Rechazo opositor en la Legislatura

Macri quiere su "propio" juicio político

El Jefe de Gobierno, Mauricio Macri, solicitó su propio juicio político 24 horas después que los legisladores del PRO rechazaran en la sesión especial del martes 20 de julio la conformación de una comisión especial investigadora.

“Analizando todas las situaciones creo que, en el marco constitucional e institucional que tenemos, es lo que da mayor transparencia, y por eso confiando plenamente en mis legisladores, les he pedido abrir el juicio político sobre los delitos que se me acusan” afirmó Macri en la conferencia de prensa realizada el día miércoles en el Palacio Municipal.

Desde la oposición (ver recuadro) advirtieron que el Jefe de Gobierno busca montar un “show”, ya que la Constitución establece que para llegar a la instancia de juzgamiento hacen falta los votos positivos de los 2/3 de los integrantes de la sala acusadora, conformada por 45 legisladores de los cuales 19 son integrantes del bloque PRO, número suficiente para resguardar la continuidad de Mauricio Macri al frente del Gobierno de la Ciudad.

Sesión especial

En la sesión especial realizada el martes 20 de julio, que contó con la asistencia de 51 legisladores sobre un total de 60, se trataron sobre tablas 5 proyectos relacionados con la confirmación del procesamiento del Jefe de Gobierno, Mauricio Macri, por parte de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal. Estas iniciativas, para su aprobación, necesitaban contar con los dos tercios de votos positivos de los legisladores y legisladoras presentes. El bloque del PRO, integrado por 24 legisladores y que contó con la presencia de 20 de ellos, votó en forma negativa.

Los proyectos presentados fueron los siguientes: creación de una Comisión Investigadora por el espionaje ilegal en la Ciudad (expedientes presentados por los diputados Diego Kravetz (Peronista) y Fernando Sánchez (Coalición Cívica), sumó 31 votos a favor y 20 en contra); solicitud del expediente de la causa judicial (exp. de los diputados Eduardo Epszteyn (Diálogo por Buenos Aires) y Julio Raffo (Proyecto Sur), 29 a favor, 20 en contra y 2 abstenciones); convocatoria al Jefe de Gobierno a la Legislatura de acuerdo al artículo 83° de la Constitución (exp. presentados por diputados/as Gabriela Cerruti (Nuevo Encuentro), Marcelo Parrilli (MST/Nueva Izquierda), María José Lubertino (Encuentro Popular p/la Victoria) y Rafael Gentili (Proyecto Sur), 31 a favor, y 20 en contra); formación de causa por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones contra el Jefe de Gobierno (de Marcelo Parrilli (MST/Nueva Izquierda), 17 favorables, 22 en contra y 12 abstenciones), y solicitud de licencia al cargo (de Martín Hourest (Igualdad Social), 20 votos positivos, 23 negativos y 8 abstenciones).

Tratamiento preferencial

Finalmente, en la sesión ordinaria que se desarrolló ayer jueves, se aprobaron las mociones que habilitan el tratamiento preferencial para la sesión del jueves 12 de agosto de todos los expedientes vinculados a la causa judicial sobre “espionaje en la ciudad” y al procesamiento del Jefe de Gobierno, que hasta el momento ascienden a diez, dos de ellos referidos al juicio político, autoría de los bloques PRO y MST - Nueva Izquierda.

El juicio político y la Constitución porteña

La instancia del juicio político y su procedimiento están establecidos en la Constitución de la Ciudad en su capítulo cuarto, artículos 92°; 93° y 94°.

El artículo 92° establece que la Legislatura puede destituir al Jefe de Gobierno “por juicio político fundado en las causales de mal desempeño o comisión de delito en el ejercicio de sus funciones o comisión de delitos comunes”.

En esta instancia especial, la legislatura queda dividida en dos salas: acusadora y juzgadora. La primera está conformada por 45 legisladores y la segunda con los 15 restantes. El artículo 93° fija que “cada dos años y en su primera sesión, la Legislatura se divide por sorteo, en una sala acusadora integrada por el setenta y cinco por ciento de sus miembros y en una sala de juzgamiento compuesta por el veinticinco por ciento restante, respetando la proporcionalidad de los partidos o alianzas”. Para este caso, al ser juzgado el Jefe de Gobierno, la sala de juzgamiento será presidida por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad.

“La sala acusadora nombra en su primera sesión anual una comisión para investigar los hechos en que se funden las acusaciones. Dispone de facultades instructorias y garantiza al imputado el derecho de defensa. Dictamina ante el pleno de la sala, que da curso a la acusación con el voto favorable de los dos tercios de sus miembros. El acusado queda suspendido en sus funciones, sin goce de haberes. Quedan excluidos de esa votación los miembros de la sala de juzgamiento” (artículo 94°)

Respecto a la sala de juzgamiento, el artículo 94° especifica que ésta “debate el caso respetando la contradicción y la defensa” y dicta condena “por mayoría de dos tercios de sus miembros y tiene como único efecto la destitución, pudiendo inhabilitar al acusado para desempeñar cualquier cargo público en la Ciudad hasta diez años”.

Además establece que “si la sala de juzgamiento no falla en los cuatro meses siguientes a la suspensión del funcionario, se lo considera absuelto y no puede ser sometido a nuevo juicio político por los mismos hechos”.

Diez bloques parlamentarios se manifestaron respecto a la crisis institucional de la Ciudad

"Somos responsables de la reparación y no cómplices de los daños institucionales, éticos y políticos que ha producido el Gobierno de la Ciudad.

Frente a la gravedad de las imputaciones realizadas al Jefe de Gobierno y al Ministro de Seguridad, los diferentes bloques de la oposición planteamos:

En primer lugar, nuestro más enérgico repudio a la política de desprecio hacia la Legislatura que habiendo rechazado las explicaciones del Ministro de Seguridad (sobre inocultables violaciones a derechos individuales, surgimiento de redes de complicidad y aparición de eventuales actos de corrupción) en noviembre del 2009 fue desoído. Insistiendo luego con un nuevo pedido de explicaciones al Jefe de la Policía Metropolitana en marzo del 2010 que fue bloqueado. El maltrato a las instituciones para proteger pésimos y repudiables comportamientos personales atenta contra la institucionalidad de la Ciudad.

Es responsabilidad del Gobierno y en particular desde el Ejecutivo, dejar de ocultar funcionarios.

En segundo lugar, nuestra vocación inmediata de abordar una política de seguridad ciudadana que incluya: la revisión de la ley de seguridad, la reorganización y funcionamiento de la policía metropolitana, el control sobre el desempeño de las fuerzas federales que operan en nuestro territorio y el reclamo del traspaso sobre las competencias y efectivos que limitan la autonomía de la Ciudad. Ni impunidad para el delito, ni para la mala policía (nacional o local) ni para funcionarios corruptos.

En tercer lugar, nuestro compromiso de sostener las instituciones de la ciudad, respetar su desempeño, asegurar la independencia de poderes dejando de lado especulaciones oportunistas y comportamientos que ahonden los graves problemas creados por el propio Poder Ejecutivo .

Estos bloques no precipitarán una crisis, no aumentaran el escándalo, sino que buscarán por todos los medios reencauzar la política de seguridad y la ética pública hacia el fortalecimiento de nuestro sistema democrático. Llamamos al gobierno a ponerse a la altura de sus responsabilidades".

Firman: Proyecto Sur; Igualdad Social; Diálogo por Buenos Aires; Coalición Cívica; Bloque Peronista; Nuevo Encuentro; Encuentro Popular para la Victoria; Encuentro Progresista; Partido Socialista y UCR