Polémica por el plan de comunicación de la elección de las comunas

Una difusión difusa

El veto a una norma abrió la discusión para analizar la política de comunicación del Gobierno porteño sobre la descentralización en comunas. El macrismo asegura que el plan de difusión es adecuado y logrará que la ciudadanía sepa qué es lo que votará el año entrante. Mientras tanto, la oposición descree que el PRO tenga intenciones reales de dar a conocer un asunto sin rédito político. El nivel de participación del vecino aún es bajo, y las chances de que aumente no son las suficientes.

Por Gabriel Morini

El último veto ejercido por el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, a una ley relacionada con el plan de difusión de la elección de las comunas, volvió a poner en el ojo de la tormenta el tema del conocimiento que tienen los porteños del proceso de descentralización. Aunque el oficialismo justificó la medida y aseguró que avanzan en un plan de comunicación sin fisuras para todos los ciudadanos, la oposición le salió al cruce y volvió a acusar al macrismo de no tener una férrea decisión política en que finalmente la elección se concrete. El nivel de conocimiento del electorado porteño sobre lo que supuestamente votará el año próximo sigue siendo muy bajo.

Mientras los actos conmemorativos por el 17 de agosto se replicaban en todo el país, el jefe comunal utilizó una vez más, una herramienta constitucional que le asiste, pero que públicamente denosta y critica: el veto. En este caso, Macri le bajó el pulgar a una ley aprobada por la Legislatura que pretendía darle el carácter de norma a la inclusión de unos “inserts” o volantes que cada uno de los vecinos recibiría junto a su boleta de ABL. La medida fue publicada en el Boletín Oficial a través del decreto 586/10, donde el jefe de Gobierno vetó la Ley 3.489 sancionada por el Poder Legislativo porteño el 1 de julio pasado. La norma vetada disponía la entrega de un folleto explicativo junto con la boleta de ABL en el segundo semestre y al inicio del primer semestre del próximo año, acerca de la descentralización y de los comicios donde –hasta el momento el mismo día de las elecciones generales de 2011— se elegirán a los miembros de las quince Juntas Comunales.

Lo dispuesto por Macri, hizo reaccionar a algunos de los opositores que volvieron a criticar la manera en la que el jefe de Gobierno lleva adelante el postergado proceso de descentralización. Así lo señalaron los legisladores que integran la bancada de la UCR en la Legislatura, Claudio Presman y Rubén Campos. Los radicales cuestionaron la decisión de Macri porque –según ellos— «demostró una vez más no estar interesado en la puesta en marcha de las comunas en la Ciudad». «Macri acusa a los legisladores de no respetar la división de poderes y es él quien no cumple con lo dispuesto por la Ley 3.233, la cual convoca a elecciones de miembros en las 15 Juntas Comunales, ya que en su artículo 4to indica que se debe iniciar un programa intensivo de difusión y formación pública a través del sistema de medios públicos», manifestaron los radicales. Los legisladores opositores no ahorraron críticas para con la decisión de Macri. «Este veto demuestra la ligereza con que el Jefe de Gobierno toma el proceso de descentralización y la importancia de que todos los vecinos se encuentren informados, incentivando la participación ciudadana que nos ayuda a fortalecer las instituciones”, remataron. En el fondo, la preocupación compartida por otros legisladores fue por el plan de comunicación en general que no ha alcanzado para alejar el fantasma de que la división en comunas se termine convirtiendo en una utopía.

Desde el oficialismo no tardaron en justificarse. La ley vetada era redundante con el plan de comunicación presentado ante el Tribunal Superior de Justicia, donde el macrismo dio explicaciones acerca de cómo implementará el proceso de descentralización. El subsecretario de Atención Ciudadana, Eduardo Macchiavelli le explicó a este diario que las críticas de los opositores fueron desmedidas y que la Legislatura tuvo la pretensión de arrogarse funciones ejecutivas, como la comunicación con una ley con defectos formales. La folletería será efectivamente entregada junto con el impuesto de ABL, la única diferencia es que recién será implementada en la primera cuota del año que viene. La reacción opositora solo puede leerse en función de la cantidad de vetos ejercidos por el jefe de Gobierno en los años de gestión y en las sucesivas justificaciones que encontró el PRO para posponer la fecha de las elecciones comunales, una asignatura pendiente que viene de larga data. En lo que respecta a lo primero, también el senador kirchnerista Daniel Filmus cuestionó que Macri, haya dejado «sin efecto casi 30 leyes en 2010». Según dijo el legislador, «Macri vetó también un grupo de leyes que apunta a fortalecer los derechos sociales. Por ejemplo la Ley de Emergencia Habitacional que disponía la creación de un fondo para soluciones habitacionales provisorias o definitivas y la suspensión de los desalojos». «Los vetos en cuestión marcan claramente una dirección ideológica contraria a la ampliación de derechos, a la inclusión social o a la solución de los problemas de los más necesitados, como la gestión de Macri ya viene demostrando con diferentes expresiones», concluyó Filmus.

Macchiavelli pasó por alto estas críticas y se centró en que el plan de difusión por el tema comunas orquestado por el PRO se está llevando adelante sin ningún inconveniente. En ese sentido, detalló que actualmente se está destinando una gran parte del presupuesto que el Gobierno porteño tiene para comunicación institucional a difundir la próxima elección. Cubrepantallas en vía pública, cartelería en las estaciones de subterráneo, vía pública móvil, avisos en distintos diarios, minutos de radio, y hasta segundos de aire en el programa CQC son las maneras en las que el macrismo afirma estar informando a la sociedad sobre la importancia del comicio, en lo que Macchiavelli calificó como un “esfuerzo de difusión fenomenal”. Es más, propondrán un proyecto de declaración en la Legislatura para asegurarles a los diputados porteños que los folletos serán incluidos junto al ABL, con más información que la prevista en la ley vetada. El problema para la oposición, pasó a ser cómo se administra el presupuesto publicitario. Macchiavelli sostiene que por “cuestiones de eficiencia”, el presupuesto destinado a la comunicación de las comunas está concentrado en el mismo paquete que tiene el Gobierno de la Ciudad para difundir su actividad de gobierno. Esto impide determinar qué aspectos han sido cubiertos para las comunas de los que por ejemplo corresponden a la publicidad sobre la Policía Metropolitana. Los bloques opositores se quejan, pero por lo bajo también reconocen que lo mismo sucedía con los gobiernos de Aníbal Ibarra y de Jorge Telerman, los ex alcaldes de la ciudad. Se utiliza mayor porcentaje del necesario para anunciar con bombos y platillos las cuestiones que mayor rédito político traen, que no siempre coinciden con las importantes. El resultado de la falta de comunicación efectiva redunda en un bajo índice de conocimiento ciudadano acerca del tema. Según fuentes del PRO una encuesta realizada en 2008 arrojaba que solo el 16 por ciento de los porteños conocían cabalmente acerca de lo que se votaría. En 2009 ese porcentaje trepaba a un exiguo 32 por ciento. En este mes, el Gobierno tiene previsto realizar un nuevo sondeo, a poco más de un año de la fecha estipulada para los comicios. Si la cifra de conocimiento logra un incremento gracias al efecto de la publicidad, aún será insuficiente frente a la importancia que se supone que implica la tan necesaria descentralización.