Unión Productiva de Empresas Autogestionadas

“Nos reunimos con una lógica distinta
a la que tienen otros compañeros”

Las empresas recuperadas parecen tener dos opciones: abrazar la lógica circular del subsidio y buscar una salida que reproduzca las condiciones laborales de su trabajo bajo patrón, o construir procesos de producción que resuelvan el problema principal, que es la falta de trabajo. Hacia allí apuntan un grupo de empresas recuperadas y cooperativas tradicionales de la ciudad que conformaron la Unión Productiva de Empresas Autogestionadas (U.P.E.A.). Son 14 unidades productivas de los rubros gráfico, textil, maderero, plástico y de servicios, donde trabajan unas 250 personas.

Por Pablo Waisberg, para la Cooperativa EBC

“Nos reunimos con una lógica distinta a la que tienen otros compañeros porque para nosotros el problema principal es cómo resolvemos el trabajo pero mediante esquemas de producción y cooperación con otras empresas. Tenemos que salir del esquema perverso del subsidio estatal”, afirma Hugo Fucek, uno de los impulsores de la iniciativa e integrante de la cooperativa Viniplast, del barrio de Mataderos. Allí hay 27 trabajadores que fabrican y comercializan telas vinílicas, películas y espumas de PVC.

El ejemplo del trabajo conjunto que plantea Fucek está en la “unidad productiva” - como la define - que están gestando junto a la textil Mac Body – localizada en Villa Urquiza que cuenta con 26 trabajadores - y dos proyectos del Plan Manos a la Obra. Según idearon los trabajadores, Viniplast aportará sus telas vinílicas, en Mac Body se diseñarán y cortarán capas para lluvia y serán cosidas por treinta costureros de los emprendimientos sociales.

“Se trata de agregar valor, eso es lo que nos ponemos por delante”, subrayó Fucek y acompañó a Leonardo Duva, de la cooperativa maderera La Nacional, en el planteo sobre la necesidad de “unificar las compras y aprovechar el acceso a las tecnologías para hacer un mejor trabajo”.

Los marginales. En los primeros pasos que dio la naciente U.P.E.A. logró reunir a las cooperativas gráficas Patricios, Loria (ex Indugraf) y Coperpel (Barracas, Parque Patricios y Nueva Pompeya); a las madereras Córdoba, La Nacional y La Carpintería (Almagro y Parque Patricios); a las textiles Mac Body y Culpina (Villa Urquiza y Flores); al Mercado de Flores (Flores); a la fábrica de globos Global (Villa Devoto); a Viniplast (Mataderos); y al restaurante El General (San Telmo)

Los problemas de las empresas recuperadas son los mismos que tienen las pymes, que tienen restringido el acceso al crédito –no hay en los bancos privados, y apenas en los públicos, evaluadores de proyectos y las tasas superan sus posibilidades- y la participación en licitaciones estatales no están hechas para ellas. “Muchos empresarios terminas burlando el Compre Argentino, porque compran productos en Brasil y les ponen cajas que dicen ‘industria argentina’. Nosotros lo vemos con los muebles”, dijo Duva.

La pelea que proponen estos trabajadores se plantea también cambiar algunas concepciones: quieren que se recategorice la economía social. Duva lo dice claramente al señalar cuál es la idea que existe sobre los emprendimientos productivos generados por los planes sociales: “son vistos como marginales pero generan dos millones de puestos de trabajo y no tienen organización sindical ni derechos”.

Se trata de un sector que atraviesa todos los gremios y cuyos integrantes no están incluidos en una cadena de agregación de valor. Esa marginación impide que sus producciones crezcan en calidad y precio y los deja fuera de cualquier propuesta de desarrollo productivo.

Roles. Lo que vienen a reclamar los integrantes de UPEA es la posibilidad de participar del abastecimiento del mercado interno, pero también el reconocimiento de los trabajadores de las empresas recuperadas como tales. Uno de sus mayores problemas es la precarización de sus condiciones laborales que está atada a la falta de contención por parte de la mayoría de los gremios. Eso los obliga a ser monotributistas y los deja fuera de cualquier cobertura sindical. Tienen una obra social de baja calidad y una jubilación raquítica.

Pero eso no es todo. Tampoco tienen acceso a una Aseguradora de Riesgo de Trabajo porque, en la mayoría de los casos, lograron tenencias precarias y temporarias de las instalaciones y de las maquinarias que utilizan para producir. Eso los condena a tomar seguros privados, que son más caros.

“La tarea del INAES –Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social- fue muy importante para dar algunos pasos y también la del Ministerio de Desarrollo Social pero hace falta una política productiva que supere las políticas contenedoras que tuvimos en estos años”, definió Fucek. Eso significa no sólo dar un lugar al trabajadores de las empresas recuperadas como tal sino lograr insertarlas en un esquema productivo y para ello –marcó Fucek- hay que resolver “la situación de precariedad en la que se encuentran unas 300 plantas en todo el país, que tienen tenencias provisorias de máquinas e instalaciones”. Eso les impide acceder a financiamiento para renovar maquinarias u obtener capital de trabajo. Por eso reclaman que el Estado cumpla un rol de ordenador de las reglas brutales del mercado para poder sumar su esfuerzo a un esquema de desarrollo productivo.

Romper con la patria subsidiada

Una de las batallas que están dando algunas de las empresas recuperadas es terminar con las licitaciones estatales pensadas para las grandes empresas. Son las que tienen requisitos imposibles de cumplir para las pequeñas industrias, que en muchos casos están en condiciones técnicas a cumplir con los estándares de calidad pero que no tienen los volúmenes de producción requeridos o les faltan los conocimientos para completar los formularios.

En muchos casos, esas mismas empresas que no pueden entrar terminan trabajando para los ganadores de las licitaciones. Eso eleva los precios para el Estado y los baja para los verdaderos productores. Leonardo Duva, de la carpintería La Nacional, tiene un ejemplo de cómo funciona ese sistema: un arquitecto ganó una licitación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para hacer todos los juegos de madera maciza de las plazas pero contrató la mano de obra de La Nacional.

“Nosotros hicimos los juegos que cobramos a 15.000 pesos cada uno pero fueron facturados a 65.000 pesos al Estado porteño”, se quejó Duva y dijo que, además, los planos de los juegos fueron comprados a otro arquitecto que no tuvo nada que ver con la licitación.

“El tema es complejo, porque muchas de las recuperadas están quebradas y entonces no pueden ser proveedoras del Estado, pero la realidad es que los trabajadores terminan pagando las quiebras que no provocaron. Además, si tenemos trabajo las podemos pagar sin problemas”, afirmó.

Una situación similar vivieron el año pasado las pymes electrónicas que producen máquinas expendedoras de boletos: la licitación para la creación e implementación del Sistema Unico de Boleto Electrónico estuvo dirigida a las grandes empresas, muchas de ellas multinacionales. Uno de los requisitos para poder competir era contar con un patrimonio neto de u$s15 millones y acreditar la existencia de 10 mil máquinas instaladas en la extranjero. Eso era imposible para cualquier pequeña industria.

Sin embargo, al menos seis pymes –entre ellas la recuperada Industrias RB- tenían 12 años de experiencia en el desarrollo, fabricación, instalación y mantenimiento de más de 30.000 máquinas expendedoras de boletos. Eso fue lo que la Cámara Argentina de Industrias Electrónicas (Cadieel) le dijo a la presidenta Cristina Fernández en una carta.

Esa gestión permitió destrabar la situación y los empresarios fueron recibidos por la entonces titular del Banco Nación, Mercedes Marcó del Pont, y el secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi. Todas demostraron que tenían la capacidad para cumplir con los requisitos técnicos y lograron que la siguiente licitación para abastecer el sistema tuviera condiciones económicas y patrimoniales que nos les restringiera su participación.