Fueron condenados por la justicia contravencional porteña

Integrantes de Greenpeace deberán
realizar tareas comunitarias

Los ocho militantes de la ONG ambientalista Greenpeace fueron condenados a tareas comunitarias, tras llegar la defensa de éstos a un acuerdo con la Fiscal Claudia Barcia, quien cambió la carátula del caso y lo encausó dentro del Código Contravencional de la ciudad. En primera instancia la demanda del Ministerio Público estaba encuadrada en el ámbito de la justicia penal y los procesados estaban acusados de "violación de domicilio y daño agravado", con una pena máxima de prisión efectiva de cuatro años.

El 30 de septiembre de 2008, los ambientalistas escalaron el obelisco y desplegaron un cartel que denunciaba al ejecutivo porteño por la falta de aplicación de la Ley de Basura Cero. Esto ocurrió un día antes de la audiencia pública para discutir el proyecto de ley que debía autorizar al ejecutivo porteño a licitar el servicio pública de higiene urbano por un período de 10 años ^(*)

El juicio oral, realizado el martes en la sede de la Justicia Penal, Contravencional y de Faltas de la ciudad, derivó en un juicio abreviado donde los activistas aceptaron que ingresaron sin autorización a un monumento público. Martín Prieto, director Ejecutivo de Greenpeace Argentina, expresó que no hubo delito “ya que no hubo daño a ningún bien público y no se violentó ningún domicilio porque en el Obelisco no vive nadie” y agregó que "la fiscal Claudia Barcia se vio obligada a modificar su acusación como consecuencia de la presión pública producida en los últimos días, que provocaron el envío de más de 35 mil pedidos al Gobierno de la Ciudad en reclamo del desprocesamiento de los activistas”

La jueza a cargo, María Martínez Vega, condenó a los ambientalistas aplicando la sanción que establece el artículo 58 del Código Contravencional y de Faltas ("quien ingresa o permanece en lugares públicos, o de acceso público o privado, contra la voluntad expresa de quien tiene el derecho de admisión es sancionado con uno a cinco días de trabajo de utilidad pública o multa de doscientos a un mil pesos")

Martínez Vega ordenó que cada uno de los imputados realice durante 5 días (una hora y media por jornada) tareas comunitarias en los Centros de Gestión y Participación Comunales (que tienen jurisdicción en los barrios de Palermo, Colegiales, Belgrano, Saavedra, Nuñez, Recoleta y Barrio Norte). La tarea encomendada está vinculada con la actividad de la "ong": informar a los vecinos sobre la Ley de Basura Cero vigente y sobre cómo realizar tareas de reciclaje y separación de residuos.

(*) El proyecto enviado por el ejecutivo establecía que el llamado a licitación tendría el carácter de Nacional e Internacional; que la ciudad se dividiría en 4 zonas, y que el pago se haría en dos modalidades: por limpieza, por zona de servicio, y por recolección, por tonelada recolectada. Otro punto a destacar es que la recolección y transporte de los residuos reciclables, separados en origen, será realizado por medio de un sistema independiente al licitado en el pliego, de gestión estatal a cargo de los cartoneros.