Irregularidades y sobreprecios

Ordena la justicia suspender las obras del
Arroyo Maldonado

La Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, integrada por los jueves Esteban Centanaro, Eduardo Russo y Mabel Daniele, ratificó el fallo de primera instancia y ordenó al ejecutivo porteño a suspender la construcción de los canales aliviadores del arroyo Maldonado.

La acción judicial fue promovida por los legisladores (cuyos mandatos finalizaron el 10 de diciembre) de la Coalición Cívica, Sergio Abrevaya y Facundo Di Filippo, y el diputado mandato cumplido Milcíades Peña, quienes cuestionaron las modificaciones en la obra, el efecto contaminante en el acuífero Puelche y el injustificado incremento sobre el precio original.

El 3 de julio, el juez en lo Contencioso, Administrativo y Tributario Nº 1, Juan Vicente Cataldo, hizo lugar al amparo solicitado y ordenó al Gobierno de la ciudad suspender la construcción del denominado "pozo único" de la obra de los túneles aliviadores del Arroyo Maldonado.

Este fallo fue ratificado por la Sala II de la Cámara, cuyos jueces dispusieron la paralización de la obra hasta tanto se dicten los actos administrativos y técnicos que permitan resolver las irregularidades denunciadas.

Los denunciantes sostienen en su presentación que la construcción de los túneles aliviadores del entubado arroyo Maldonado no se ajusta a las condiciones técnicas previstas en el pliego de licitación, modificaciones que podrían causar un daño ambiental irreversible en el Puelche, acuífero subterráneo que comparten la ciudad de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos y que abastece de agua potable a millones de habitantes de esos distritos.

Otro punto de la iniciativa judicial da cuenta que el precio pactado originalmente se incrementó en 20 millones de dólares sin justificativo alguno.

La obra consiste en la construcción de dos túneles de 6,90 metros de diámetro, uno de ellos de 4.579 metros de longitud y otro de 9.864 metros, con sus desembocaduras en el Río de la Plata. Estos túneles están destinados al transporte de los excedentes pluviales del emisario principal de la cuenca del Arroyo Maldonado.

Para llevar adelante el emprendimiento la ciudad importó desde Canadá dos máquinas tuneladoras. La empresa adjudicataria fue la constructora italiana Ghella con un presupuesto ofertado de 495 millones de pesos.

Los ex legisladores denunciaron que el monto original de la obra sufrió un incremento de 20 millones de dólares luego de que la empresa italiana se asociara con la empresa local IECSA, que presidiera Franco Macri y cuya titularidad ejerce ahora uno de sus sobrinos, Ángelo Calcaterra.

La modificación que sufrió el plan original, aprobado por la Legislatura, fue otro de los temas planteados por los denunciantes. Esta alteración cambió la geometría de la perforación ubicada en Punta Carrasco, reemplazando un pozo triple, o trifolio –tres pozos unidos en triángulo- por un pozo único circular, de mayor profundidad de la prevista y que atraviesa al acuífero Puelche con el potencial riesgo ambiental que esto presupone.