Desenganche del Régimen Federal de responsabilidad fiscal

La Ciudad podrá endeudarse sin tener
que pedir permiso al Gobierno Nacional

En la maratónica jornada del 26 de noviembre la Legislatura porteña sancionó el proyecto de ley enviado por el poder ejecutivo que crea un nuevo régimen de responsabilidad fiscal local y que a su vez deroga la norma que en el año 2005 adhirió al Régimen Federal de responsabilidad fiscal.

Con el voto favorable de 37 legisladores el ejecutivo logró la autorización para endeudarse sin tener que requerir el aval del Gobierno Nacional tal como lo establecía la Ley 1.726 sancionada en junio de 2005.

El proyecto aprobado crea, por un lado, el “Régimen de Responsabilidad Fiscal de la Ciudad” con el “objeto de establecer reglas generales de comportamiento fiscal, dotar de mayor transparencia a la gestión presupuestaria y fijar las condiciones para la contracción de deuda pública” y por otro, una “Comisión de Control” como órgano de aplicación que estará compuesta por cinco legisladores y cuatro representantes del Poder Ejecutivo.

El Jefe de Gobierno, Mauricio Macri, en los fundamentos de la iniciativa afirma que la adhesión al régimen federal “más allá de sus beneficios teóricos, sólo ha significado para esta Ciudad someter sus procesos de endeudamiento de mediano y largo plazo a la autorización del Poder Ejecutivo Nacional, conculcando con ello tanto la autonomía resultante de los principios constitucionales federales y locales como el efectivo acceso al crédito local y extranjero en detrimento del desarrollo de la Ciudad y de sus habitantes en todos sus órdenes”.

El presidente de la Comisión de Presupuesto de la Legislatura, Álvaro González, del bloque PRO, aseguró “que es fundamental que nuestra Ciudad disponga de una ley que le permita al gobierno porteño continuar con el plan de obras de fuerte impacto social que había diseñado sin necesidad de permanecer atados a los caprichos de un gobierno nacional que hace caso omiso a los reclamos de los porteños en pos de mejorar su calidad de vida”.

En este marco de situación, el ejecutivo local deberá resolver la deuda con proveedores y contratistas. La brecha entre el gasto devengado y el efectivamente pagado es enorme. En este sentido, en el mes de agosto, la legislatura autorizó el pago de esta deuda en bonos (hasta 690 millones de pesos); a diferir el vencimiento de las letras de tesorería emitidas este año por un total de 300 millones de pesos y a contratar deuda pública (hasta 236 millones de dólares) para financiar el Fondo de Infraestructura Social.

Debe tenerse en cuenta que todo esto sucede con una subejecución presupuestaria de la obra pública del orden del 50 %: de los 3.400 millones de pesos convenidos para todo el año 2009, en el primer semestre se ejecutaron 763 millones y se efectuaron pagos por 485 millones.