Crisis institucional en la Ciudad

Entre la gloria y Devoto

Aunque le cueste admitirlo, Mauricio Macri quedó entre la espada y la pared. La noticia de la confirmación de su procesamiento en la causa por escuchas ilegales fue un cross al mentón del cual al jefe de gobierno porteño le costará recuperarse. Su intención de mostrarse a la ofensiva y marcar los tiempos de su propio juicio político parece encallar antes de zarpar.

Por Fernando Casasco

La noticia fue lapidaria y sonó como un trueno en la política porteña y nacional: la Cámara Federal confirmó por unanimidad el procesamiento del jefe de gobierno Mauricio Macri como partícipe necesario de una asociación ilícita dedicada al espionaje clandestino. También se le imputan los delitos de falsedad de documento público, intercepción de llamadas telefónicas y abuso de autoridad. El hecho de que los camaristas Jorge Ballestero, Eduardo Freiler y Eduardo Farah hayan confirmado lo actuado por el juez federal Norberto Oyarbide, descolocó aún más a los dirigentes y funcionarios del PRO, que al menos aguardaban algún voto en disidencia. La sentencia, dura por donde se la mire, sostiene que Macri “conoció y prestó su consentimiento para instalar, en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un aparato de inteligencia prohibido, del cual se habría servido”.

Macri y sus allegados insistieron en el discurso consensuado con el asesor de imagen ecuatoriano Jaime Durán Barba, según el cual toda esta causa y la imputación contra el jefe de gobierno forman parte de un intento del kirchnerismo por alejarlo de la lucha por la presidencia. “Estamos muy tranquilos” y “no nos van a parar” fueron los latiguillos favoritos utilizados frente a cada micrófono. Pero los argumentos comenzaron a flaquear. Los funcionarios criticaron que la cámara no haya cambiado “ni una coma” de lo resuelto por Oyarbide. Craso error: en el fallo resulta desprocesado el ex ministro de Educación Mariano Narodowski, en cuya área estaba contratado el espía Ciro James. Además indicó al polémico juez que acepte los pedidos de la defensa de Macri, y que investigue la conexión con la agencia de seguridad contratada por el padre del jefe de gobierno, Franco Macri. Y puso la mira sobre Andrés Ibarra, allegado a Macri desde su época en SOCMA. Ex viceministro de Educación y actual gerente de Recursos Humanos del gobierno de la Ciudad, Ibarra habría sido el hombre clave en la contratación de James como auditor en el área educativa. Ibarra y Jorge Fino Palacios entablaron una relación cercana cuando fueron gerente general y jefe de seguridad del club Boca Juniors., respectivamente, durante la presidencia de Macri. Todas estas puntas serán las que el juez seguirá investigando a partir de agosto.

Si el panorama en la justicia se presenta negro para el mandatario, el horizonte político tampoco es el mejor. Los opositores al gobierno nacional que en su momento se mostraron escépticos respecto al fallo de Oyarbide y sus reales motivos, ahora salieron a despegarse del jefe de gobierno. Las declaraciones más duras fueron las de la líder de la Coalición Cívica, quien sostuvo que el fallo era “impecable”. «No comparto la posición de que este fallo responde a una voluntad del Gobierno», aseguró Lilita. Ni la familia le dio una mano a Mauricio: Franco Macri, de visita a China junto a la comitiva presidencial, afirmó que «pondría las manos en el fuego» para confirmar «que el gobierno nacional no tienen nada que ver» en la causa.

Jugar de local

Sabedor de que el costo político en su contra es insoslayable, Macri intentó acotarlo a un margen “razonable”. Y sobre todo controlable desde el poder numérico de su partido. Anunció que pediría a sus diputados que impulsen en la Legislatura su propio juicio político. Ante la indefinición de los tiempos en que se resolverá la cuestión en la justicia, la idea era conseguir en forma rápida y expeditiva una absolución, aunque fuera en el escenario político que más le conviene al PRO. Una jugada arriesgada: no tanto desde lo político, sino más bien desde lo institucional. Es inédito que un mandatario pida su propio enjuiciamiento, para el cual debería autoimputarse de la comisión de un delito o del mal desempeño en sus funciones. Además, se juega con las instituciones al agregarle incertidumbre a la sucesión, tras la eyección de Gabriela de la vicejefatura de gobierno, obligada a aceptar la nominación como diputada nacional en las elecciones del año pasado.

La estrategia del macrismo para avanzar en el juicio político como respuesta a la crisis también generó grietas internas. Al lado del jefe de gobierno se mostraron el vicepresidente 1º de la Legislatura y segundo en la línea sucesoria, Oscar Moscariello y los legisladores Martín Borrelli y Alvaro González, entre otros. Algunos de ellos incluso fogonearon la idea. En cambio, el que no salió en la foto fue el presidente del bloque del PRO Cristian Ritondo. Con la excusa de unas vacaciones familiares en Disney, el legislador demostró que no estaba del todo de acuerdo con la estrategia macrista. Hacia adentro de la bancada volvieron a escucharse críticas a su conducción. Y crecieron los rumores sobre un posible salto del dirigente peronista de Mataderos hacia las filas del PJ disidente, en el que milita desde hace rato su mentor, Miguel Angel Toma. Desde el peronismo opositor a los Kirchner caen cada vez más las expectativas a una alianza con el PRO: Eduardo Duhalde señaló que el candidato a presidente de ese sector debía ser un justicialista, por lo que Macri no contaba con chances.

También la crisis repercutió en la relación con los aliados. Si bien en principio Francisco De Narváez dijo apoyar la medida del macrismo por considerar que le “agregaba transparencia” al asunto, luego los legisladores que militan en el espacio del empresario no mostraron mucho entusiasmo en votar junto a la bancada del PRO. Es más, Daniel Amoroso y Mónica Lubertino enfatizaron su independencia y dijeron que votarían según “su conciencia” en el recinto de la Legislatura, abriendo aún más las heridas que no dejan de sangrar entre Macri y su ex aliado bonaerense.

Repasemos: para realizar el juicio político al jefe de gobierno la Legislatura se divide en cámara acusadora y cámara juzgadora. Allí hacen falta dos tercios para acusarlo y suspenderlo en sus funciones, y otro tanto para destituirlo, respectivamente. Pero si bien el bloque del PRO podría bloquear la destitución e incluso la suspensión del jefe de gobierno en un eventual juicio político, no cuenta con la mayoría suficiente como para imponer su agenda al resto de la Legislatura. Con el solitario apoyo al juicio político del legislador de Nueva Izquierda Marcelo Parrilli, la discusión va camino a centrarse en la conformación de una comisión investigadora especial solicitada por los partidos de la oposición. Según el artículo 83 de la Constitución de la ciudad, la Legislatura puede “crear comisiones investigadoras sobre cualquier cuestión de interés público. Se integra con diputados y respeta la representación de los partidos y alianzas”. El debate pasa ahora por el número de oficialistas y de opositores que integrarían la mentada comisión.

Macri asegura que los bloques opositores quieren montar “un show mediático” con la creación de la comisión. No es precisamente el jefe de gobierno alguien que pueda sermonear desde el altar de su perfil bajo: ¿serán los legisladores opositores los que desfilarán en los próximos meses por los programas de Mirtha Legrand, Susana Giménez y Marcelo Tinelli? ¿O los que emitan costosos spots televisivos mostrándose junto a los trabajadores que refaccionaron el Teatro Colón o preocupados en charlar con “los vecinos” acerca del problema de la inseguridad?

Está claro que ni la causa por la que está procesado lo puede llevar a la cárcel, ni que por ahora pueda tener problemas en la Legislatura. Pero el avance de la investigación en paralelo en la Justicia y en el Poder Legislativo puede generarle a Macri sinsabores inciertos. Y una carrera política truncada podría ser un castigo difícil de soportar para alguien tan acostumbrado a la gloria.