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Mayo 2012

Director Propietario & Editor Responsable

Ignacio Di Toma Mues


Enero 2010
Año IX | Edición N° 90

Estación Villa Pueyrredón

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Periodico
EL BARRIO VILLA PUEYRREDON

Tapa Periódico Enero 2010

Edicion Enero 2010


Investigación a cargo de la Defensoría del Pueblo porteña

Duro informe sobre el accionar de
la Policía Federal en la ciudad

La Defensoría del Pueblo porteña realizó un duro informe sobre el accionar de la Policía Federal en la Ciudad de Buenos Aires. Este documento dado a conocer a pocos días del lanzamiento efectivo de la nueva policía metropolitana – compuesta por muchos ex agentes federales, entre otros – toma veinte casos de violencia policial ocurridos en la ciudad en el transcurso de los años 2008 y 2009 en los cuales tuvo intervención directa la Defensoría.

Este organismo autárquico, presidido por la Dra. Alicia Pierini, afirma en uno de los párrafos iniciales del informe que “durante los últimos años la inseguridad ha sido percibida como una de las principales preocupaciones sociales en el país y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al mismo tiempo que se advertía, sin embargo, un descenso en la tasa de los delitos contra las personas” y que “el nivel de violencia institucional en general, y en particular de violencia policial, también había mostrado un descenso hasta el año 2007”. Además agrega que en los años 2008 y 2009 “se agravaron las acciones irregulares en el proceder policial, con casos de homicidios, apremios ilegales, lesiones graves y otros”.

La Defensoría para la realización de este informe recolectó testimonios de víctimas y testigos del accionar ilegal de la Policía Federal a la vez de realizar requerimientos a las autoridades responsables.

“En los casos analizados se advierte una brecha entre el “accionar real” desplegado por los efectivos policiales en el procedimiento y el “deber ser” jurídico al que están legalmente sujetos. El uso de la fuerza resultó excesivo, desproporcionado o irracional; y llevado a cabo generalmente contra personas y sectores de la población social y económicamente más vulnerables de la Ciudad” informa la Defensoría y advierte que “los operativos policiales en desalojos o manifestaciones públicas como en los casos de abuso individuales no sólo no se respetaron los estándares internacionales de protección de los derechos humanos sino que se cometieron diversos tipos de delitos que requirieron o requieren investigación en el fuero penal”.

Por otra parte, la Defensoría critica duramente a la Policía Federal ya que considera que esta institución “principal fuerza de seguridad que actúa en nuestra Ciudad” es la menos permeable a los principios democráticos en la Argentina: “Luego de veintiséis años transcurridos desde el fin de la dictadura militar el accionar policial parecería continuar sin adecuarse cabalmente a las reglas de la democracia y en muchos casos reproduciendo un esquema de impunidad de épocas pasadas. La sociedad civil sigue siendo víctima de los abusos policiales y de la impunidad con que estos funcionarios actúan. Su imagen ante la opinión pública no es favorable”.

Respecto del accionar de esta fuerza de seguridad, la caracteriza como autoconservativa y orientada a desarrollar acciones con una perspectiva bélica del control delictivo y con una conducta poco apegada al respeto de la normativa vigente.

“El accionar policial tradicional ha estado generalmente orientado al ejercicio de formas de control social extrainstitucional, encaminadas a la inspección y disciplinamiento de todo tipo de conductas según una visión asentada, casi siempre, en una perspectiva discriminatoria”.

El “olfato policial” o la “actitud sospechosa” caen siempre sobre determinados sectores vulnerables de la población; que funciona a modo de control social. Este desvío de las normativas por parte de la Policía Federal ha generado actos de violencia institucional muchos de ellos denunciados ante la Defensoría del Pueblo. Estas denuncias involucran lesiones, abusos, apremios y homicidios.

Por último la Defensoría advierte, y esto es lo más preocupante, que “las respuestas brindadas en la mayoría de los requerimientos evaden la responsabilidad institucional y se aferran a una versión policial de los hechos argumentando el uso adecuado de la fuerza, negando los apremios o justificando la muerte en enfrentamientos que no siempre resultan probados”.



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