La investigación de las escuchas ilegales en la Legislatura porteña

La responsabilidad política del espionaje
cada vez más clara

El macrismo trató veladamente de boicotear el funcionamiento de la Comisión Investigadora Especial por el escándalo de las escuchas. Los testimonios que recibieron los legisladores echaron por tierra la argumentación del oficialismo y apuntaron que el espía Ciro James no era un simple aspirante. A mediados de diciembre, los diputados deberían pronunciarse, en un caso que en la justicia avanza hacia el juicio oral.

Por Gabriel Morini

La Comisión Investigadora Especial, creada en la Legislatura porteña para analizar la responsabilidad política de Mauricio Macri en la causa por las escuchas ilegales, hasta el momento deja un balance negativo para la estrategia del oficialismo de despegar al Jefe de Gobierno del escándalo. Aunque la Comisión tuvo un arranque poco prometedor, y el macrismo se encargó en varios tramos de entorpecer su funcionamiento, ya sea por no aportar la documentación necesaria, o demorando la concurrencia de testigos, lo cierto es que los legisladores deberán emitir un dictamen final a mediados de diciembre.

A partir de los últimos hallazgos y testimonios, se abre la posibilidad de que se le pueda solicitar el juicio político, al final del proceso, algo que podría ser controlado legislativamente por el PRO para evitar la destitución de su jefe.

Aunque no fue creada con el fin de realizar una investigación paralela, la Comisión Especial de la Legislatura tuvo un objetivo muy ambicioso: analizar todas las actuaciones del Gobierno porteño en materia de políticas de seguridad –incluyendo la creación de la Policía Metropolitana—y verificar las responsabilidades políticas en el escándalo por las escuchas ilegales. Este último punto es importante para diferenciar su labor de la que se está tramitando en los tribunales de Comodoro Py, en el expediente en el que interviene el juez Norberto Oyarbide, que investiga la figura penal de asociación ilícita para cometer un delito.

Es en cuanto a las responsabilidades políticas donde el oficialismo mostró su permeabilidad ante este caso. Las conclusiones que se van obteniendo sesión tras sesión corroboran la hipótesis de que el PRO faltó a la verdad en la mayor parte de las excusas que brindó apenas desatado el escándalo. Mientras que en la vía penal, varios jueces han confirmado lo actuado por Oyarbide y se pronunciaron a favor del procesamiento que hoy recae sobre Macri. De seguir este camino, el caso podría ser elevado a juicio oral el próximo año, al igual que cualquier eventual solicitud de juicio político en la Legislatura.

El macrismo confía en poder salvar al jefe de Gobierno con los legisladores que posee, de cualquier pedido de destitución, pero un juicio oral y público echaría por tierra las posibilidades de Macri de competir en las presidenciales, de acuerdo a la nueva Ley de Reforma Política, que impide presentarse a candidatos con causas abiertas en la Justicia.

El comienzo de la Comisión Investigadora Especial no fue sencillo ya que el PRO puso sus objeciones a su conformación. La estrategia de Macri fluctuó en primero oponerse a la votación de su juicio político en el recinto, y luego auto proponerlo, confiado en el cálculo matemático de diputados que lo eximirían, y para evitar el trabajo de la comisión.

Luego, los tironeos vinieron por el lado de la integración del cuerpo. Los macristas pusieron el grito en el cielo por no tener un número mayor de representantes. De diecisiete miembros, cinco son del PRO. El resto de las fuerzas sólo tiene un diputado, y todos los partidos minoritarios están representados. Esto tampoco dejó satisfechos a los macristas que pretendían tener casi la mitad de diputados, respetando la composición parlamentaria.

Le siguió la batalla por las autoridades que la presidirían. Martín Hourest de Igualdad Social se convirtió en un muy digno presidente del órgano, cuyo trabajo en particular permitió que no se estancara todo el proceso, como fue, en varios tramos, la intención del oficialismo.

La ronda de declaraciones testimoniales estuvo desierta en varias oportunidades. Los funcionarios del PRO que debían ser llamados en primer término, se negaron a comparecer, y la Justicia debió involucrarse para hacer las convocatorias con la asistencia de la fuerza pública. Ese fue el comienzo real de la investigación.

Las declaraciones testimoniales echaron un poco más de luz sobre los aspectos más relevantes de la investigación, pero no descubrieron nada más allá de lo existente en el expediente judicial. Comparecieron las víctimas de las escuchas ilegales, y la declaración del familiar de víctimas de la AMIA, Sergio Burstein terminó con golpes entre asesores del PRO, periodistas y la seguridad de la Legislatura, en un escándalo de dimensiones. El clima de esa audiencia fue subiendo de temperatura conforme el testigo apuntaba directamente a Mauricio Macri como el instigador de la escucha que fue realizada por el espía Ciro James. Los legisladores del oficialismo procuraron desprestigiar su testimonio y volver a señalar que el gobierno nacional - enfrentado con Macri - estaba detrás de todo el operativo.

Si algo quedó demostrado en la ronda de testimoniales, es que todos los funcionarios que eran cercanos a la cúpula de la Policía Metropolitana, encabezada por Jorge “el Fino” Palacios, sabían que James no era un simple aspirante a la nueva fuerza, sino que gozaba de la total y completa confianza y recomendación del jefe policial. Sus visitas a las oficinas de la Metropolitana eran frecuentes y mantenía prolongadas reuniones con los más altos jerarcas. En el lugar donde había sido contratado mediante poco claros convenios que la Ciudad mantuvo con universidades como la de Tres de Febrero y La Matanza, solo se lo pudo ver cuatro o cinco veces.

Desde el Ministerio de Educación porteño los diversos funcionarios que declararon apuntaron a la ex mano derecha del ex ministro Mariano Narodowski, como la persona que ubicó a James en un puesto para el que no tenía experiencia dentro de esa cartera, con un sueldo superior al de alguien con 20 años de carrera, y del que nunca hubo prueba alguna del trabajo realizado. Todos estos hechos, terminaron de echar por tierra, la estrategia oficialista de señalar a un federal infiltrado en las filas del ministerio para ensuciar la creación de la Metropolitana. Todas las líneas apuntan a Palacios, aún hoy defendido por los funcionarios del Gobierno porteño. Narodowski fue el único funcionario que perdió su puesto por el escándalo, y fue abandonado a su suerte por su otrora jefe.

Asimismo, la supuesta recomendación de Palacios por parte de las embajadas de Israel y Estados Unidos, motivó que las sedes diplomáticas tuvieran que salir a desmentirlo. El documento que emitió la embajada norteamericana fue lapidario en este sentido y un golpe a la supuesta buena relación que Macri presume con el país del norte.

En paralelo, la provisión de pruebas documentales desde los distintos sectores de la administración comunal fue lenta y provista en dosis homeopáticas. Los legisladores debieron hacerse presentes en las oficinas del Ministerio de Seguridad para finalmente obtener lo que le había sido retaceado por meses. Allí lograron hacerse de uno de los hallazgos fundamentales en lo que a documentación refiere: un expediente de compra de un software de inteligencia criminal, y las referencias a un documento de carácter reservado para la compra de instrumentos de contrainteligencia.

Desde el gobierno de Macri apuntaron a un golpe de efecto de algunos legisladores al primero hacerlo público para los medios de comunicación. Pero la pregunta que subyace si de verdad el macrismo no quiso involucrarse en otro escándalo es ¿Por qué no se informó a los diputados que investigan una red de espionaje montada dentro del gobierno porteño que se habían adquirido mediante procedimientos de compra secretos una serie de aparatos de alta tecnología que sirven para detectar pinchaduras telefónicas? La torpeza política, en el mejor de los casos, siguió guiando las decisiones que se tomaron con la Metropolitana, incluso luego de que la nueva fuerza creada por Macri, perdiera a sus dos jefes policiales y a varios otros efectivos de altas jerarquías por irregularidades en su pasado como federales y por el escándalo de las escuchas ilegales.

Con todo, en los días que quedan para que sigan declarando más testigos, y sin la asistencia de los actores clave involucrados en la investigación judicial, es poco lo que puede llegar a descubrirse. Los legisladores tendrán que resignarse a conformarse con la información con la que ya cuentan y así fundamentar su dictamen. El accidentado derrotero que sufrió la Comisión Investigadora Especial, fue el corolario de una situación de responsabilidad política que salpica al jefe de Gobierno, por acción o por omisión.