Entrevista a Atilio Alimena, Defensor Adjunto del Pueblo

No faltan recursos, falta organización

La Defensoría porteña propuso a la Legislatura un plan urbano ambiental para que se trabaje a fondo con la problemática de la construcción indiscriminada en la Ciudad con visión a largo plazo. La tragedia de Cromañón marcó un antes y un después en materia de controles y de planificación, pero las asignaturas pendientes quedaron a la vista con el derrumbe en Villa Urquiza y en el boliche Beara. Hay suficientes inspectores pero los procedimientos son los que fallan.

Por Luciana Aghazarian

La Ciudad de Buenos Aires presenta serios problemas, actuales y a futuro, en lo que refiere a la forma en que han crecido las construcciones en la mayoría de los barrios porteños. Así lo reconoció el arquitecto Atilio Alimena, Defensor adjunto del Pueblo. La Defensoría alertó de la necesidad de un código urbano ambiental integral para organizar los procedimientos que permitan proyectar un crecimiento ordenado de las construcciones, que debería ser tratado en la Legislatura porteña este año. El derrumbe del gimnasio en el barrio de Villa Urquiza volvió a desnudar fallas en los procedimientos y puso de manifiesto, que a pesar de contar con la cantidad necesaria de inspectores y una metodología perfeccionada desde la tragedia del boliche Cromagnon, el problema de raíz aún persiste.

El análisis de la situación actual de las obras que se multiplican en toda la superficie de la Ciudad es, según Alimena, “histórico y sistemático”. Buenos Aires “ha ido creciendo de manera anárquica y llegamos a la situación que llegamos”, se lamentó el ombudsman.

“En los últimos cuatro años, en base al reclamo de los vecinos, la presión se hizo significativa y obligó al Gobierno a tomar ciertas determinaciones, aún mediando condicionantes del código que permitían esas edificaciones. Se han buscado reconsideraciones de proyectos, especialmente en las zonas de Caballito, Devoto y aledaños”, señaló en referencia a las cada vez más frecuentes protestas de vecinos que se organizan para impedir que se lleven a cabo edificaciones que alteran las características típicas de los barrios.

Las organizaciones que coexisten en Caballito con este objetivo han sido un ejemplo de la movilización espontánea de los porteños para preservar del “boom” de la construcción a las zonas en las que residen.

-¿Cuál es la problemática que subyace de la situación actual de edificación?

- Hay una falencia en la previsión y en lo que respecta a la prospectiva, desde el punto de vista político que rige en la Ciudad, tanto en el poder Ejecutivo como en el Legislativo. Esto no es nuevo. Desde la década del ´60, Buenos Aires tuvo una característica constructiva y luego en las sucesivas décadas se produce una explosión. Este modelo se desarrolló en barrios con buenos servicios y accesibilidad, y se empieza a repetir en barrios periféricos con el avance del subte. Se empiezan a ver en manzanas donde había casas bajas, con espacios verdes y se empiezan a hacer edificio tras edificio, tal es el caso de Chacarita y Villa Cespo, y en el centro oeste de la ciudad: Parque Chacabuco y Boedo.

-¿Y cómo se puede subsanar esta falencia?

- El asunto requiere una solución a través de la legislación; pero la ley no es resolver el problema hoy, es saber lo que pasa hoy y empezar a prever lo que puede pasar en cinco, diez o quince años. Después a esa ley se le van haciendo los ajustes. Es por eso que debe haber una articulación con un plan urbano ambiental de carácter integral. Allí deben definirse las pautas de estructuración social, morfológica, es decir todo lo que hace a la vida del ser humano. Se debe establecer dónde se puede edificar y dónde no, la ubicación de los espacios verdes, qué características debe tener la estructura de servicios, dar una idea global. El plan urbano ambiental ideado por la Defensoría creo que no es lo mejor de lo que se puede lograr, pero es un punto de partida importantísimo.

Alimena señala que este plan que tendrá que ser tratado por la Legislatura debe tener un correlato con la Ley de Planeamiento, pero más que nada con “las necesidades y requerimientos sociales”, para que no quede en letra muerta. El proyecto recibió el beneplácito de todos los bloques para obtener el despacho de comisión, y con pronósticos optimistas podría ser incluido dentro del temario a tratar en el recinto antes de fin de año.

El Defensor subraya la responsabilidad de los legisladores y del poder político comunal en una falta de análisis del contexto que enfrenta la problemática de la edificación descontrolada, mal que es posible rastrear en las sucesivas administraciones en la Ciudad de Buenos Aires.

“Habría que avanzar con una normativa y con una concepción de lo que queremos como ciudad. Pero esa es una voluntad de conjunto, una decisión tomada a través de los representantes, que necesita de una decisión social de respetar esa normativa”, apuntó Alimena.

No es un criterio menor. La mayoría de las irregularidades encontradas en las obras, proviene de actos negligentes apoyados en el intento de esquivar pasos y procedimientos necesarios que, obviamente, implican una demora en los tiempos y comprometen el afán de ganancia de profesionales inescrupulosos. Tal fue el caso del derrumbe de la calle Mendoza, en Villa Urquiza, donde varios de estos factores confluyeron. Lo que también se sumó en ese episodio que, en palabras del ombudsman porteño, “puso de relieve que los procedimientos de inspección y control deben ser reformulados”.

-¿Ha habido iniciativas desde la actual administración por mejorar los procedimientos?

- Sí, hubo un cambio con respecto al procedimiento de registro de planos y de control de obra. En primera instancia se separaron y no están más en la misma órbita. Todo lo que es control pasó a la Agencia Gubernamental de Control (AGC), y todo lo que son planos a la parte de planeamiento. Esto no garantiza cien por cien la efectividad de todos los procedimientos pero los mejora a los efectos de que no se mezclen, marca un avance del sistema. La AGC se encarga de todos los controles, habilitaciones, locales, comercios. Lo que hacía la vieja inspección general, pero “aggiornada” desde que asumió Macri, con más procedimientos y estructura. Pero queda mucho por profundizar. Entre esos puntos, el control que por nuestra característica social lamentablemente no mejoró. La matricula profesional no es una patente de corso. Nuestra iniciativa es que en los primeros meses del año que viene se apruebe una modificación en el código de edificación para que se avance en la exigencia a los profesionales matriculados.

-¿Faltan inspectores o recursos económicos?

- No faltan recursos, falta organización. No falta personal. No es tanto la cantidad sino la efectividad del procedimiento de inspección. Hay técnicos, maestros mayor de obras, ingenieros. La ciudad tiene personal de planta muy calificado, siempre lo tuvo. Lo que faltan son procedimientos respaldados por la ley, acciones concretas. En el código dice que la inspección de obra se debe hacer en un horario determinado. Si yo tengo poder de policía y si voy a ver una obra porque sospecho algo, la veo o la veo, y no tengo un horario. En el caso de la calle Mendoza se fue a la mañana del día anterior, a la tarde se derrumbo todo. Si voy y encuentro cerrado, intimaré al constructor, y si no lo hago soy responsable penalmente. Si tengo que usar la fuerza pública, se usa la fuerza pública con la intervención de la Justicia. En ese caso hubo una negligencia manifiesta.

Obviamente la muerte de 197 jóvenes en el boliche Cromañón fue una bisagra en materia de controles. Según Alimena, antes “no había un procedimiento claro de seguimiento y control. No había exigencias específicas”. Pero el derrumbe de un semipiso en el boliche Beara disparó otra controversia. “Nadie se dio cuenta que estaban habilitando locales para fiestas que los usaban como espectáculo. Alguien tendrá que haberse dado cuenta. Como toda burocracia el Estado se empieza a tornar pesado y el nuestro es especialmente pesado y lento. Ese problema fue más de usos y costumbres sociales, que se debe revertir”, puntualizó. En ese sentido, Alimena insistió en que debe ser el sistema político el que provea las soluciones y “brinde un marco a la expansión de la construcción”, en vistas a un panorama muy desalentador si no se toman medidas en lo inmediato.

El pedido de la Defensoría es que se trabaje con una visión de los siguientes veinte años, a través de una comisión legislativa de seguimiento, integrada, entre otros, por el Gobierno de la Ciudad, la Legislatura, y los consejos profesionales de carácter permanente y dinámico, y que fije pautas y condicionantes. Según su visión, si se revirtiera el actual divorcio político entre la Nación y el Gobierno comunal, y se le devolviera al Estado el rol de contener al entramado social, se podría encontrar una solución sustentable en el tiempo.