Polémica por el tratamiento del PCB en la subestación Agronomía

"Edenor viola normas de seguridad"

aseguró el diputado Cantero

El diputado porteño Fernando Cantero denunció ante la Fiscalía Ambiental a la empresa Edenor S.A. por irregularidades en el tratamiento de transformadores con PCB’s en la subestación Agronomía. El legislador y vecino de la zona confirma a El barrio Villa Pueyrredón: "Desde la Legislatura puedo impulsar el cierre o la erradicación de la subestación". Enrique Jorge -presidente de la Asociación de Vecinos de Agronomía (A.V.A.) y uno de los mayores impulsores de la reglamentación de la ley de residuos peligrosos que regula el tratamiento del PCB en la Ciudad- asegura que "no hay inspectores y hace falta una policía ambiental".

Por Luciana Aghazarian

El Policloruro de bifenilo (PCB) es un compuesto químico formado por cloro, carbono e hidrógeno, que está considerado -según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)- como uno de los doce contaminantes más nocivos. Debido a su gran estabilidad térmica biológica y química, así como por su elevada constante dieléctrica, los PCB’s se usaron masivamente hasta mediados de 1970 como aislantes para equipos eléctricos como transformadores, interruptores, capacitores y termostatos. Su uso actualmente está prohibido en casi todo el mundo. En la Argentina, la Ley 25.670 de protección ambiental para la gestión y eliminación de PCB define que el nivel mínimo que debe contener una mezcla para considerarse contaminada por PCB es de 50 partes por millón y establece el año 2010 como último plazo para su eliminación total. No obstante, en la Ciudad de Buenos Aires la ley 760 es más estricta y determina que aquellos transformadores de energía que contengan PCB en una concentración superior a las 500 partes por millón debían ser eliminados antes de 2005.

En nuestro país todavía se encuentran transformadores de baja y media tensión que contienen aceite refrigerante de PCB y incumplimiento de un correcto mantenimiento puede producir pérdida de aceite, recalentamiento o, incluso, la explosión del transformador. Cualquiera fuese la forma de liberación del aditivo con PCB, lo que causa es la contaminación del suelo, las napas y el agua. Un dato peor aún: los bifenilos policlorados pueden ingresar en el cuerpo a través del contacto de la piel, por la inhalación de vapores o por la ingestión de los alimentos que contengan residuos del compuesto; la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera a este refrigerante "muy contaminante" y varios estudios lo consideran altamente cancerígeno.

Más de siete decenas de transformadores que fueron sacados de circulación por Edenor se encuentran en uno de sus centros de abastecimiento ubicado en avenida Beiró y Nazca, supuestamente, bajo "estrictas medidas de seguridad". Sin embargo, el diputado porteño Fernando Cantero –quien es vecino de la zona y hace años que investiga el tema- advirtió que estas medidas no están siendo cumplidas y denunció a la empresa suministradora de electricidad ante la Fiscalía Ambiental.

- ¿Qué irregularidades se encontraron y cómo fueron detectadas?

- Fundamentalmente consta en las actas de inspección: hay una infracción a la ley 24051, por no tener registro de transformadores, ni manifiesto de retiro. Tampoco posee certificado de eximición de vuelcos, tiene varias obstrucciones de procedimiento y otras faltas de seguridad como matafuegos vencidos.

- De acuerdo a un informe de la Defensoría del Pueblo, en los lugares donde existen transformadores eléctricos con altas concentraciones de PCB -en violación a la ley 760- no reconocen la competencia de la autoridad ambiental porteña y se remiten a la ley nacional que da plazo hasta 2010 para la eliminación de transformadores con más de 500 partes por millón de PCB ¿Por qué sucede esto? ¿Es una falta de control por parte de la Ciudad o se da a causa de una legislación poco clara?

-La legislación es clara: las normas nacionales tienen supremacía y las locales no las contradicen. Con los controles sucede que la empresa al ser concesionaria del Estado nacional, muchas veces impide el procedimiento de la inspección local que también aplica las leyes nacionales.

- Edenor rechazó su denuncia aludiendo que recibe periódicas inspecciones del Gobierno de la Ciudad, del Ente Regulador y de la Secretaría de Ambiente de la Nación así como auditorías del INTI y el CONICET que concluyeron que no había contaminación y que la empresa cumple con la legislación vigente ¿Qué tiene para responder y qué puede hacer desde la legislatura frente a esta negativa?

- Edenor puede rechazar todas las denuncias que quiera. Lo que no sé es cómo va a hacer para negar lo que consta en las actas de infracción labradas por algunos de los órganos que menciona la pregunta. Puede que no haya contaminación, esto lo tendrá que comprobar la justicia, lo que sí hay es violación a leyes de seguridad. Puede que un automóvil vaya a 160 kilómetros por hora y no mate a nadie, pero el conductor no podrá aducir que actúa conforme a derecho. Edenor viola normas de seguridad que se supone que son para prevenir daños mayores; lo que indigna son las obstrucciones de procedimiento. Es una Empresa a la que el estado beneficia con concesiones para suministrar energía y cobrarse grandes ganancias y es al mismo estado al que le impide el ingreso para inspeccionar. Desde la Legislatura puedo impulsar el cierre o la erradicación de la subestación; ya he denunciado ante la fiscalía y solicitado al gobierno de la Ciudad que actúe en consecuencia. El conocimiento que tengo de las actas de infracción se debe a un pedido de informes de mi autoría aprobado por la legislatura y que se basa en los reclamos vecinales y en la preocupación de muchos trabajadores.

- ¿En la norma de residuos peligrosos no se tiene en cuenta como agravante el inadecuado tratamiento de transformadores con PCB’s cuando están cerca de instituciones dedicadas a la salud? Considerando que a pocos metros de la subestación Agronomía se encuentran el Instituto de Oncología Ángel Roffo y el Centro de Diagnóstico de Medicina Nuclear.

- Aunque no esté en la norma el sentido común indica que no debe estar allí por eso creo que hay que trasladar la subestación Agronomía.

Si estos transformadores se incendian o explotan, el PCB se transforma en dioxina, la sustancia más dañina que se conoce, cinco millones de veces más tóxica que el cianuro. Por este motivo desde el 2003 la Asociación de Vecinos de Agronomía (A.V.A.) comenzó la convocatoria de ONG’s, gremios, asociaciones defensoras del consumidor y vecinos para discutir la amenaza que aún los preocupa: el PCB en el barrio. Gracias a la presión social y a las cartas enviadas al Gobierno de la Ciudad y al Congreso de la Nación, los miembros de la organización lograron la reglamentación de la ley 760. Sin embargo, no lograron que se cumpla.

El presidente de AVA, Enrique Jorge, explica: "Como el PCB es tóxico, la empresa no quiere hacerse cargo de trasladarlo, porque cualquier derrame sería perjudicial para la salud del hombre y los animales. Además, todo lo que se lleven debe ser procesado para su eliminación y eso tiene un costo muy elevado, creo que es de seis dólares el kilo", y reflexiona: "La ley está, pero no hay inspectores; hace falta una policía ambiental que controle y labre multas". Entonces, a pocas semanas de presentada la denuncia por parte del diputado Cantero no queda más que esperar que el Gobierno porteño reaccione ante la falta de concientización de la empresa privada que factura 2 mil millones de pesos anuales gracias a una concesión estatal, pero no cumple con las medidas de seguridad que exige la legislación de la Ciudad.