Frente al dilema del riesgo que producirían las antenas de telefonía móvil

Mejor prevenir que curar

Mediante un pedido de informes, el legislador de la Coalición Cívica, Facundo Di Filippo, le solicitó al Ejecutivo porteño que de cuenta del estado general de las antenas de telefonía celular en los subterráneos de la Capital Federal. El objetivo: saber si todas están habilitadas, si han superado la evaluación de impacto ambiental y si son controladas periódicamente. El Legislador asegura que aún no obtuvo una respuesta y explica las razones de su preocupación. El ex Defensor adjunto de la ciudad y especialista en temáticas ambientales, Lic. Antonio Brailovsky, también aporta sus conclusiones.

Por Luciana Aghazarian

¿Qué son las antenas de telefonía móvil? Son emisores que reciben y envían llamadas dentro de su radio de influencia. Así, la antena absorbe y emite ondas que son generadas por lo campos electromagnéticos. Se trata de microondas que son capaces de atravesar todo tipo de objetos: muros de hormigón, paredes, edificios y, por supuesto, son absorbidas fácilmente por el cuerpo humano.

Sobre este punto el problema se plantea por la falta de acuerdo entre los científicos respecto de cuáles son los niveles perjudiciales para la salud. Existe consenso en que cerca de las antenas (en un radio de 3 a 6 metros) los niveles serían demasiado altos y dañinos para el ser humano, pudiendo producir efectos térmicos o calentamiento, en exposiciones cortas.

Entonces, ¿Qué sucede cuando una persona vive, duerme, trabaja, juega, estudia o viaja durante años cerca de una antena de telefonía móvil?

Facundo Di Filippo, legislador porteño de la Coalición Cívica, fue quien se mostró preocupado puntualmente por el caso de la instalación de antenas en los subterráneos: le solicitó al Poder Ejecutivo que le informe si todas estas antenas están habilitadas, si han superado la evaluación de impacto ambiental y si la potencia de emisión de dichas antenas son controladas periódicamente por el Gobierno de la Ciudad.

"Existen diversos estudios científicos en la Argentina y en el resto del mundo que aseguran que las antenas de telefonía celular son una fuente potencial de contaminación electromagnética. Otras investigaciones, algunas con dudosos o sospechosos fundamentos, sostienen que esas antenas son inocuas para la salud humana. Pues bien, ante esas dudas que generan trabajos científicos contrapuestos, el Estado tiene la obligación de atenerse a aquellos principios preventivos y precautorios del Derecho Ambiental, es decir, adoptar las correspondientes medidas preventivas", comienza Di Filippo refiriéndose a los dos principios incorporados a la normativa de la Ley Nacional Nº 25.675: "El preventivo refiere a que todo Gobierno tiene la obligación de prevenir el deterioro ambiental. El precautorio, estrechamente relacionado con la problemática objeto de nuestro pedido de informes, establece que el Estado no puede excusarse de tomar medidas preventivas en aquellos casos donde no existe certeza científica sobre si tal o cual actividad pueda causar daños al ambiente", explica.

El Lic. Antonio Brailovsky, ex Defensor adjunto de la ciudad y especialista en temáticas ambientales, fue quien desde su cargo público en el 2003 propulsó la inspección de las antenas en los subterráneos de la Capital Federal. Lo hizo con la colaboración del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) sin la utilización de ningún tipo de fondos, sino con la sola intención de confirmar algunas sospechas. Fue así que descubrió y, posteriormente, denunció la instalación de 138 antenas irregulares.

"Cuando las denunciamos ante el Gobierno de la Ciudad no nos dieron respuesta", se indigna Brailovsky y explica: "Los ingenieros del ITBA, además, encontraron que los niveles de radiación eran bajos porque mientras haya tanto ruido en el subte es muy incómodo usar el celular, entonces hay baja potencia. Es paradójico, pero en este caso una contaminación –la sonora- impide otra".

Cada vez que alguien utiliza el celular para realizar o recibir llamadas la potencia de la antena se magnifica; en tanto sean unos pocos los que utilicen el móvil en los subtes a causa de los ruidos que se producen allí no habría peligro alguno, porque las antenas casi no estarían siendo usadas. Ahora, si se logra resolver la problemática de la contaminación sonora en los subterráneos se daría paso a otro tipo de contaminación que causaría mayores daños tales como enfermedades cancerígenas.

"La Organización Mundial de la Salud se había comprometido a hacer estudios que determinaran el grado de riesgo que pueden provocar las antenas en los seres humanos, pero por presiones políticas no los llevó a cabo. No se trata de CTI o Movistar sino de las comunicaciones militares que utilizan las mismas ondas que las empresas. El Pentágono es el que está tratando de que no se hagan estos estudios porque para ellos es esencial este tipo de comunicaciones", asegura el especialista en temas ambientales.

Y a Di Filippo no le sucedió algo muy diferente de lo que denuncia Brailovsky: ya sea por presiones políticas, otros intereses particulares o, quizás, desinterés, el Ejecutivo porteño aún no respondió al pedido de informes.

"Es lamentable que no hayan contestado porque la Constitución de la ciudad es bien clara en su artículo 105, cuando lo obliga a dar respuesta y ofrecer la información pertinente, veraz y adecuada a todo requerimiento del Legislativo. No obstante, tengo conocimiento que, como consecuencia de mi pedido de informes, la máxima autoridad ambiental de la ciudad ha comenzado un proceso de solicitud de las evaluaciones de impacto ambiental de las antenas que funcionan en los subterráneos de la ciudad", se despacha el Legislador.

Y Brailovsky apunta: "Las empresas de telefonía están asociadas a los medios de comunicación y los políticos se mueren por un reportaje así como le tienen miedo a una campaña periodística en contra, entonces muchas veces es una simple cuestión de cobardía".

La realidad es que si, tal como se sospecha, las antenas de telefonías móvil al aire libre pueden ser perjudiciales para la salud, mayor es el riesgo en micro ambientes como los túneles subterráneos. La discusión está planteada, sólo falta una voluntad política que se decida por la alternativa más lógica: mejor prevenir que curar.