Entrevista a Martín Hourest, legislador porteño

Patear el tablero

En la ciudad de Buenos Aires el negocio del juego vincula a sectores políticos oficialistas y opositores con los operadores privados. Martín Hourest denuncia desde su banca este madridaje.

Por Hernán Diez

Martín Hourest, economista y político, integra el bloque "Igualdad Social" junto a la legisladora Liliana Parada. Militó en las filas del radicalismo hasta que la Alianza convocó a Domingo Cavallo para ocupar el cargo de Ministro de Economía. Fue uno de los fundadores del Frente Nacional contra la Pobreza y está vinculado con la Central de Trabajadores Argentinos (CTA). A nivel nacional, en las elecciones de 2007, acompañó a Pino Solanas y Claudio Lozano.

- ¿Cuál es el marco de regulación del juego en la ciudad de Buenos Aires?

- El primer problema tiene que ver con lo incompleto del proceso de autonomía de la ciudad de Buenos Aires. Cuando se sancionó la constitución nosotros establecimos en su articulado que la ciudad debía mantener el manejo y el control de los juegos de apuestas. Era el momento en que los amigos de Menem habían comenzado a poner bingos en toda la ciudad de Buenos Aires. Entonces, lo que se pretendió en ese contexto fue exigir por vía de la constitución que los juegos fuesen materia de regulación de la ciudad. Pero ese mandato constitucional nunca fue cumplido. Por lo tanto, la ciudad nunca reguló el juego.

- ¿Por qué nunca se cumplió la legislación que debe regular el juego?

- En parte por la resistencia de los gobiernos federales de Menem, Dualde y Kirchner. En segundo lugar, porque existió históricamente una asociación entre operadores de juego y el gobierno federal de turno. Hoy es Cristóbal López, en la época de Menem era el amigo de Menem. Sin embargo, en los últimos años la ciudad estableció un convenio con Lotería Nacional en el que se acuerda que la ciudad recibirá el 50 % de lo recaudado por Lotería Nacional. Esto, teóricamente. Porque, en primer lugar no se sabe con certeza cuánto es lo que recibe Lotería Nacional; por otra parte el Instituto del Juego tampoco da a conocer ese tipo de información. Este convenio se firmó en el 2003 y fue prorrogado automáticamente hasta el 2011.

- ¿Por qué se prorrogó automáticamente?

- Porque es un convenio que se prorroga automáticamente si nadie presenta objeciones en su momento. En 2007 nosotros planteamos la necesidad de denunciar el convenio, pero la propuesta no tuvo buena recepción. De acuerdo con nuestros cálculos, la ciudad estaría perdiendo en este momento no menos de 140 millones de pesos anuales. Ese dinero va, en parte a la capitalización de la Lotería y en parte al tesoro del estado. Entonces, con operaciones de juego que se realizan en la ciudad nosotros estamos financiando gastos que el gobierno federal realiza en otro lugar. Esto en términos de pérdida de recursos, pero también estamos hablando de una pérdida de autonomía política.

- Según el artículo 50 de la ley de juegos y apuestas los fondos recaudados por el juego se deben destinar a la asistencia y al desarrollo social. Sin embargo, se han planteado dudas en este sentido. Me parece importante porque el "beneficio social que provee el juego" es la cara pública que en cierto sentido intenta legitimar estas actividades.

- El viejo nombre de la lotería era "Lotería nacional de beneficencia y casinos". Históricamente estuvo aceptado en la cultura argentina que las actividades relacionadas con el juego debían destinarse a promoción y asistencia social. Ahora, ese proceso de verificación que debiera realizarse sobre este aspecto, en la ciudad de Buenos Aires, no hay nadie que lo haya controlado. Lo único que existe es el relevamiento de 2004, cuando en realidad correspondía realizar una auditoría integral, pero se negaron a hacerla. Se han frenado sistemáticamente a todos los poderes y organismos de control. Está claro que hay una suma importante de intereses que busca que esto no se vea ni se regule.

- Parece haber poco interés por parte de la ciudad en que este mecanismo se modifique.

- Esta suerte de pacto de silencio tiene que ver también con lo que han hecho los poderes de control del gobierno de la ciudad. No se denuncia el convenio, no se sabe cuánta plata hay y el propio organismo de control de la ciudad, que en este caso es la auditoria general, no realiza la auditoria que debería realizar en el Instituto del Juego. Todo esto es algo absolutamente intrincado y oscuro, pero debería ser transparente y público. Pero además hay un mandato constitucional sobre este tema, por lo tanto ya no es materia opinable. Esto ya está resuelto en la constitución y lo que hay que hacer es ejecutarla, no mediarlo por otros lugares.

- ¿Por qué imagino que hay gente muy vinculada a Macri que maneja sectores del juego?

- Tal vez porque hay gente que trabajaba en la cámara de bingos de la provincia de Buenos Aires y que también trabajaba con Macri en Boca, por ejemplo. Pero nosotros no podemos probar eso. Existen dudas pero no lo sabemos. Aparecen nombres todo el tiempo. Son personajes con actividades oscuras, con desarrollos patrimoniales desopilantes, gente que pasa de no tener nada a manejar casinos flotantes, constructoras, etc. Entonces uno se pregunta de dónde salió semejante cantidad de dinero. Si no es dinero ilegal ha sido adquirido por transferencia desde el poder. Si es así queremos saber para qué estamos financiando a estos grupos.

- ¿Cuál es el modo de revertir toda esta serie de situaciones?

- En primer lugar hay que poner en orden el control del Instituto del Juego de la ciudad. Como cualquier dependencia del estado, el Instituto debe permitir el acceso a la información pública. En segundo lugar, denunciar la existencia del convenio. En tercer lugar, deshacer políticas de subsidios que se han dado, tanto en nación como en ciudad, por ejemplo bajo la forma de predios destinados a los estacionamientos de los bingos. Porque si no la ciudad no solo que no regula este sector, sino que además lo consiente. La única lógica que tiene todo esto parece responder a un acuerdo entre el gobierno federal y el de la ciudad para no patearles el tachito a los concesionarios de los bingos. Ver jueces que han ido a reclamar por la situación irregular de un casino flotante. Y hablo de hechos que han estado al borde del delito por parte del estado: trabajadores golpeados, presencia de patotas, etc. Todo esto sobre territorio federal, porque supuestamente ahí quien proveía la seguridad era el estado federal. Me refiero a jueces a los que les han dicho: "Ustedes acá no tienen nada que hacer porque esto es territorio federal." ¿Por qué se permite todo esto? No lo sé. A Macri, que gusta recaudar tanta plata, que se preocupa tanto por las recaudaciones de la ciudad, esto parece no importarle, aún cuando para la ciudad es plata fácil de obtener.

- Vos hablabas antes de un evidente "pacto de silencio". Un pacto en el que están implicados casi todos…

- Es decir, se trata de un poder que no incluye solo a Macri. En la votación de la legislatura sobre el plan de tareas de la auditoría general de la ciudad, el kirchnerismo votó junto al macrismo en contra de la incorporación del Instituto del Juego al plan de auditorías… No estamos hablando de un problema que afecta solo a Macri, sino que es un problema de una viga sustantiva del sistema político, que en este tipo de negocios se hermanan todos y se ponen espalda con espalda. La legislatura ni siquiera ha realizado pedidos de informe con respecto a estas cuestiones. A la auditoria le dicen "no revise el Instituto del Juego", el ejecutivo no lo denuncia y en la legislatura, cuando hemos planteado pedidos de informe tampoco los aprueban. Es un sistema de barreras sucesivas a cada uno de los poderes.