada empresa de higiene urbana debía construir un centro verde para que fuera gestionado por, al menos, cinco cooperativas de recuperadores urbanos. Como siempre, los hechos son más contundentes que las palabras. Las gestiones anteriores, con alguna honrosa excepción de breve paso, se caracterizaron por ‘hacer como’. Hablar de recuperación, hablar de inclusión y no hacer absolutamente nada", y remató: "Nuestra posición es exclusión de los reciclables de este pliego, porque no queremos seguir transfiriendo la plata que debería llegar a nuestro sector, a las manos de las grandes empresas".

Por su parte, Juan Grabois, del Movimiento de Trabajadores Excluidos, agregó: "ni un peso más del Estado para pagarle a las empresas por un trabajo que ellas no realizan y que sí hacen los cartoneros".

Trás la Audiencia, en el mes de octubre, las comisiones de Obras y Servicios Públicos, Ecología y Presupuesto, en forma conjunta, comenzaron a debatir las distintas propuestas y proyectos presentados. Debate que, confirmaron desde fuentes de la Legislatura, puede durar hasta fin de este año.