Presupuesto Participativo

Destrucción de la única herramienta
participativa de los porteños

El programa lanzado con bombos y platillos nunca se hizo ley y, así, quedó librado a los avatares de los gobiernos de turno. Aquí el proceso de destrucción del único instrumento participativo de la ciudadanía porteña. Una historia en la que el lobby político y las promesas incumplidas fueron los protagonistas. Mientras, la resignación por parte de los vecinos se evidencia cada vez con más fuerza. ¿Alguien se enteró que ya se votaron las prioridades presupuestarias para el 2009?

Por Luciana Aghazaria

Nació en el 2002 como una herramienta para garantizar una mayor "democracia participativa", bajo la jefatura de gobierno de Aníbal Ibarra. Entusiasmados con la idea gran cantidad de vecinos y organizaciones barriales se hicieron eco de la propuesta y, respetando las reglas del Presupuesto Participativo que determinaba la elección de consejeros y la concentración de los proyectos en núcleos temáticos, asistieron a todas las reuniones y asambleas a fin de hacer uso de este instrumento político en el que veían una forma de hacerse escuchar.

El tiempo fue transcurriendo y los resultados demostraron estar lejos de lo prometido por el ejecutivo porteño. El programa lanzado con bombos y platillos –contemplado en el Artículo 52 de la Constitución y en la Ley N° 70 de Sistemas de Gestión, Administración Financiera y Control del Sector Público- nunca se hizo ley, lo que determinó que quedase librado a los avatares de cada gobierno de turno.

El Presupuesto Participativo, se supone, se trata de un determinado presupuesto –el mismo para cada comuna- que se somete a la decisión de la población, la que determina cuáles son las prioridades en las que gastar estos recursos, donde y cuando realizar las inversiones y cuáles son los planes y acciones que debe llevar a cabo el gobierno, por intermedio de un proceso de debates y consultas.

Se comenzó a implementar en la ciudad de Buenos Aires a partir de la experiencia de Porto Alegre, Brasil, donde se evidenció la superación de las dificultades que trae aparejados la concentración de poder, el despilfarro y la corrupción.

Sin embargo, al igual que con la tan relegada Ley de Comunas, los distintos gobiernos se encargaron de desincentivar el uso de esta herramienta para que hoy, y desde ya hace varios años, la votación sea poco representativa de las verdaderas necesidades ciudadanas. Un ejemplo: en septiembre de 2006 el Ministro de Gestión Pública y Descentralización de Jorge Telerman, Roy Cortina, no tuvo reparos en imponer ante todos los consejeros barriales la suspensión del Programa hasta el 2007, a fin de adaptarlo a la Ley 1777 –Ley de Comunas-. Así, conformó un "Comité Cogestivo" integrado por funcionarios del Ministerio, que dejó sin efecto a los Consejos Vecinales, quienes habían trabajado durante todo el año elaborando proyectos y determinando prioridades.

Según declaró en su momento el Ministro, en el 2007 se concretarían las obras que habían sido postergadas desde el 2002. La respuesta por parte de los vecinos no se hizo esperar: "El Ministro nos usó y después nos hizo a un lado", se quejó, en ese entonces, Yolanda Ortiz del área barrial 3 del Centro de Gestión y Participación Comunal 11.

De esta manera, el proceso de transición se transformó en la paralización del único instrumento de intervención presupuestaria por parte de los ciudadanos en pos de reorganizar y trazar el camino hacia las futuras comunas, a partir de las cuales paradójicamente lo que se promueve es una mayor descentralización y participación ciudadana, que, claro está, no fue, no es, ni parece que será la prioridad de ningún jefe de gobierno porteño.

La falta de respuestas y el desamparo repentino generó tensiones, desconfianza y un espíritu de resignación. "Venís a la reunión, dejás a tu familia, perdés tu tiempo y al final no sirve para nada. Entonces, hay mucha gente que no vino más a las reuniones", aseguró, en su momento, Daniel Galeota, consejero del área barrial 4 del CGP Comunal 11.

Lo cierto es que adaptado o no a la ley de Comunas, ni el Presupuesto Participativo ni la misma ley fueron materializadas como una opción en pos de poner en práctica la voluntad de la ciudadanía. De esta manera, los diferentes gobiernos lograron lo que se propusieron: el descrédito y la cada vez más deteriorada y escasa participación.

La nula difusión por parte del gobierno de Macri de la votación del presupuesto a ejecutarse el año que viene es otra prueba de ello. ¿Alguien se enteró de que ya se votaron las prioridades presupuestarias del 2009? Se votó desde el 5 al 12 de septiembre en forma presencial en todos los Centros de Gestión y Participación Comunales y vía Internet.

Un pequeño detalle: la página Web no funcionó sino hasta el mismo 12 de septiembre; otro detalle: ya no se puede acceder a la página, con lo cual no pueden verse los resultados finales de la votación. Tampoco el gobierno PRO se encargó de difundirlos por otra vía sino, por el contrario, desde un comienzo no hizo más que entorpecer el camino. Datos contradictorios acerca de dónde, cómo y cuándo votar en la Web se hicieron evidentes en esta llamada "participación democrática".

Una contradicción más entre lo que se promulga y lo que verdaderamente se ejecuta es lo sucedido con la Escuela Media Nº 2 de Villa Pueyrredón (ubicada en José Cubas y Zamudio): hace 16 meses que la segunda etapa de la obra -correspondiente a la construcción de un gimnasio, un patio interior, vestuarios, dos laboratorios, una biblioteca y dos aulas- está paralizada ¿Por qué? La empresa que llevaba adelante las obras rescindió el contrato -generado durante la administración Telerman- a principios de este año por falta de pago.

Como contratara se llamó a licitación para la reparación de la Plaza Martín Rodríguez (ubicada entre las calles Pareja, Habana, Helguera y Argerich) y la Plaza Nunca Más (en Cabezón y Bolivia). Estas obras no fueron solicitadas como prioritarias a través de ninguna de las etapas del Presupuesto Participativo y, sin embargo, para tal fin el gobierno de Macri desembolsará 5 millones de pesos.

Los hechos comprueban que desde sus orígenes el Presupuesto Participativo no ha sido más que una fachada política en el que el lobby y las promesas incumplidas fueron los protagonistas. Y es justo decir que ni Ibarra ni Telerman ni Macri cedieron una parte de ese poder que ganaron gracias al voto de los vecinos para cumplir con esta "herramienta participativa" que terminó por desilusionar a la ciudadanía, la que ya no se molesta más en opinar, sugerir, manifestarse ni mucho menos en asistir a las urnas.