La Legislatura regula su aplicación

Derecho de admisión en escuelas privadas porteñas

La Legislatura transformó en ley el proyecto que regula el derecho de admisión de alumnos en escuelas de gestión privada incorporadas en todos sus niveles a la enseñanza oficial, cuyos autores fueron el diputado del Frente para la Victoria, Pablo Failde, y la legisladora del PRO, Verónica Gómez Morales.

Esta iniciativa nace a raíz de la cantidad de denuncias recibidas por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad y tiene como fin impedir que se cometan arbitrariedades con el uso del “derecho de admisión” de alumnos en las instituciones privadas.

La norma fija que cuando se niegue la matriculación a un alumno, o la rematriculación para el año siguiente, la institución deberá fundamentar su resolución por escrito y notificarla fehacientemente antes del 31 de octubre del año anterior al ciclo lectivo requerido; además de establecer que la causa que aleguen las instituciones educativas para negar la inscripción o reinscripción, deberá justificarse en criterios razonables y expresando las razones y los fundamentos de la decisión adoptada.

El Ministerio de Educación será la repartición encargada de velar por el cumplimiento de la ley y aplicar las sanciones que correspondan: apercibimiento; multa en caso de reiteración; suspensión de la incorporación a la enseñanza oficial y exclusión de dicho régimen. La nómina de entidades sancionadas se publicarán en el sitio web del Ministerio de Educación.

El legislador de la Coalición Cívica, y Presidente de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, Enrique Olivera, declaró a la agencia oficial Telam, que en este tema conflictivo “se llegó a una propuesta equilibrada que impide la discriminación sin afectar los derechos de las escuelas privadas".

Por su parte Failde explicó que "resultaba necesario predicar con el ejemplo los valores y los principios consagrados por la Constitución, a través de una regulación clara del derecho de admisión en los establecimientos educativos privados" que es fundamental "establecer un mecanismo transparente para la matriculación de los chicos, donde el único motivo por el cual no sean inscriptos sea por falta de matricula y no por motivos discrecionales o discriminatorios por parte de directivos o autoridades de las escuelas".