Reforma del Código contravencional

Leña del árbol caído

Los esfuerzos del poder por criminalizar y segregar la pobreza y la exclusión social vienen desde el fondo de nuestra historia. Si el Bicentenario nos recuerda el hito fundacional a partir del cual se comenzó a edificar una nación que buscaba, o al menos pretendía, ser soberana en sus decisiones, también evoca las luchas que los sectores más bajos en la escala social debieron encarar para hacerse visibles y conseguir algo de justicia.

Por Fernando Casasco

Sinónimo del perseguido durante el siglo XIX fue el gaucho. El habitante de la campaña debió soportar a menudo una legislación que lo condenaba a servir bajo un patrón o a las milicias forzadas. De la década de 1820 es el primer “estatuto del peón”, promulgado por el gobernador Martín Rodríguez, cuyo ministro era Bernardino Rivadavia. Eran considerados “vagos” todos los ociosos sin ocupación ni labranza u otro ejercicio útil. A ellos se agregaban los que en día de labor se les hallara en pulperías, consumiendo bebidas alcohólicas o frecuentando mujeres “ligeras de costumbres”. Como señala Andrés Carretero, las leyes de esa época “preveían castigos, no soluciones para fomentar lugares de trabajo, pues a esos hombres considerados como vagos por no trabajar (…) no se les ofrecían oportunidades de conchabo, sino de sujeción en estancias, convertidas indirectamente en cárceles, para huir de las levas”⁽¹⁾.

Tras las guerras de la independencia, las luchas civiles o la guerra contra el Paraguay, al gaucho se lo arrastró a la frontera contra el indio o a convertirse en matón a sueldo de algún puntero político. Finalmente, si algo de aquel hombre libre y nómade quedaba en pie, llegó el alambrado y la división de la tierra en grandes latifundios, para sojuzgar a los últimos exponentes de su clase.

Con el fin del siglo XIX y comienzos del XX, llegaría la mano de obra inmigrante, que conformó el “crisol de razas” del cual aún hoy nos enorgullecemos. Claro que junto con los trabajadores europeos vendrían también ideas socialistas y anarquistas. El orden oligárquico del Centenario trató de disciplinar a los rebeldes “gallegos”, “tanos” y “rusos” con la imposición de una legislación no menos severa. La “Ley de Residencia” establecía que el Poder Ejecutivo podía ordenar la deportación de “todo extranjero cuya conducta comprometa la seguridad nacional o perturbe el orden público”⁽²⁾. Por la misma época, la Policía Federal, a cargo de Ramón Falcón, barría a sablazo limpio las manifestaciones de trabajadores y las huelgas en reclamo de mejores condiciones laborales. En 1919 la Semana trágica dejó un saldo de 700 muertos y más de 4.000 heridos, casi todos ellos obreros e inmigrantes. La Liga Patriótica de Manuel Carlés, asolaba sindicatos y bibliotecas obreras y se encarnizaba preferentemente con el barrio judío del Once, donde se dedicaban a la “caza del ruso”⁽³⁾.

El ascenso del peronismo marcó un hito fundamental en el reconocimiento de los derechos de los trabajadores y el ascenso social de los sectores más postergados. Sin embargo, desde las clases medias y altas, el fenómeno fue visto con desprecio, que derivó en expresiones racistas como las de “aluvión zoológico” o “cabecitas negras”. Incluso sectores intelectuales de izquierda estigmatizaron a las masas peronistas. Analizando la jornada del 17 de octubre de 1945, el diario oficial del Partido Comunista señalaba que “los pequeños clanes con aspecto de murga que recorrieron la ciudad, no representan ninguna clase de la sociedad argentina”⁽⁴⁾. El trabajador, el pobre, el excluido, era una vez más considerado otro, ajeno a todo tipo de reivindicación, incluso para aquellos que en sus enunciados decían defenderlo. Sobre esos fundamentos, la revolución fusiladora de 1955 se encarnizó con los trabajadores y sus representantes sindicales.

Criminalizar la pobreza

En la posmoderna ciudad de Buenos Aires de 2010 se vuelve a vivir el intento de los sectores dominantes de penalizar a los excluidos. Bajo el sacrosanto lema de la “seguridad”, el jefe de gobierno Mauricio Macri anunció el envío de un proyecto para castigar a limpiavidrios, cuidacoches (los denominados “trapitos”) y manifestantes encapuchados. La propuesta prevé penas de arresto de 1 a 5 días para los “peligrosos” contraventores. El objetivo, según el mandatario comunal, es “mejorar la seguridad y llevar tranquilidad a los ciudadanos, para desterrar la actividad delictiva de mafias que se han enquistado en la sociedad”.

Complicado en la causa por espionaje, en la que fue citado a indagatoria por el juez Oyarbide; desgastado su perfil de eficiente tras las inundaciones que sufrió la ciudad de Buenos Aires; jaqueada su campaña presidencial por el virtual lanzamiento de su ex aliado, Francisco De Narváez, Macri intenta con medidas oportunistas volver a pasar a la ofensiva. Claro que el jefe de gobierno no predica en el desierto. Según un relevamiento realizado por la consultora Equis en los primeros días de marzo en el área metropolitana, sobre los principales problemas del país, la inseguridad tiene el primer lugar absoluto con el 69,8%. Muy lejos en la preocupación de los consultados aparecen la desocupación (26%), la educación (20,2%) y la inflación (18,8%). En las horas siguientes al anuncio de Macri, un 90% de los lectores de Clarin.com, se mostraron a favor de las medidas. Típica conducta de ciertos políticos: dar golpes de efecto que logren consenso social sin demasiados riesgos.

El error de base pasa por equiparar inseguridad con simples contravenciones que deben ser penalizadas como corresponden, sin criminalizar al contraventor. Y mucho menos si este es movido a desarrollar su actividad por la necesidad de contar con un magro ingreso. Las denominadas “mafias” a las que alude el jefe de gobierno son muchas veces prohijadas desde las más altas esferas dirigenciales deportivas y políticas: el caso ejemplar es el de las barras bravas que cobran suculentas sumas por “cuidar coches” en las adyacencias de los estadios, durante los días de partidos o recitales. Algo de eso debería saber Macri, quien a partir de su gestión como presidente de Boca, liberó ese tipo de negociados para los muchachos de “La 12”. De ahí a considerar “mafioso” o peligroso al joven, sin oportunidades de trabajo ni estudio, que pide algo “a voluntad” al automovilista por cuidarle el coche o limpiarle el vidrio en una esquina, hay un largo trecho.

Más aún: algunas de las conductas que dice querer castigar Macri en su proyecto, están contempladas en el Código Contravencional (ya endurecido en su articulado y hasta en su nombre por el macrismo). En su artículo 79, la norma establece que “quien exige retribución por el estacionamiento o cuidado de vehículos en la vía pública sin autorización legal, es sancionado/a con 1 a 2 días de trabajo de utilidad pública o multa de $ 200 a $ 400”. El ministro Montenegro debió admitir que las multas son difíciles de cobrar “porque se trata de gente que tiene problemas patrimoniales”.

El proyecto va en contra de otros –incluso algunos de legisladores del PRO- que retomaban el trabajo inclusivo emprendido con los cartoneros o recicladores urbanos: el registro de cuidadores de coches y limpiavidrios, su legalización e imposición de normas, controles, horarios y tarifas para el estacionamiento en la ciudad.

Como siempre en estos casos – y la historia detallada más arriba lo demuestra - el hilo se corta por lo más delgado. Los que menos tienen, los que quedan marginados de la vida burguesa de la gran ciudad, son nuevamente castigados al quedar en el ojo de la justicia como los responsables de problemas que ellos también padecen. Castigar al excluido, sin atacar las causas que lo llevan a su situación, parece ser el atajo que toman los que no saben, no pueden o no quieren buscar soluciones de fondo.

(1) Carretero, Andrés M.: “El Gaucho argentino. Pasado y presente”. Ed. Sudamericana, Bs. As., 2002.
(2) Puiggrós, Rodolfo: “Historia crítica de los partidos políticos argentinos (I)”.
Hyspamérica, Bs. As., 1986.
(3) Pigna, Felipe: Los mitos de la historia argentina III, Editorial Planeta, Buenos Aires, 2006.
(4) Citado por Jauretche, Arturo: “El medio pelo en la sociedad argentina”. Corregidor, Bs. As., 2002.