A 14 años de la sanción de la Constitución porteña

Autonomía relativa

Pese a ser considerada autónoma, la Ciudad de Buenos Aires tiene un tendal de asignaturas pendientes para saldar con sus ciudadanos. El poder político no ha logrado resolver cuestiones elementales para cumplir con la Constitución. Algo que no se resuelve con la mera descentralización administrativa.

Por Gabriel Morini

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires bien podría cambiar su denominación a Ciudad “Relativamente” Autónoma. Nacida al calor del denominado Pacto de Olivos, acordado entre los ex presidentes Raúl Alfonsín y Carlos Menem, la intención de dotar al distrito con la superficie más poblada de la Argentina, con las características de independencia que hoy tienen ciudades europeas como Madrid o Barcelona, se encuentra limitada por la legislación y empantanada en la desidia política. Del enigma jurídico que entrañaron las atribuciones que fueron sancionadas en la Constitución de 1996, solo se avanzó en la posibilidad de crear la Policía Metropolitana, cuyas responsabilidades están bastante acotadas, y con el traspaso de algunas competencias de la Justicia ordinaria nacional al ámbito capitalino. Las demás cualidades que debiera manejar un distrito verdaderamente autónomo están lejos de poder concretarse. La puja por un presupuesto millonario y las zancadillas que los gobiernos nacional y municipal se hacen mutuamente, auguran al menos una década más de tironeos antes de lograr la cada día más utópica autonomía real.

Corría el año 1995, cuando doce meses antes de que los porteños eligieran su primer jefe de Gobierno, el Congreso limitó, a través de la ley 24.588, los alcances de la incipiente autonomía con la que la reforma constitucional de 1994 en su artículo 129 pretendía satisfacer las demandas de los habitantes de la Ciudad. El problema era cómo hacer con el lugar que a la vez es la capital de la República Argentina, y la solución fue establecer que una serie de facultades pasaran a ser indelegables de la órbita del Estado nacional. A partir de la Ley de “Garantías del Estado Nacional”, pergreñada por el entonces senador por la provincia de Buenos Aires, Antonio Cafiero, la legislación fue la que maniató las aspiraciones de los sucesivos jefes de Gobierno para alcanzar la regulación del transporte público, la policía, los puertos, los juegos de azar, los servicios públicos y la Justicia, entre otras cosas. En ese momento fue cuando la ciudad adquirió un status jurídico excepcional, siendo a la vez un municipio federal y autónomo. Influida por ser la capital del país, su autonomía quedaba en un nivel intermedio entre la de las provincias y la de un municipio ordinario. Además de las atribuciones, que debieron ser transferidas, la Constitución también exigía el traspaso de los fondos correspondientes para su manutención, algo que fue objeto de disputa entre las administraciones comunales y el Ejecutivo nacional en las sucesivas gestiones, sin haber alcanzado en la actualidad nada más que algunos atajos en el laberinto normativo que la envuelve.

El problema de la autonomía tiene además de dificultades jurídicas, otras que provienen del modo de organización administrativa que en su momento se le otorgó a Buenos Aires. Entre las objeciones planteadas a la administración encabezada por Mauricio Macri, se señala una escasa voluntad política para materializar la famosa descentralización que les permitirá a los vecinos de la ciudad tener una junta comunal por cada una de las 15 divisiones territoriales que incluyen a los “100 barrios porteños”. Amparos judiciales mediante, y aunque la legislación no es nueva, con viento a favor, recién en el 2011 los porteños podrán elegir sus representantes para ocupar los cargos electivos, algo que debió haberse logrado mucho antes. Mientras tanto, desde el PRO aseguran que están enfrascados en las tareas de difusión y de información acerca de lo que se elegirá y que están seguros de arribar a buen término en materia de comunicación. Sin una verdadera descentralización participativa, y sin una ciudadanía informada acerca de lo que elegirá, la ley de comunas corre el riesgo de ser un arma de doble filo que en lugar de traer soluciones sea la vía más corta para un estado cada vez más burocrático, aprovechado por una minoría que se apodere del control de las juntas.

El más resonante de los avances en materia de independencia fue el de la creación de la Policía Metropolitana. Para esto, uno de los artículos de la “Lay Cafiero” debió ser derogado. Pero las competencias de la nueva fuerza son limitadas: contravenciones y delitos menores. La explicación a esto está directamente relacionada en un principio con el traspaso de fondos que jamás logró ser acordado entre los distintos estratos gubernamentales. Hoy la Metropolitana puede intervenir en delitos flagrantes pero está limitada al código contravencional, cuyo delito más grave es la usurpación. En el resto de los casos, deberán cooperar con la Federal. Por el otro lado, la Justicia es la gran asignatura pendiente. La Justicia porteña tiene las competencias para actuar en cuestiones contravencionales y bajo su órbita puede actuar en 28 delitos en el ámbito capitalino. Ni hablar de los Tribunales Vecinales, pensados desde la Constitución para atender cuestiones de vecindad, delitos no punibles con cárcel, y reclamos civiles. Aunque esto podría estar discutiéndose en la Legislatura desde 1996, ni las competencias penales ni las civiles se han terminado de traspasar por parte del Congreso nacional. Nuevamente el tema del traspaso de fondos de Nación a Ciudad vuelve a estar sobre el tapete y la puja no se resuelve. En Bolivar 1 acusan a la Casa Rosada, y ésta devuelve la pelota argumentando que si Macri quiere su propia justicia, su propia policía, debe hacerse de los fondos para mantenerlas.

Pero una real autonomía involucra varios otros aspectos a los ya mencionados que están navegando por un limbo más atribuible a los vaivenes de la política, que al signo partidario de los gobernantes. Todo el sistema de transporte –colectivos, subtes, concesiones, reglamentaciones, etc—, el puerto; el registro inmobiliario; la gran caja política de los juegos de azar –uno de los trofeos más preciados, que los políticos abominan en público, pero al que recurren para financiarse—; el control del espectro radioeléctrico. Todo esto sumado a los servicios primarios como el sistema educativo y de salud completan el cuadro de atribuciones que una ciudad autónoma debe controlar. Allá por los 90 los hospitales y las escuelas fueron transferidos a la órbita capitalina entre gallos y medianoches. El permanente reclamo de las administraciones porteñas al Estado para financiar estas estructuras, contribuyó junto a las gestiones ineficientes al desesperante estado en el que hoy se encuentran escuelas y hospitales.

Cuando desde el propio seno del macrismo reconocen que los avances en materia de autonomía real son mínimos. Que, a este ritmo, llevará alrededor de ocho años más que la Policía Metropolitana alcance la cantidad de efectivos necesaria para tener una cobertura territorial completa del ámbito de la ciudad para alcanzar a la Federal. Que para que las competencias de la Justicia sean traspasadas por completo hace falta que las fuerzas políticas se pongan de acuerdo y además destinen los fondos. Cuando la fecha para la elección de los representantes comunales que materialicen la descentralización debió ser forzada a través de medidas judiciales, y ni siquiera se discute acerca de cuándo el resto de las atribuciones puedan quedar en manos de las autoridades municipales, el panorama deja en rojo el campo de los pendientes. El encontronazo entre lo que establece la Carta Magna para la Ciudad, con su propia Constitución deja como resultado una maraña indescifrable que el poder político se niega a desenredar. La ilusión de una Ciudad Autónoma a la altura del espíritu que alumbró su nacimiento hace ya 14 años, se ha convertido con el paso del tiempo en una lejana utopía.