Conflictos en torno a la cárcel

Allanamientos en el Centro Universitario Devoto

Por Haydée Breslav

El 16 y el 23 de septiembre último agentes del Servicio Penitenciario Federal realizaron sendos allanamientos en el pabellón estudiantil del Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (más conocido como cárcel de Devoto) y en las instalaciones del Centro Universitario que allí funciona, en cumplimiento de órdenes judiciales relativas a causas abiertas por secuestros virtuales en la provincia de Buenos Aires. Los hechos merecieron la condena de organizaciones vinculadas a la problemática carcelaria, así como una rápida y enérgica respuesta de la Universidad de Buenos Aires. En procura de precisiones, entrevistamos a Juan Pablo Parchuc, coordinador de la carrera de Letras del Programa UBA XXII, de Educación en Cárceles, de esa casa de altos estudios, y miembro de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre.

- ¿Cuándo comenzó a funcionar el Centro Universitario Devoto?

- El programa UBA XXII funciona desde el año 85 como un convenio que surge entre la Universidad y el Servicio Penitenciario al calor de las reivindicaciones democráticas; se trata en realidad de una iniciativa de las propias personas privadas de libertad, que piden estudiar y encuentran un eco positivo de parte de las autoridades de la UBA en ese momento tan particular. A partir de entonces se empieza a dar la posibilidad de estudiar carreras universitarias con la modalidad de cursada en el interior de la cárcel, con clases regulares semanales a cargo de los mismos docentes de la Universidad, lo que es algo completamente novedoso, incluso para las experiencias de estudio en contexto de encierro no digo ya en el país, sino en el mundo. Esto repercute después en otros penales y se va extendiendo, con distintos altibajos, según las relaciones con el Servicio Penitenciario.

- ¿Qué carreras se dictan?

- Actualmente, las de Derecho, Ciencias Económicas, Sociología, Psicología y Letras, que se incorporó en 2007 como carrera regular, además de una serie de actividades de extensión extracurriculares, como los talleres de computación que da la Facultad de Ciencias Exactas, los talleres y asesorías legal y social a cargo de la de Derecho, asesoría social de la Secretaría de Extensión de Sociales, y otras que se dan habitualmente y hacen al grueso de la circulación en ese espacio, que no está limitado sólo a aquellos que tienen sus estudios secundarios terminados, sino que trata de estar abierto a toda la población del penal.

- ¿Qué sucede con los que no los tienen?

- En principio, tienen la posibilidad de empezar a cursar por el Programa UBA XXI, que es el mismo que funciona en la Universidad, pero previendo terminar su secundario prontamente. Además, como te decía, todas estas actividades de extensión extracurriculares, como talleres y demás, son abiertas, o sea que no se necesita tener estudios para ingresar a ellas. Actualmente concurren al Centro Universitario Devoto unos trescientos estudiantes inscriptos en las distintas carreras, y a los cursos de extensión, talleres y actividades de extensión o extracurriculares asisten alrededor de seiscientas personas por cuatrimestre: la proporción es muy grande en relación con la población total del penal.

- ¿Cómo surge el actual conflicto con el Servicio Penitenciario?

- Lo que está ocurriendo en este momento tiene que ver con una serie de allanamientos por supuestos secuestros virtuales, y como la investigación la hace el Servicio Penitenciario, no casualmente se focaliza sobre el Centro Universitario, cuando en realidad los celulares y demás sustancias ilícitas están en toda la cárcel. A partir de esta situación, el Servicio Penitenciario empieza a tomar, de manera unilateral e inconsulta, una serie de medidas que son un avance sobre la institucionalidad de la Universidad, y que produjeron por parte de ésta, entre otras réplicas también institucionales, una declaración muy importante del Consejo Superior que constituye una respuesta unánime y muy contundente de la máxima autoridad universitaria.

- ¿A qué se debe esa focalización sobre el Centro Universitario?

- Lo que pasa es que el espacio universitario permite una circulación de la información respecto de los reclamos y las reivindicaciones de los presos, que lo hace vital para la canalización de denuncias sobre las torturas y los malos tratos físicos y psicológicos, y las condiciones de encierro, no sólo del penal de Devoto sino de todo el Sistema Penitenciario Federal en general: desde que estamos allí, hemos recibido constantemente ese tipo de denuncias. Y la capacidad de repercusión hacia el exterior que tiene el Centro Universitario permite el vínculo y la comunicación, no sólo con la Universidad sino también con la Procuración Penitenciaria [de la Nación] y las organizaciones de derechos humanos que trabajan con la problemática carcelaria.

- ¿Cuál es el trasfondo político de todo esto?

En los últimos tiempos estamos viendo de qué manera se está rearticulando el aparato represivo del Estado, donde se advierte una intención de lavarles la cara a las fuerzas de seguridad, o a señalar a sectores muy bien acotados, y a borrar la responsabilidad que tiene el Estado respecto del control de esas fuerzas y de cómo administran la seguridad, o incluso el delito. Creo que esto guarda relación con una serie de movidas acerca de causas a nivel nacional e internacional sobre torturas y malos tratos en las cárceles; y podríamos hablar de cierta preocupación del Estado argentino, en los términos más amplios posibles, respecto de qué información trasciende hacia afuera acerca del maltrato y las malas condiciones del encierro, y cómo se hace para aplacar la conflictividad institucional entre la Justicia, el Ejecutivo y el sistema penal, con vistas a las elecciones de 2011. En ese sentido, es un dato no menor el reciente juicio sobre la Unidad Penitenciaria N°9, de La Plata.

- ¿Por qué es tan importante?

- Porque es la primera vez que se ha juzgado y condenado a agentes penitenciarios en un juicio, señalándose a la institución penitenciaria como parte del circuito de detención, tortura y desaparición en el genocidio de la última dictadura militar.

Incluso en la sentencia el Tribunal, presidido por [Carlos] Rozanski, conmina a la Secretaría de Derechos Humanos [de la provincia de Buenos Aires], al Comité contra la Tortura y a otras instituciones bonaerenses a llevar adelante las políticas necesarias para eliminar las celdas de castigo que siguen funcionando hoy en esa Unidad, trazando un paralelo entre la represión ilegal y la represión en democracia.