Reportaje: Jefe de Seguridad Urbana de la Defensoría del Pueblo

“Nos preocupa el maltrato contra los pobres”

Por Martina Noailles para la cooperativa EBC

Desde hace dos años, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad tiene una oficina de Seguridad Urbana, especial para tomar casos de violencia policial e institucional.

Si bien el área a cargo de Ricardo Dios se conformó de cara al nacimiento de la Metropolitana, tomó un papel protagónico en las denuncias públicas contra la patota que depende del Ministerio de Espacio Público y que actúa contra los más pobres bajo el nombre de UCEP. “Desde la Defensoría creemos que la primera seguridad es la seguridad de los derechos”, define el joven abogado, militante y especialista en derechos humanos.

- ¿Cuál es el trabajo concreto de esta oficina dentro de la Defensoría?

- La oficina tiene como objetivo velar por las garantías constitucionales de los habitantes en los procesos en los cuales intervienen las fuerzas de seguridad. Trabajamos con casos de violencia o arbitrariedad policial, maltratos, gatillo fácil, que en la Ciudad de Buenos Aires hasta hoy está en manos de la Policía Federal. Es decir que nuestro mayor trabajo es justamente con un organismo que no es porteño sino nacional. También seguimos muy de cerca este nacimiento de la Policía Metropolitana y participamos en el proyecto de la creación de la fuerza en cuanto al marco normativo. Pensamos que la Ciudad debe tener una política de seguridad y que dentro de esa política debe estar la policía y no al revés. Desde la Defensoría creemos que la primera seguridad es la seguridad de los derechos y que el Estado debe garantizar que todos tengan vigentes sus derechos, y después obviamente está la integridad física, la propiedad, etc.

- No de casualidad quienes tienen sus derechos vulnerados son el blanco preferido de la Federal, la Ucep y otras fuerzas...

- Si, claro. Esto es así hasta por una visión sistemática. Las políticas de represión apuntan a los más vulnerables. Por eso tenemos que estar atentos a que en una política de la Ciudad esto no se acentúe. Lo que estamos viendo es que dentro del Gobierno porteño hay fuerzas encontradas y que no terminan de definir cuál será el objetivo político de la Policía Metropolitana. Creemos que hay muchas cosas más importantes para hacer en materia de seguridad que hacer inteligencia.

- ¿Qué otras críticas le hacen a la Metropolitana?

-Como aún no funciona no recibimos denuncias. Cuando arranque podremos saber en la práctica cómo es su calidad y su funcionamiento. Lo que sí hicimos fue una resolución cuando se incorporaron a la ley cosas que no estaban previstas, como la posibilidad de que entren militares a la fuerza o que puedan ser miembros quienes no terminaron el secundario. Porque si queremos una fuerza nueva y profesional para los vecinos hay que arrancar bien. La Ciudad tiene que hacer un esfuerzo para no repetir las viejas prácticas policiales.

- ¿Cuándo empiezan a recibir las primeras denuncias sobre el accionar del UCEP y cuándo observan esta sistematicidad en sus prácticas?

- Uno de los objetivos de la Defensoría es trabajar más en las fallas del sistema que en las individuales. Con la UCEP primero es interesante entender porqué está en esta oficina si en realidad existe un área que se especializa en espacio público, ocupación indebida, artesanos o antenas. Si bien las primeras denuncias llegaron a esa área observamos que se trataba de violencia institucional. De octubre a diciembre de 2008 nos encontramos con cinco denuncias de hechos muy graves sobre gente que vivía en la calle. En ese momento hicimos una resolución en la que también analizábamos las ambigüedades del decreto que creó a la UCEP que en la práctica se traducía en esas acciones ilegales. Fue ahí que pedimos al Ministerio de Espacio Público que desactive esa unidad.

- Y no escucharon...

- No. Cuando pasó el verano comenzamos a recibir nuevamente denuncias aunque con menor grado de violencia física, aunque sí con la violencia propia de que a una persona que duerme en la calle le tiren en un camión de basura su colchón y sus cosas. En el período de elecciones no hubo nada. Parecía que había bajado el nivel de violencia hasta el caso de Clara en el bajo autopista de la calle Pasco. Allí vino nuestro informe técnico jurídico con el CELS y la Defensoría General para decir que no puede existir un grupo dependiente del Gobierno de la Ciudad que salga a la noche a perseguir a los pobres.

- Hubo desalojos en los que también estuvo presente la UCEP

- Si, al menos en los casos de la Huerta Orgázmika y el edificio de Paseo Colón frente al Parque Lezama. En esas situaciones nosotros lo que criticamos es que haya estado la UCEP en esos procedimientos. Si el Gobierno toma una decisión administrativa de cerrar un predio o desalojar una casa debe haber una intervención judicial.

- El ministro Juan Pablo Piccardo habla de excepciones, de excesos ¿Ustedes creen que es casual o es parte de una política?

- Creemos que es una política de los veintipico que conforman la UCEP. No la vemos en el resto del Ministerio. En otros temas, como cartoneros o travestis, la manera de actuar fue otra. Quienes sacan los carteles de la calle no son los de la UCEP. Acá van un día le dicen tenés que irte porque si no te saco yo, y al día siguiente lo sacan a palos. Nos preocupa el maltrato contra los pobres, con quienes viven en la calle que de por sí son personas en conflicto, que buscan sobrevivir. Entendemos que para cualquier gobierno son cuestiones difíciles de resolver pero también sabemos que esa no es la manera.