Entre Papel Prensa y la Ley de Medios Audiovisuales

El papel de los medios

Por Fernando Casasco

El pasado 24 de agosto la presidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó en Casa de Gobierno, con pompa ritual y en mensaje difundido por cadena nacional, un informe de 400 páginas, denominado “Papel Prensa, la verdad”. Allí anunció que el Gobierno realizaría una denuncia judicial por delitos de lesa humanidad contra directivos de Clarín y La Nación en la compra de acciones de Papel Prensa, la compañía que abastece el 75% del consumo local de papel para diarios.

En el informe se detallan las maniobras que los propietarios privados (Clarín posee el 49% de las acciones; La Nación, el 22,49%; el Estado retiene el 28%) llevaron a cabo, en complicidad con las autoridades de la dictadura militar, para apoderarse de la empresa que pertenecía al financista y banquero platense David Graiver.

En noviembre de 1976, la viuda de Graiver, Lidia Papaleo, y los padres del financista, Juan y Eva, fueron presionados para vender sus acciones de Papel Prensa a Fapel (una empresa ficticia formada por los diarios Clarín, La Nación y La Razón), por 996 mil dólares.

La viuda de Graiver, quien denunció que fue amenazada personalmente por el CEO de Clarín, Héctor Magnetto, recibió sólo 7 mil dólares de adelanto, por una operación millonaria. Cinco meses después los tres vendedores fueron secuestrados por un grupo de tareas, al igual que Isidoro Graiver (hermano de David), el apoderado de la familia, Jorge Rubinstein, y las colaboradoras Silvia Fanjul y Lidia Gesualdi. Pocos días después, firmó la cesión de sus acciones el testaferro de Graiver, Rafael Ianover, quien también sería secuestrado en un operativo ordenado por el general Ramón Camps.

Señala el periodista Jorge Devincenzi que “la historia de la apropiación de Papel Prensa (...) repite una matriz que fue constante durante la dictadura cívico-militar de la que (el ex ministro de Economía, José) Martínez de Hoz fue su indiscutido jefe civil.

En esa matriz, el Estado es el campo de batalla, y el objetivo, la concentración de capitales. Si esta concentración pertenece a la “naturaleza” del capitalismo, la dictadura utilizó a discreción el terror, la desaparición forzada y la tortura para apurarla”(1). Entre las operaciones en las que la dictadura benefició a grupos económicos ligados al poder se pueden enumerar las fraudulentas estatizaciones de Austral o la Compañía Ítalo de Electricidad, los beneficios económicos a Acindar, o los créditos otorgados por el Ba.Na.De.. Los tres diarios se apoderaron de un pingüe negocio con Papel Prensa, y la moneda de cambio fue su apoyo irrestricto al régimen del terrorismo de estado.

Más allá de lo que vaya a determinar la Justicia en cuanto a la imprescriptibilidad o no de los delitos cometidos en la apropiación de Papel Prensa, la realidad es que los accionistas privados de la compañía siguen usufructuando su poder monopólico en la producción de papel para diarios y revistas. Según datos del Instituto Verificador de Circulación, en las décadas del ’60 y ’70 ningún diario superaba el 16% de la circulación total; en cambio, a partir de 1980, dos años después de la inauguración de Papel Prensa, Clarín ya detentaba el 20% del mercado, seguido por el 9% de La Nación⁽²⁾.

Según estimaciones del sector, Clarín y La Nación pagaron en 2009 un precio de entre 538 y 539 dólares por tonelada de papel, mientras que el resto de los compradores abonaron 606 dólares. Pero como no todas las empresas pueden acceder a los cupos otorgados por Papel Prensa, las que debieron importar pagaron hasta un 58% más caro el papel⁽³⁾. Esta situación fue denunciada históricamente por diarios provinciales y vecinales, pero también medios de mayor alcance como Crónica, Ámbito Financiero y Página/12, que sufrían un ahogo por conseguir el insumo más importante para cualquier publicación escrita. Menor capacidad para publicar información e ideas significa menor libertad de expresión y mayor concentración del poder de la palabra.

Paralelo a la denuncia judicial, el Poder Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley que declara de interés público la producción de pasta papel celulosa y papel de diario, así como su distribución y comercialización. La iniciativa, debatida en audiencias públicas convocadas por la Comisión de Comercio de la Cámara baja, crea una Comisión Bicameral de seguimiento del tema e instruye al Poder Ejecutivo a elaborar y enviar a la comisión un proyecto de marco regulatorio para la actividad.

El punto decisivo que deberá incluir ese marco regulatorio es el de “disponer las medidas que permitan el abastecimiento de todos los medios de información gráficos que lo requieran, en condiciones igualitarias, asegurando el respeto de la igualdad en los precios de compraventa del producto”. Pese al apoyo a la medida de parte de empresarios, gremios del sector y universidades, los principales bloques de la oposición pidieron que fuera la Comisión de Asuntos Constitucionales la encargada de encabezar el análisis del proyecto. En caso de que la iniciativa termine siendo cajoneada, el denominado “Grupo A” se ganará el agradecimiento sincero de Clarín y La Nación.

Un toque de atención

El poder que sumó Clarín a partir del apoderamiento de Papel Prensa fue inmenso. Sólo diez años después de haber inaugurado la planta productora en Campana, el grupo liderado por Ernestina Herrera de Noble y Magnetto se lanzó a su expansión total en materia de medios de comunicación en la Argentina: compró Radio Mitre, Canal 13, radios y canales de todo el país, varios medios gráficos (su ex socio La Razón, La Voz del Interior de Córdoba, Los Andes de Mendoza), ingresó al negocio de la telefonía celular, monopolizó las transmisiones de fútbol pago, expandió sus redes de cable por todo el país. Como relata el fallecido fundador de Ámbito Financiero, Julio Ramos (un ultraliberal insospechado de kirchnerista), “el grupo Clarín va destruyendo uno a uno los medios competidores a los que ahoga financieramente, al encarecer el papel, y con diversas operatorias. (…) Con las facilidades y cuotas de papel logró los votos para apropiarse de la totalidad de las asociaciones que agrupaban a entidades de prensa gráfica, radiofonía o televisión que usó siempre, en declaraciones públicas para sus propios fines. Influyó en reformar la Ley de Radiodifusión a sus designios en 1989. Con televisión, radios y agencias propias avanza sobre la restante prensa publicitándose como los demás no pueden hacerlo porque no recibieron estas dádivas de los regímenes militares”⁽⁴⁾.

Más allá de que se pueda calificar al gobierno de oportunista por el momento en que lanzó el tema, un límite que se puso a ese poder casi omnímodo fue la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, un gran paso que la democracia reclamaba desde hace 27 años. Con sus imperfecciones, la norma pone límites claros a la concentración de medios en pocas manos y abre un abanico de oportunidades para que nuevas voces surjan. Pero, si bien perdió en su cruzada por frenar la sanción de la ley, el Grupo Clarín conserva poder de daño, el cual se expresa actualmente en las medidas cautelares que obtuvo para no acogerse a los criterios de la nueva norma. Fundamentalmente se opone a la aplicación del artículo 161, que habla del plazo de un año para adecuarse a los términos de la ley, lo que lo obligaría a desprenderse de decenas de licencias a lo largo y ancho del país. El Poder Ejecutivo se presentó con un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia, que deberá resolver si mantiene la medida cautelar que beneficia al monopolio o la revoca.

El escándalo que algunos medios armaron alrededor del exabrupto de Hebe de Bonafini en el acto frente a Tribunales en reclamo de la efectiva aplicación de la ley, demuestra que la lucha recién empieza. Así como la sociedad civil tiene el derecho de peticionar ante las autoridades (los jueces son una de ellas), también tiene el derecho a ser informado correctamente y a escuchar todas las voces. De modo que el papel de los grandes medios y de la prensa debe seguir siendo examinado y debatido para construir una sociedad más plural y democrática.

(1) Devincenzi, Jorge: “Papel Prensa y los delitos económicos de la dictadura cívico-militar” http://patria-o-colonia.blogspot.com/2010/08/por-que-el-gobierno-no-se-enfrento.html (2) Secretaría de Cultura de la Nación: “Diarios. Concentración y caída en la venta de ejemplares”. Boletín informativo del Laboratorio de Industrias Culturales. Año 5. N° 19. Junio 2010. (3) Cecchini, Daniel y Mancinelli, Jorge: “Silencio por sangre”. Perio Mundo, Bs. As., 2010. (4) Ramos, Julio A.: “El periodismo atrasado”. Fundación GADA, Bs. As., 1996.