Prevención y tratamiento de adicciones en la ciudad

Duro Informe de la legisladora porteña,
Diana Maffía

La Legisladora porteña de la Coalición Cívica, y ex Defensora Adjunta del Pueblo de la Ciudad, Diana Mafia, advirtió sobre la falta de políticas públicas para la prevención de adicciones por parte del ejecutivo local.

"Las políticas públicas en adicciones son una deuda pendiente de este gobierno" afirmó la Lic. Patricia Colace, Directora de la Unidad de Seguimiento de Políticas Públicas en Adicciones del despacho de la diputada Diana Maffía, durante la apertura de la jornada "Paco, políticas alternativas para combatirlo" llevada a cabo el pasado 24 de agosto en la Legislatura. Esta unidad de seguimiento realizó un detallado informe sobre la situación actual en la ciudad.

"Estamos convencidos de que la problemática de las adicciones es efectivamente un problema socio-sanitario" expresa un de los párrafos del informe y que, tal cual lo plantea la Ley 2.318, "su enfoque y tratamiento debe ser transversal".

La Ley 2.318, sancionada en mayo de 2007, tiene como objetivo garantizar una política integral y sistemática sobre el consumo de sustancias psicoactivas y de otras prácticas de riesgo adictivo, en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires a través de la instrumentación de un plan integral especializado, dependiente del Jefe de Gobierno. Sin embargo la misma aún no ha sido reglamentada. La diputada Maffia afirma que "no existe la voluntad política para dar cumplimiento a la ley, dos años de demora en la reglamentación nos parecen demasiado si este tema fuera considerado de importancia por el gobierno de la ciudad".

"Es el jefe de gobierno quien debe garantizar la participación interministerial especialmente con los ministerios de educación, salud, desarrollo social, ministerio de gobierno, justicia, y el Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Es el jefe de gobierno quien determina el diseño organizativo necesario para el desarrollo, planificación, ejecución y supervisión del plan, designando además la autoridad de aplicación" afirma el informe de la unidad de seguimiento y agrega que "el Ministerio de Desarrollo Social ha presentado en forma aislada un proyecto de reglamentación en enero de 2008 y otro presentado por el resto de los ministerios implicados, dato por lo menos llamativo ya que el objetivo de las reuniones de la mesa de trabajo era que saliera un documento base con la mirada interdisciplinaria tal cual lo especifica la ley".

En cuanto al presupuesto para la prevención de adicciones, asistencia y reinserción social, éste fue asignado al ministerio de Desarrollo Social, específicamente a la Coordinación de Políticas Sociales en Adicciones, y cuenta con una partida de 10 millones de pesos: "esto implica el 0,67% del presupuesto total del Ministerio en 2009, una cifra irrelevante dada la magnitud de la problemática".

Otro punto conflictivo, tratado por la Unidad de Seguimiento de Políticas Públicas de la Legisladora Mafia, es la tercerización de la atención de las adicciones y la cantidad de personas que acceden a ésta. El estado cuenta, bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social, con dos centros de internación y tratamiento ambulatorio: Casa Puerto y Casa Flores y uno - Casa Faro - como gestión asociada para situaciones de alta vulnerabilidad. En estos centros se atendieron en el año 2008 a 374 personas.

Por otra parte, el ejecutivo, asegura el informe, firmó convenios con 19 ONG´s (comunidades terapéuticas) y dispuso en el presupuesto de 2009 recursos para solventar 600 vacantes en estas comunidades. En el 2008 se asistieron en estos lugares a 447 personas.

La unidad de seguimiento resalta que de esta manera "el estado deja de garantizar la salud poniendo en manos de privados esa obligación" y cuestiona la escasa cantidad de personas atendidas en relación a la demanda existente.