Escuchas ilegales: la estrategia macrista

Cambiame la música

Por Fernando Casasco

Como ocurrió con las promesas de los 10 kilómetros de subte por año; como pasó con la supuesta mayor inversión en infraestructura escolar de la historia; como aconteció con las mil y una medidas en las que el Gobierno de la Ciudad debió dar marcha atrás. Más allá de voluntarismos, Mauricio Macri tuvo que aceptar la verdad también en el caso de las escuchas ilegales y cambiar de estrategia sobre la marcha.

Que se entienda bien: no se trata de que el jefe de gobierno porteño hizo un acto de arrepentimiento y confesó todo lo que sabe sobre el escándalo por el cual se encuentra procesado judicialmente. Para nada. Sigue sosteniendo que se trata de una causa inventada por el kirchnerismo para desprestigiarlo y truncarle su carrera política. Pero sigilosamente, o no tanto, comenzó a cambiar algunas de las actitudes en las que había incurrido en sus conferencias de prensa o sus habituales declaraciones a distintos medios y actuar en sentido inverso.

En materia judicial, Macri insiste públicamente con su intención de llegar a juicio oral y público “lo antes posible”, ya que cree que en esa instancia las cosas se aclararán a su favor. Repitió esa tesis tras la confirmación de su procesamiento por parte de la Cámara Federal porteña. Sin embargo, su defensa presentó un planteo para apelar el fallo ante la Cámara de Casación. Pero los camaristas volvieron a rechazarlo, al considerar que su procesamiento no es un fallo equivalente a una sentencia definitiva, como las que trata el máximo tribunal penal del país. La situación cambiaría si el procesamiento del jefe de gobierno incluyera la prisión preventiva: a Jorge ‘Fino’ Palacios, detenido por este caso, ya se le habilitó el recurso a Casación.

Pese a que el fallo de la Cámara lo dejaba más cerca del juicio oral que, según él, tanto ansía, la defensa de Macri seguirá apelando. Al filo del discurso esquizofrénico, señaló al conocer la resolución: «Nosotros seguimos con lo mismo: pedimos el juicio oral porque ahí se acaban todos los cuentitos; tienen que venir las pruebas que no existen». Pero de inmediato agregó: «Seguiremos con el reclamo en queja (a Casación), como siempre se supuso que se iba a hacer». Incluso ya se habla de un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia, lo que alargaría aún más los plazos para un juicio oral.

No se afirma aquí que el jefe de gobierno esté planteando recursos, con el propósito de embarrar la cancha. Todo lo contrario: a Macri le asiste, como a todos los ciudadanos del país, el derecho al debido proceso y a apelar su situación frente a todos los tribunales que la Constitución y las leyes lo habiliten. Pero lo que es criticable es el doble discurso según el cual se puede decir cualquier cosa frente a los micrófonos, mientras que en los hechos se actúa de forma contraria a lo que se enuncia.

Otro tanto ocurrió en el terreno político. La inédita y peligrosa idea del macrismo de someter a su jefe a un juicio político, fracasó de antemano. El oficialismo pretendía un rápido trámite en el que se lograra una pronta absolución que, si bien no evitaba la investigación judicial, le daba un triunfo político a su jefe de cara al crucial 2011. En cambio, la Legislatura aprobó por 36 votos opositores contra 24 macristas la creación de una comisión investigadora especial para determinar la responsabilidad política de Macri y sus funcionarios en el escándalo del espionaje ilegal. La comisión tendrá hasta el 15 de diciembre para emitir un dictamen: tal vez las fiestas de fin de año vengan con alguna sorpresa para los porteños.

A renglón seguido llegó la polémica por la conformación de la comisión. La Constitución establece que la Legislatura puede “crear comisiones investigadoras sobre cualquier cuestión de interés público. Se integra con diputados y respeta la representación de los partidos y alianzas”. El artículo admite distintas interpretaciones: si es que se debe representar la proporcionalidad de los diputados que cada partido tiene en el recinto; o si, debe integrarse con todas las fuerzas políticas representadas en el cuerpo legislativo. Tras varios días de discusión, la oposición impuso la segunda opción, correspondiéndole al bloque del PRO cinco lugares de un total de diecisiete, y uno a cada una de las otras bancadas. El macrismo, que exigía siete puestos, estuvo a punto de romper las negociaciones y negarse a integrarla. Pero primó un duro antecedente: en el trámite que precedió a su juicio político, Aníbal Ibarra le negó legitimidad a la comisión que lo investigó. La historia tiene un final conocido: el ex fiscal fue destituido.

Tras algunos tironeos por saber quien la encabezaría, la comisión quedó integrada por: Presidente: Martín Hourest (Igualdad Social); Vicepresidente: Martín Ocampo (PRO); Secretaria administrativa: Gabriela Cerruti (Nuevo Encuentro); Martín Borrelli, Lidia Saya, Fernando De Andreis y Cristian Ritondo (PRO), Fabio Basteiro (Proyecto Sur), Julián D’Angelo (Socialista), Fernando Sánchez (C.Cívica), Diego Kravetz (Peronista), Juan Cabandié (EPV), Marcelo Parrili (MST-Nueva Izquierda), Raúl Fernández (Encuentro Progresista), Daniel Amoroso (Unión Federal), Eduardo Epszteyn (Diálogo por Bs.As.) y Rubén Campos (UCR).

Por último, el macrismo trató de postergar varias veces la comparencia del propio jefe de Gobierno en la Legislatura, a fin de evitar lo que ellos llaman un “show mediático” de parte de la oposición. Sin embargo, dadas las circunstancias y frente al hecho consumado de la conformación de la comisión investigadora, Macri tuvo que cambiar otra vez de idea y asistir al parlamento local.

En su alocución matutina ante los legisladores, repitió la tesis sobre la que se explayó una y otra vez: «Soy víctima de una agresión política que ha sido conducida por Néstor Kirchner». Sobre la responsabilidad en la causa del ‘Fino’ Palacios, el hombre al que Macri había confiado la formación de la Policía Metropolitana, esgrimió la filosofía de Pilatos: «Yo no condeno a Palacios, espero que lo juzgue la justicia. Tampoco lo defiendo porque el es mayor de edad como para defenderse solo».

Si bien las preguntas de los legisladores abundaron en lugares comunes y poco incisivos, hay algunos datos para subrayar. Uno fue una de las contradicciones más flagrantes de Macri, cuando señaló: «Nunca tuve que confiarles mis hijos a Palacios. Pero si Burstein les confía sus hijos como lo dijo públicamente, con más razón se los confiaría yo». Había sido el jefe de gobierno el que públicamente reconoció en julio de 2009, cuando arreciaban las críticas por la designación del “Fino”: “Es un hombre absolutamente honesto, capaz, que va a velar por la vida de todos los porteños y al cual yo le he confiado la seguridad de mis hijos». O se olvidó a quien le confiaba la seguridad de sus hijos o mintió. Ambas cosas son graves.

Además, Macri contó que cuando pensó en designar a Palacios, fue “en persona a la Embajada de Israel” a consultar si había algún impedimento por su actuación en la causa AMIA, y que le dijeron que el Fino “es un amigo de Israel y que lo habían destinguido». Las declaraciones fueron desmentidas por el ex embajador de Israel, Rafael Eldad. “La verdad es que ni conozco ni sé quién es Palacios. Creo que debe haber una equivocación”, expresó Eldad. Las referencias sobre su jefe de policía, que el jefe de gobierno enarbola como una victoria, hablan por sí solas: asegura que fue recomendado por la CIA, la DEA, el FBI, y el Mossad israelí. Referencias que, en todo caso, podrían servir para un candidato a dirigir la SIDE, y no una policía comunitaria, de proximidad, que debe actuar en conflictos vecinales o en infracciones menores. Reiterar ese tipo de recomendaciones significa aceptar la irresponsabilidad o ineptitud política de antemano.

Las idas y vueltas son constantes. Las declaraciones que se contradicen siguen aflorando. Habrá que esperar que los hechos vayan contando la verdad y se lleven la hojarasca de las palabras.