Brutal desalojo de un asentamiento

La Defensora del Pueblo denunció penalmente
a la División Roca de la Policía Federal

La Defensora del Pueblo de la Ciudad, Alicia Pierini, presentó una denuncia penal contra el personal de la División Roca de la Policía Federal por Vejaciones y apremios ilegales, torturas, lesiones, y incumplimiento de los deberes de funcionario público y daños cometidos el 10 de noviembre durante el desalojo que se realizó en el asentamiento de Av. Vélez Sársfield y las vías del ferrocarril, ubicado en la Villa 21.24.

La Dra. Pierini advirtió en su presentación ante la justicia que “Estamos frente a la criminalización de la usurpación y desalojo compulsivo por medio de violencia, apremios ilegales, picana y topadoras que no parece ser la medida más acertada a adoptar por el Estado ante la problemática que afecta a quienes viven en estos nuevos asentamientos urbanos cuya situación debería ser analizada en primer término a la luz de lo dispuesto en el art. 14 bis de la Constitución nacional y con medidas tendientes a proveer a su seguridad.

Durante el desalojo, ordenado por Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas número 2, fueron agredidas mujeres con sus bebés en brazos, gente mayor y niños. “Los niños y adolescentes constituyen un grupo que debe ser protegido especialmente ante situaciones como las denunciadas” afirmó Pierini.

Las personas que residían en ese predio manifestaron ante la Defensoría del Pueblo porteña haber sido víctimas de violencia y abuso por parte de los efectivos de la Policía Federal que intervinieron en el desalojo.

Desde la Defensoría del Pueblo se informó, en base a los testimonios recogidos, que los agentes de la División Roca actuaron con brutalidad, sin uniformes o identificación de la mayoría de ellos, y con portación visible y uso de picanas eléctricas.

La restitución del predio a la empresa “Ferrosur” incluyó la demolición de las precarias viviendas y el secuestro de todos los bienes de las familias residentes del asentamiento. Respecto a este punto la Defensora del Pueblo, en su denuncia penal, aseguró que en modo alguno puede admitirse que la orden judicial autorizara a dañar y a inutilizar los elementos secuestrados y que “resulta difícil imaginar, además, que la restitución de los bienes sea factible por cuanto los afectados denunciaron que el personal interviniente no efectuó inventario alguno en el marco del procedimiento”.

Catalina Raquel Ortigoza de Pérez declaró en la sede de la Defensoría que “… en ese momento veo como a la vecina de la casilla 12 la estaban sacando por la fuerza aproximadamente 10 oficiales, que la empujaban con el bebé en brazos, hasta que cayó al suelo, el marido de la mujer quien también cayó al suelo, intentó levantarse para defenderse pero aún en el suelo lo golpearon duramente hasta que el cuerpo tembló bruscamente como si le hubieran dado un impulso eléctrico, al mismo tiempo veo a mi hija que sale de su casilla, la empujan con su bebé en los brazos y un embarazo de seis meses, yo con mi hija menor también en brazos les digo que no nos agredan… pero me agarran del brazo derecho con mucha fuerza hasta dejarme marcas y me golpean contra la pared incluso lastimando en un ojo al bebé… Mientras guardábamos las cosas veíamos muchas escenas de violencia, policías golpeando, empujando, agrediendo verbalmente a mujeres con chicos, abuelos, jóvenes…”