Derrumbe en Villa Urquiza

Una tragedia anunciada

Luego del trágico derrumbe que dejó tres muertos y once heridos en Villa Urquiza, al pedido de frenar las construcciones de altura en la zona se le suma el reclamo de mayores controles en los procesos de demolición. La agrupación vecinal “Salvemos a Villa Urquiza” cada vez tiene más adherentes y continúa con la decisión de defender la identidad, y ahora la seguridad, de su barrio.

Por Luciana Aghazarian

El 18 de agosto pasado la agrupación Salvemos a Villa Urquiza, conformada por vecinos autocon­vocados en pos de defender una identidad barrial ligada a las casas bajas y espacios verdes, se movilizó hacia la Legislatura de la Ciudad. El objetivo: hacer entrega de un petitorio que reclama, fundamentalmente, la modificación del Código de Planeamiento Urbano para que se limite a un máximo de 6 metros la altura cons­truible en pasajes, a 12 metros en calles y a 24 metros en las avenidas, en la zona que abarca la traza delimitada por las calles Que­sada, Aizpurua, Burela, Juramento y Caracas.

Acompañados por Proto Comuna Caballito, otras organizaciones vecinales y amigos y familiares de Maximiliano Salgado -uno de los jóvenes fallecidos en el derrumbe del gimnasio de Mendoza y Triunvirato- la organización de Villa Urquiza, luego de entregar el petitorio y las firmas recolectadas, ofreció una conferencia de prensa que contó con la presencia de gran parte de la oposición y la ausencia de los 24 legisladores del PRO. “Solo la diputada María Raquel Herrero nos envío una invitación a encontrarnos”, asume decepcionada Stella Romero, una de sus integrantes.

Entre otras cuestiones, el petito­rio, además, hace hincapié en la necesidad de disolver y reemplazar la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras (DGFyCO) por un nuevo organismo integrado por personal llamado por concurso, así como el incremento del monto de las multas y sanciones: “Hoy por hoy es más rentable construir mal que hacerlo bien. Por ejemplo, construir un piso más que el que permite la ley equivale a una multa del 1% de lo que recaudaría la constructora al vender ese piso”, se indigna Romero. También se solicita a los Consejos Profesionales la nacionalización de las sanciones: “Si por algún extraño caso los matriculados son castigados en la Ciudad, pueden trabajar en Vicente López, Ramos Mejía o Quilmes, lo que minimiza la sanción”, explica Romero.

La suspensión de todas las obras comenzadas en los últimos 6 meses y su posterior re-inspección es una de las cuestiones más urgentes. Los reiterados derrumbes que sorprendieron a Villa Urquiza en el último tiempo dan cuenta de “la necesidad de una decisión política rápida”. “Acá hay muchos intereses económicos en juego. Estamos haciendo las gestiones necesarias para lograr alguna reunión con un funcionario de la Dirección General de Fiscalización de Obras sin éxito hasta el momento”, explica la vecina de Villa Urquiza. El episodio que reavivó la polémica sobre la falta de controles y el levantamiento de torres en la ciudad fue el derrumbe del gimnasio Orion Gym. Al lado del centro deportivo desde hacía un mes actuaba una excavadora para armar el estacionamiento de un futuro edificio de 10 pisos, hecho que es señalado hoy como la posible causa del derrumbe que se cobró tres muertes. A pocas cuadras, en Roosevelt y Triunvirato, el 2 de septiembre pasado cayó la medianera de un departamento sobre un restaurante, pero no hubo heridos.

Según Stella Romero, estos desafortunados episodios generaron mayor conciencia en los vecinos y, por lo tanto, una mayor participación en las manifestaciones que realiza la agrupación. “Este derrumbe (el del gimnasio) fue una cachetada para hacernos reaccionar”, dice y asegura que ni bien se enteraron del segundo hecho comenzaron las tratativas para lograr una reunión con el ministro de Desarrollo Urbano de la Ciudad Daniel Chain.

Mientras, a partir de un escrito presentado en la Defensoría del Pueblo, la agrupación reclama el rigor de la ley para no lamentar más muertes humanas, ni la muerte de un barrio caracterizado por las casas bajas y los espacios al aire libre. Así, exige la adopción de medidas tendientes a limitar la altura de las obras, exigir el fiel cumplimiento de las normas aplicables a cada caso y a proponer las necesarias: “Por ejemplo –dice Romero-, a piso de más que no vaya una multa sino la demolición. Certificados de inspección previa a cada paso, caso contrario suspensión de la obra por un lapso de tiempo importante”. También solicitan ante la Defensoría, que ante cada obra, los vecinos linderos o cercanos que puedan verse afectados tengan la posibilidad de presentar un Amparo judicial.

Con el mismo objetivo, la agrupación ya se reunió el 24 de agosto pasado con algunos integrantes de la Comisión de Planea­miento Urbano de la Legislatura porteña donde se trataron tres proyectos de ley que aspiran a lograr mayores controles en el proceso de demolición de edificios. Uno de ellos es el del diputado Eduardo Epszteyn (Diálogo por Buenos Aires) que establece controles en las etapas de excavación y sub­muración, es decir antes, durante y después de la demolición, y la exigencia de un seguro de caución o un seguro contra terceros, proporcional a la escala de la obra a construir para cubrir eventuales perjuicios a fincas linderas. Por último, exige la caución ambiental prevista por el art. 22 de la ley 25.675, que establece la obligatoriedad para todas aquellas actividades que pudieren dañar el medio ambiente de contratar un seguro que garantice su reme­diación.

“Abrir todos los frentes posibles” es el paso a seguir. “Porque los funcionarios y políticos pasan pero los vecinos quedan....y los vecinos de Villa Urquiza no vamos a olvidar, seremos una piedra en sus zapatos”.