Trabajo para todos

El pasado 11 de septiembre la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI) presentó un petitorio al jefe de gobierno de la ciudad de Buenos aires, Mauricio Macri, para solicitar el veto de la ley 3230, que posterga un año el cumplimiento del cupo laboral que le corresponde a las personas con discapacidad dentro de la administración pública y de empresas concesionarias de servicios públicos.

Por Hernán Diez

El cupo laboral destinado a personas con discapacidad estaba considerado dentro de la ley 1502 desde 2004, normativa que su vez estaba regulada por el decreto 812/05, que otorgaba un plazo de 5 años para la incorporación progresiva de personas con discapacidad. La Ley 3230, modificatoria de la 1502, posterga un año más el cumplimiento del cupo laboral.

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, establece una instancia obligatoria de consulta a las Organizaciones de y para Personas con Disca­pacidad. Esta disposición no se tuvo en cuenta en la votación de la ley 3230 que, de hecho, se votó sobre tablas.

Según el artículo 43 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en concordancia con lo dispuesto por el artículo 75, inc. 22 de la Constitución Nacional, el 5% de los empleados del gobierno de la ciudad de Buenos Aires y de las empresas concesionarias de servicios públicos deben ser personas con discapacidad.

Para ampliar este tema, entrevistamos a Verónica Gon­zález, miembro de REDI (Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad).

- ¿Cómo pensarías el valor social del trabajo para una persona con discapacidad?

Creo que el trabajo tiene un gran valor social para cualquier persona. En el caso de las personas con discapacidad implica, además, resignificar su rol social. Cuando una personas con discapacidad trabaja, eso trae aparejado el sentirse útil para la sociedad, permite que la persona pueda proyectar y decidir en cuanto a su futuro, construye nuevas relaciones sociales y sobre todo, puede gozar de la tan ansiada independencia económica. Para una personas con discapacidad trabajar implica salir de un lugar de receptor pasivo que sólo puede recibir asistencialismo del Estado, de su familia, de ONGs o de quienes quieran y puedan asistirla.

- ¿Qué cantidad de personas con discapacidad suele acceder a un trabajo en el sector privado? ¿Por qué es importante que estas personas puedan acceder a un empleo dentro de la administración pública?

Hay muy pocas empresas privadas que contratan a personas con discapacidad, ya que en la mayoría de los casos, dependerá de la buena voluntad de los empresarios. Salvo que sean concesionarias del Estado, no tienen obligación de hacerlo. El cupo reservado para personas con discapacidad en el empleo público es una forma de garantizarles el trabajo ante la des­protección que ocasionaría dejarlo en manos de la buena voluntad de los contratantes. El cupo existe porque los emplea­dores no contratan basándose sólo en la idoneidad de los postulantes. Para que ello suceda, la sociedad en general y los contratantes en particular deberían tener mucha conciencia respecto de las capacidades que podemos reunir las personas con discapacidad y de nuestra fuerza de trabajo. A menudo se ve la posibilidad de un empleo como una acción solidaria, a diferencia de las relaciones laborales que se dan con las personas sin discapacidad y eso ocurre porque se minimiza la posibilidad de trabajo que tenemos. El cupo en el Estado permite concientizar a la sociedad respecto de que las personas con discapacidad podemos desem­peñarnos en diversas áreas. Nos aporta un mecanismo para exigir empleo en la administración pública.

- ¿A cuántas personas beneficiaría este cupo laboral?

Actualmente la ciudad de Buenos Aires cumple tan sólo con el 1% de empleados con disca­pacidad, es decir, cumple con el 20% de la cantidad de empleados que debiera tener.

-¿Por qué el cupo laboral no se ha cumplido todavía?

Porque esos puestos suelen utilizarse para ubicar a familiares o a personas que por algún motivo les interesa a los políticos y sindicalistas que ocupen los puestos, porque las personas con discapacidad muy pocas veces reclamamos lo que nos corresponde y por falta de conciencia, como te decía antes, de que una personas con discapacidad puede ser tan eficiente como un trabajador sin discapacidad. La gente ante lo desconocido y que identifica como posible generador de problemas, prefiere no contratar. Pero yo creo que lo fundamental es el primer motivo que te doy, el lamentable manejo de políticos y sindicatos que tiene que ver con acomodos.

Por su parte, Silvia Coriat (arquitecta, integrante de Redi y de Fundación Rumbos), que se sumó a la entrevista, añade que “El estado teme sentar antecedentes que pongan en un lugar difícil luego a las empresas. Porque si el cupo se cumpliera se demostraría que no hay impedimentos para empleos en el área privada, y existiría el temor de que vayamos por más.”

- ¿Cómo se ha resuelto este problema en otras partes del mundo?

En otras partes del mundo donde se aplicó el cupo, no es que se resolvió el tema de empleo, pero sí aumentó sensiblemente el número de personas con discapacidad laboralmente activas. Uno de los argumentos esgrimidos por el Gobierno de la Ciudad para intentar postergar y progresivamente eliminar el cupo, es que no funcionó en el resto del mundo y ciertamente no funciona por sí sólo, pero contribuye a crear conciencia sobre las capacidades que podemos tener y aumenta la cantidad de trabajadores con disca­pa­cidad, lo cual es un gran logro.

- ¿Qué medidas se están llevando adelante para poder encontrar una solución?

Presentaremos una acción declarativa de incons­titucio­nalidad con el propósito de que vuelva a evaluarse el proyecto de ley. Además, se pretende que las audiencias sean públicas para que (tal como lo establece la convención sobre los derechos de las personas con disca­pacidad, que es un tratado internacional ratificado por nuestro país en Septiembre del año pasado por ley 26378) podamos participar en decisiones que tengan que ver con el colectivo de personas con discapacidad.