Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual

Los medios y los fines (Segunda parte)

La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual se encamina a ser sancionada en el Congreso nacional. Con polémicas incluidas, la sociedad asistió a un debate inédito acerca de qué medios de comunicación necesita una sociedad democrática y plural en el Siglo XXI.

Por Fernando Casasco

Septiembre fue un mes de fuego cruzado. De parte de los medios privados, se nos intentó forzar a creer que la nueva norma era una "ley K", una "ley mordaza", un intento por cercenar la libertad de prensa. Campañas publicitarias que nos aseguraban que determinados canales podían "desaparecer", o que usaban hasta a los muertos para defender negocios. Legisladores opositores más preocupados en representar los intereses de los multimedios que los de sus propios votantes. Dueños de medios hablaron de "la violación jurídica e institucional más grave" desde el golpe de estado del 24 de marzo de 1976. Incluso algunas versiones señalaban que representantes del mayor monopolio mediático recorrían los pasillos del parlamento con suculentos "maletines" destinados a los legisladores…

Del otro lado, el Gobierno utilizó hasta el último resquicio (a veces al límite de la exasperación, como lo sabe cualquiera que miró fútbol por TV) para convencernos de los beneficios de la ley. Y hasta algún operativo confuso, AFIP mediante. Más allá del chupamedismo de algunos oficialistas, fueron muchas las voces que se sumaron para hablarnos de los beneficios de una ley que genere una participación más amplia y diversificada en el mercado comunicacional. Cuanto más avanzó el debate, se fueron sumando las adhesiones de prestigiosos periodistas no identificados con el oficialismo, actores, músicos, cineastas, además de organizaciones sociales, sindicales y de Derechos Humanos.

Pero volvamos a la letra fría del proyecto, que comenzamos a comentar el mes pasado. La norma crea la figura de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, que deberá "recibir y canalizar las consultas, reclamos y denuncias del público de la radio y la televisión". Su titular será designado por el Congreso a propuesta de la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual. También se crea el Consejo Asesor del Audiovisual y la Infancia, que tendrá entre sus funciones, "la elaboración de propuestas dirigidas a incrementar la calidad de la programación dirigida a los niños, niñas y adolescentes".

Uno de los aspectos más interesantes de la norma es el fomento a la producción nacional y regional. Las emisoras que transmitan en red no podrán cubrir con esas programaciones más del 30% de sus emisiones diarias, y nunca en horario central. La única excepción la constituyen los medios estatales y universitarios. Por otra parte, las radios deberán emitir un mínimo de 70% de producción nacional y un 30% de música argentina. En tanto, los canales de TV tendrán un mínimo de 60% de producción nacional y un 30% de producción propia, incluyendo noticieros locales. Los medios estatales tendrán que emitir además un mínimo de 20% de contenidos educativos y culturales. También se establecen cuotas de pantalla para películas de cine nacional y para producciones independientes. Se evitará así que algunos canales (como el 9) pueblen su grilla de "latas" extranjeras indigestas. O que algunas radios del interior transmitan íntegra la señal de alguna radio de Buenos Aires, con la única necesidad de un operador que maneje los controles.

La ley también establece una tarifa social para las empresas de TV por cable; el acceso universal a la transmisión de "determinados acontecimientos de interés general (…) como los deportivos"; se crea Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado (RTA S.E.), que administrará los medios del Estado nacional; se autoriza a los pueblos originarios a brindar servicios de radio AM, FM y TV abierta.

A partir de las críticas recibidas, Cristina Kirchner decidió excluir a las empresas telefónicas de la posibilidad de ser licenciatarios de medios de comunicación audiovisual. La decisión dejó sin argumentos a los opositores que aseguraban que era una ley a medida de Telecom, empresa a la que podrían ingresar capitales nacionales ligados al kirchnerismo. Sí podrán ser licenciatarios de medios otros prestadores de servicios públicos, como las cooperativas, pero formando unidades de negocios separadas.

La otra importante modificación que se obtuvo en el debate en comisiones en Diputados fue el cambio en la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, que reemplazará al actual COMFER. En el proyecto original, el directorio de cinco integrantes estaba conformado por tres directores designados por el Poder Ejecutivo, uno por la segunda minoría legislativa y uno por la tercera minoría. En la Cámara Baja, el oficialismo consintió llevar a siete los miembros de ese directorio: dos serán designados por el Ejecutivo, tres por el Congreso (uno de la primera minoría, uno de la segunda y uno de la tercera), mientras que otros dos provendrán del Consejo Federal, debiendo ser uno de ellos un académico. Dicho Consejo estará conformado por un representante de cada provincia y la ciudad de Buenos Aires, junto a delegados de los licenciatarios privados, los medios estatales, las universidades, los trabajadores de la comunicación, las sociedades gestoras de derechos y los pueblos originarios. El Consejo podrá remover a los directores de la Autoridad, mediante dos tercios de los votos de sus miembros.

Hubo otros cambios menores, como la corrección del artículo 40, que hablaba de la revisión técnica cada dos años, para que ningún licenciatario pueda aumentar a través de cambios tecnológicos la cantidad de frecuencias y superar el límite establecido. Con estas modificaciones, se obtuvo en Diputados un apoyo importante: al kirchnerismo se sumó un amplio abanico de centro-izquierda, conformado por el Partido Socialista, Solidaridad e Igualdad (ex ARI) y Proyecto Sur, entre otros. En cambio, el radicalismo, la Coalición Cívica, el PRO y el peronismo disidente, dieron un lamentable espectáculo al retirarse del recinto antes de la votación, alegando vicios formales en la conformación del quórum para la sesión. La media sanción de Diputados salió con 147 votos a favor, 4 en contra y una abstención.

Después de su aprobación en Diputados, el debate pasó al Senado. Allí la oposición tomó conciencia de que no podría frenar el proyecto, ni dilatar demasiado su tratamiento. Por eso el énfasis fue puesto en modificar algún artículo de la media sanción, lo que obligaría a que el proyecto vuelva a Diputados.

El debate en comisión ya no se centró en cuestiones técnicas de la ley, sino en el plazo otorgado a los actuales licenciatarios de medios para que se ajusten a la nueva normativa: a los que poseen más medios de los que se permite, se los obliga a vender las licencias sobrantes "en un plazo no mayor a un (1) año desde que la autoridad de aplicación establezca los mecanismos de transición". Se esgrimió fundamentalmente la cuestión de los derechos adquiridos de los licenciatarios y la eventual catarata de juicios al Estado que esta venta "compulsiva" provocaría. Se especuló sobre la actitud que tomaría el presidente de la comisión de Comunicaciones del Senado, y titular de un grupo de medios en su provincia, el jujeño Guillermo Jenefes; sin embargo, el legislador firmó en disidencia el dictamen de mayoría, y así el proyecto fue enviado al recinto (era tratado al cierre de esta edición) tal como venía de Diputados.

El camino ha sido largo, pero una nueva Ley de Medios parece alumbrar. Si no se cruza ninguna mano negra en el camino, la sociedad argentina se habrá dado una norma fundamental para la democracia. Y para que de una vez por todas, podamos hablar todos.