Feos, sucios y malos

En el coqueto salón Dorado de la Legislatura Porteña, mojaron simbólicamente sus patas en la fuente los cartoneros. Fueron para que se oiga su voz, entre las voces de los que siempre se han creído ser los únicos con ese derecho, y para que se entienda que ellos llegaron para quedarse.

Por Ignacio Di Toma Mues

El 1º de octubre se realizó la Audiencia Pública, tal cual lo establecido por la Resolución Nº 365 - aprobada por la Legislatura el 28 de agosto - en la que se expusieron y presentaron los reclamos y observaciones al proyecto de ley por el cual se propicia que la Legislatura autorice al Poder Ejecutivo a otorgar la concesión del Servicio Público de Higiene Urbana de la Ciudad por un plazo de diez años.

Se presentaron para exponer 88 oradores, muchos en forma individual, y otros en representación de fundaciones ambientalistas; de trabajadores cartoneros y movimientos sociales. También lo hicieron legisladores; representantes de organismos públicos y organizaciones gremiales.

El proyecto elaborado por el Ministerio de Ambiente y Espacio Público plantea, entre sus puntos fundamentales, el pago por tonelada recolectada por un lado, y por zona limpia por otro; un plazo de concesión de hasta 11 años y la división de la ciudad en 4 zonas; declara que el gobierno de la ciudad conserva la propiedad de disposición y aprovechamiento económico de los residuos sólidos urbanos y que la recolección y el transporte de los residuos reciclables, separados en origen, será realizada por un sistema de gestión independiente del pliego de licitación.

El propio ministro, Juan Pablo Piccardo, explicó en la legislatura que este sistema independiente será estatal y estará a cargo de los cartoneros empadronados de acuerdo a la Ley 992; norma que ordena al Poder Ejecutivo la incorporación de los recuperadores de residuos reciclables a la recolección diferenciada en el servicio de higiene urbana.

Durante el debate, el rechazo al pago por tonelada fue contundente. Las diferencias entre las fundaciones ambientalistas y la mayoría de los trabajadores cartoneros surgieron en cuanto a la inclusión, o no, de la separación diferenciada en el pliego de licitación.

Por un lado, María Eugenia Testa, de Greenpeace, expresó su rechazo al proyecto oficial porque éste "no incluye la disposición inicial y la recolección diferenciada, dos requisitos sin los cuales, la Ciudad no podrá avanzar hacia la implementación de la ley 1854 (Basura Cero)".

Alicia Montoya, de la Cooperativa El Alamo, en cambio afirmó que "acá hay algunos que no tienen altura moral para hablar de este tema, que nos han marginado en sus gestiones anteriores. Los sectores progresistas no hicieron nada. Somos los únicos que hemos sostenido la ley de Basura Cero. El Cuidado del medio ambiente es integral, nosotros somos trabajadores que no queremos estar en este pliego, vamos a luchar por nuestros derechos" y Juan Grabois, del Movimiento de Trabajadores Excluidos, por su parte dijo que "ni un peso más del Estado para pagarle a las empresas por un trabajo que ellas no realizan y que sí hacen los cartoneros" y criticó a "los ambientalistas rentados y los políticos con fundaciones".

Estas voces, en medio del establishment político por excelencia de la ciudad, causaron escozor. La legisladora Gabriela Cerruti, del Frente para la Victoria, y ex funcionaria de Telerman, pidió la palabra (aunque no estaba entre los inscriptos para hacerlo) y le solicitó a los cartoneros que no hicieran "discursos políticos en este lugar".

La intervención de la diputada generó un mini escándalo que duró apenas unos minutos.

En comparación con lo que sucede muchas veces en las sesiones parlamentarias, el incidente puede decirse que fue solo un juego de niños. Pero los grandes medios, en especial el diario La Nación, cargaron las tintas exclusivamente sobre este hecho, en una audiencia que se extendió durante más de 7 horas, instalando la idea de las "patotas cartoneras" para el regodeo de muchos de sus lectores.

Para entender la reacción de los cartoneros bastaría con leer el proyecto de ley de la diputada Cerruti y del diputado Juan Cabandié, presentado el 25 de septiembre de 2008.

En su artículo 2º, punto 4, inciso (c) establece que: "Como estímulo para la eficiente implementación de esta modalidad (Servicio de recolección diferenciada), la propiedad del material recuperado se reconocerá a las empresas concesionarias".

De aprobarse semejante iniciativa, el cartonero desaparece o se convierte en ladrón, como cuando regía la ordenanza del intendente de la dictadura, Brigadier Cacciatore.

Lo ocurrido puede resumirse con este viejo cuento: Un negro es llevado al Coliseo Romano para que luche hasta la muerte contra un león. Previamente lo entierran dejándole solo la cabeza afuera. Como puede se las arregla para "vistear" las arremetidas del animal, hasta que, de un tarascón, le arranca los testículos al león que cae mortalmente herido. El público reacciona violentamente al grito de: "luchá limpio, negro de mierda".