La nueva Policía Metropolitana

La marca de la gorra

Por Fernando Casasco

A partir del mes de febrero comienzan a desarrollar sus funcionas los efectivos de la Policía Metropolitana. Se trata de la fuerza de seguridad creada por el Gobierno de la Ciudad, a partir de la negativa del gobierno nacional a traspasar las comisarías dependientes de la Policía Federal a la órbita porteña. Pese a las desavenencias, el jefe de gobierno Mauricio Macri siguió adelante en su insistencia por tener una fuerza policial propia y consiguió que el Congreso modificara la “ley Cafiero”, la cual prohibía que el GCBA tuviera su propia policía. El paso siguiente fue la aprobación en la Legislatura, en octubre de 2008, de la ley que creaba la flamante Policía Metropolitana, la cual fue votada con apoyo de los bloques más importantes de la oposición.

Pero a partir de ese momento, los errores políticos y la inoperancia se sucedieron. En julio de 2009, Macri designó como jefe de la nueva fuerza de seguridad al ex comisario de la Policía Federal, Jorge “El Fino” Palacios. Entre ambos había una relación personal: Palacios participó en el operativo que consiguió la liberación del empresario, secuestrado en 1991. Cuando fue electo presidente de Boca, el hijo de Franco se acordó del comisario y lo llevó de jefe de seguridad al club de la Ribera.

Macri presentó a Palacios como “el policía más condecorado”, pero su figura no fue bien recibida por la oposición y distintos sectores de la sociedad civil. No era para menos: “El Fino” era investigado por presunto encubrimiento en la causa AMIA; estuvo imputado por la masacre en Plaza de Mayo del 20 de diciembre de 2001; y fue desplazado de la Federal por su supuesta relación con un reducidor de autos implicado en el crimen de Axel Blumberg. En un gobierno acostumbrado a dar marcha atrás con algunas decisiones erróneas, la insistencia de Macri en el respaldo a Palacios semejaba testarudez y ceguera política. Finalmente, fue el propio “Fino” el que le ahorró el dolor de cabeza a su jefe político, al renunciar alegando serias diferencias con la normativa por la cual debía regirse la nueva policía.

En su lugar quedó transitoriamente su segundo en la fuerza, Osvaldo Chamorro. A los pocos días, Palacios quedó procesado por su participación en la investigación del atentado a la mutual israelita en 1994. Pero lo peor aún estaba por llegar.

La vida de los otros

En octubre del año pasado, al Gobierno de la Ciudad le estalló en las manos un nuevo escándalo vinculado con la Policía Metropolitana. El juez Oyarbide detuvo a un ex policía federal, Gerardo Ciro James, contratado por el Ministerio de Educación porteño y aspirante a ingresar a la nueva fuerza de seguridad. Este hombre no era un recluta más: se dedicaba a escuchar llamadas telefónicas de distintos personajes en connivencia con policías y jueces de la provincia de Misiones. Entre los espiados estaban Sergio Burstein, de familiares de las víctimas del atentado a la AMIA, empresarios y hasta el cuñado del propio Macri, Néstor Leonardo.

El Gobierno de la Ciudad denunció un “complot” del gobierno nacional contra la formación de la Policía Metropolitana. Pero nunca pudo responder a satisfacción sobre qué actividades realizaba Ciro James en el Ministerio de Educación, ni por qué mantenía contactos telefónicos casi a diario con Palacios y Chamorro, las máximas autoridades de la nueva policía. Finalmente, Oyarbide procesó a James y al propio Palacios, quien quedó detenido por armar una red de espionaje ilegal. En la continuidad de las investigaciones, el ex ministro de Educación Mariano Narodowski fue indagado y podría quedar procesado. Y, terminada la feria, podrían ser el ministro de Justicia y Seguridad, Guillermo Montenegro y el propio Macri los que deban desfilar por tribunales para dar explicaciones. El caso aún parece lejos de cerrarse y sus derivaciones son impredecibles.

A la calle

Pese a todos los inconvenientes, el gobierno del PRO siguió adelante con su intención de poner en marcha la Metropolitana. Claro que tantos contratiempos fueron demorando su lanzamiento. Primero se habló de octubre, luego de fin de año, finalmente será en el presente mes de febrero. Con nuevo jefe (Eugenio Burzaco reemplazó a Osvaldo Chamorro, también involucrado en la causa por espionaje), la fuerza contará en esta primera etapa con 850 efectivos. Quinientos de ellos se dedicarán a patrullar calles de nuestra comuna 12 (Villa Pueyrredón, Villa Urquiza, Saavedra y Nuñez) y algunas plazas y parques públicos, como el Roca, Los Andes o la plaza Arenales, en Villa Devoto. La primera comisaría o “precinto” (término copiado de la policía neoyorquina, a la que los funcionarios PRO admiran y pretenden imitar) será construida en el Parque Sarmiento. Si bien en un principio se dijo que “controlarían” piquetes y manifestaciones callejeras, la Metropolitana sólo tendrá jurisdicción sobre contravenciones y algunos delitos como tenencia y portación de armas, usurpación, amenazas, lesiones en riña, violación de domicilio y daños, entre otros.

En cuanto al armamento, cada policía tendrá una pistola 9 milímetros, un teléfono, precintos plásticos para usar como esposas y un bastón. En este sentido, una nueva polémica estalló alrededor de la Metropolitana al conocerse que el Gobierno de la Ciudad adquirió sin licitación una partida de pistolas paralizantes Taser X26, capaces de descargar 50.000 voltios a una distancia de hasta 7,5 metros. Estas armas son cuestionadas por el Comité contra la Tortura de la ONU, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y Amnistía Internacional por considerar su uso como método de tortura. La oposición en pleno repudió el uso de este armamento y presentó un proyecto solicitando su prohibición. Incluso, el abogado Eduardo Barcesat presentó una denuncia penal contra Macri y Montenegro por «actos preparatorios» del presunto delito de torturas.

El arma es fabricada por la empresa Taser International, con sede en el estado norteamericano de Arizona. Según los fabricantes, la corriente a la que se somete a la víctima no debería durar más de cinco segundos. Sin embargo, las opiniones difieren respecto a los efectos que causan sobre la salud. Por ejemplo, la Justicia californiana obligó en 2008 a la compañía a pagar US$ 6 millones por haber contribuido en 15% al fallecimiento de un hombre que recibió tres descargas eléctricas. Estados Unidos suma 360 muertes desde 2001 por el efecto de las Taser. En Canadá se replanteó su uso luego de que un ciudadano polaco muriera en el aeropuerto de Vancouver tras recibir cinco descargas. En Francia, los policías autorizados a empuñar una Taser tienen la obligación de probar sus efectos sobre sus propios cuerpos.

Frente a las críticas, el jefe de la Metropolitana, Eugenio Burzaco, sostuvo: “Entiendo la susceptibilidad que genera en la Argentina el tema de la electricidad y el voltaje, somos conscientes de eso, por eso hicimos una compra chica”. Al menos admiten que las torturas no van a ser masivas. Además, aclaró que sólo serán usadas por la División de Operaciones Especiales Metropolitana, equivalente al GEOF de la Federal. Macri, Burzaco y Montenegro recalcaron que se va a seguir adelante con la compra de las Taser y reconocieron que se las va “a probar”. Veremos quienes serán los coballos o hamsters que caerán en manos de los policías PRO…

Entre escándalos y groseros errores, una nueva fuerza de seguridad estará en la calle en los próximos días. Habrá que ver si estas “marcas” de nacimiento son errores rectificables. O si le espera un destino “maldito” como a alguna de sus antecesoras.