Acusados de coacción agravada

Procesaron a padres de las víctimas de Cromañón

El juez, Alejandro Cilleruelo procesó por coacción agravada, sin prisión preventiva, a Ricardo Righi, Nora Bonomi y Luis Fernández, padres de víctimas de la tragedia de Cromañón. Fueron acusados de amenazar, en diferentes momentos y circunstancias, a la jueza María Angélica Crotto, al cantante de "Callejeros", Patricio Santos Fontanet, y al ex jefe de Gobierno Aníbal Ibarra Ibarra.

El abogado Javier Miglino, querellante en la causa de la tragedia Cromañón, declaró a la agencia oficial Telam que "Nunca en circunstancia alguna es agradable tener una noticia semejante. Me consta la lucha desinteresada de Ricardo Righi y de otros padres" pero reconoció que "no hay que olvidar que la jueza Crotto fue amenazada y, con ella, todo el Poder Judicial".

Por otra parte, la Presidenta, Cristina Fernández, y el Ministro de Justicia, Aníbal Fernández, firmaron los decretos que designan a María Cecilia Maiza y Marcelo Alvero para integrar el Tribunal Oral Criminal Nº 24, que tendrá a cargo la causa "Cromañón". El juicio oral se desarrollará, a partir del 19 de agosto, en la misma sala donde se juzgó a la Juntas de Comandantes de la Dictadura.

La cámara la completa el juez Daniel Llanos. Maiza se había desempeñado como jueza de menores y Alvero como juez de instrucción, y al momento de su designación estaban desempeñándose como magistrados subrogantes.

Están procesados en esta causa 15 personas: Omar Chabán, por estrago doloso seguido de muerte y cohecho activo; Raúl Villarreal, ex jefe de seguridad del local, y los integrantes del grupo Callejeros: Patricio Santos Fontanet, Daniel Cardell, Maximiliano Djerfy, Juan Carbone, Cristian Torrejón, Elio Delgado, Eduardo Vázquez y Diego Argañaraz, como coautores. Los ex jefes de la seccional 7º de la Policía Federal, Carlos Díaz y Miguel Angel Belay, acusados de cohecho pasivo; Fabiana Fiszbin, ex subsecretaria de Control Comunal, y los ex directores, Gustavo Torres y Ana María Fernández, acusados de incumplimiento de los deberes del funcionario público.