Ordenaron suspender la descarga
de escombros en el Parque Sarmiento

La Defensora adjunta del Pueblo, Graciela Muñiz, informó que la jueza en lo Contencioso, Administrativo y Tributario Nº 4, Elena Liberatori de Aramburu, dio lugar a la medida cautelar presentada el 23 de septiembre y ordenó al Gobierno de la Ciudad a que suspenda el ingreso de camiones con tierra y escombros al Parque Sarmiento y pidió que se abstenga de llevar adelante acciones “que no se compadezcan con el destino de urbanización parque” de ese predio capitalino.

Muñiz, ante la falta de respuesta del Ejecutivo porteño, presentó un amparo judicial al comprobar el uso indebido del predio del Parque Sarmiento para la carga y descarga de escombros, y solicitó “la desocupación de piedras y tierra de procedencia externa depositados indebidamente en ese espacio verde”.

La Defensora adjunta, el 2 de agosto, había elevado un informe al Ministro de Desarrollo Económico porteño, Francisco Cabrera, y al subsecretario de Deportes Francisco Irarrazaval. La documentación enviada al ejecutivo de la ciudad detalla la situación encontrada al inspeccionar el Parque Sarmiento y da cuenta de los montículos de tierra y piedras que, aparentemente, son escombros extraídos de la obra que se esta realizando sobre la ampliación del subterráneo de la línea B.

En el parque, advierte Muñiz, “se observan obras que se encuentran sin perimetrar, camiones que circulan en sendas peatonales y zanjas peligrosas” y pone en dudas las futuras actividades que allí se desarrollen: “estamos pensando en qué estado va a quedar el predio para las colonias de vacaciones de verano que beneficia a miles de chicos de los barrios vecinos”

En la presentación judicial, la Defensora adjunta cuestiona “la utilización del predio, perteneciente al Parque Sarmiento, para la acumulación de escombros externos, hecho éste realizado por innumerables camiones, que ingresan al parque cargados de escombros, piedras y tierras, que diariamente depositan en el citado predio, y se retiran luego de vaciar su contenido”.

Por último, puntualiza que el Poder ejecutivo “no podría tolerar pasivamente, si quién ejecuta el hecho consumado es un particular sin autorización, que usurpa de hecho el espacio público para ser utilizado como depósito” y que si el infractor fuera funcionario público, tampoco puede “pasar por sobre las leyes vigentes y por su solo accionar y dar a un sector del espacio público un uso diferente del que legalmente se acordó”.