Chau, no va más…

Disolvieron la Unidad de Control de Espacio Público

Luego de las denuncias realizadas por legisladores porteños, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, la Defensoría General y el Centro de Estudios Legales y Sociales, el Ministerio de Ambiente y Espacio Público, a cargo de Juan Pablo Piccardo, anunció la disolución de la Unidad de Control de Espacio Público (UCEP).

La Defensora del Pueblo porteña, Alicia Pierini, anunció que acordaron con el Ministro Piccardo el cambio de funciones de esta unidad especial, dependiente de la Dirección de Ordenamiento del Espacio Público, con el traslado de la problemática de personas sin techo al Ministerio de Desarrollo Social.

Aunque Pierini no objetó que la UCEP se encargue de otras cuestiones vinculadas con infracciones en el uso del espacio público, consideró que “la indigencia es un tema del área social aunque su consecuencia sea la ocupación de calle, veredas o plazas. Existe una normativa en relación a defensa de los derechos de los más débiles que hay que cumplir y además de nuestra parte un compromiso moral con los más pobres”.

Desde la Defensoría dejaron trascender que el personal de la UCEP cumplirán nuevas tareas dentro del Ministerio y de la contención a indigentes se encargará Desarrollo Social mediante el programa Buenos Aires Presente.

Ambas Defensorías y el CELS, explicaron en un documento dirigido a la opinión publica que “la Constitución Nacional, la Constitución de la Ciudad y los instrumentos internacionales de derechos humanos vigentes en nuestro país prohíben el ejercicio del poder represivo del Estado de manera clandestina, sin justificación ni autorización legal y sin debido proceso previo, como lo hace el Gobierno de la Ciudad a través de la UCEP contra las personas que viven en situación de calle”.

En otros de los párrafos de este documento afirman que “Si la persuasión se transforma en amenazas y uso de la fuerza, si la definición de quién y en qué situación reviste la calidad de “usurpador del dominio público” queda librada a la decisión discrecional de un órgano administrativo como la UCEP, si esta unidad interviene en desalojos del dominio público que no han sido dispuestos por la justicia, si se secuestran y decomisan bienes que no constituyen mercadería de vendedores y, además, si no se labran actas, y no se cuenta con acto administrativo previo que así lo disponga, o se identifican los funcionarios que participan en el operativo, entonces su accionar excede lo autorizado por la norma de creación, por la Constitución de la Ciudad, por la Constitución Nacional y por los instrumentos internacionales de derechos humanos, volviéndose por lo tanto prohibido”.