Informe de la Defensoría del Pueblo de la ciudad

Violencia policial en la ciudad

Por Ignacio Di Toma Mues

La Defensoría del Pueblo de la ciudad realizó su segundo informe sobre violencia policial en el transcurso del último bimestre de 2009 y el primer semestre de 2010. Las conclusiones del mismo arrojan datos preocupantes.

La Defensoría aseveró que “sobre 13 hechos protagonizados por personal de la Policía Federal e investigados por esta Defensoría, se obtuvieron resultados alarmantes: se constataron actos de violencia y lesiones, abusos, apremios y, en algunos casos, hasta homicidios”. Además da cuenta de: uso desmesurado de la fuerza, utilización de armas de fuego en situaciones que no lo requerían, comportamientos discriminatorios y ocultamiento de hechos.

En los considerandos del trabajo la Defensoría explica que “la inseguridad generada por la criminalidad constituye un grave problema donde está en juego la vigencia de los derechos humanos. A su vez, las políticas sobre seguridad ciudadana deben ser evaluadas también desde la perspectiva del respeto y garantía de los derechos humanos” y advierte que “es una deuda de la democracia en nuestro país la reforma de la ley orgánica de la Policía Federal Argentina” y agrega que “conserva una estructura institucional perimida que no responde a los nuevos estándares internacionales”.

En cuanto a los hechos de violencia investigados, la Defensoría afirma que “en todos los casos las víctimas de la violencia policial comparten distintas situaciones de vulnerabilidad, son en su mayoría jóvenes, pobres, en muchos casos en conflicto con la ley penal y viven, en general, en lugares que incrementan esa vulnerabilidad” y agrega que “la suposición de que la víctima es un infractor de la ley penal, o en muchos casos un adicto, parece predisponer al uso innecesario de la fuerza y a justificar la aplicación de apremios, el falsificar cargos o ‘plantar’ prueba”.

También pone en tela de juicio el rol de los medios de comunicación: “la percepción pública acerca del crimen y la inseguridad dependen mucho del tratamiento que dan los medios de comunicación a estos temas; descripciones de hechos sin contexto, cargados de tonos emocionales y donde los victimarios son siempre los mismos, hacen de las noticias no un vehículo de información sino, más bien, un mecanismo de constitución de la realidad social. Los discursos convergen en el estímulo a la inseguridad colectiva, generalmente criminalizando la marginalidad y la pobreza”.

Respecto a la justicia, advierte que la acción insuficiente o la directa inacción “ante las violaciones a la ley por parte de la policía, con sus gravísimas secuelas de impunidad, no responden a una sola causa sino que son producto de una combinación de factores” y destaca entre ellos “la existencia de una cultura judicial autoritaria, la escasez de funcionarios judiciales con capacidad para investigar y menos aún con capacidad para intervenir en hechos en los cuales los policías destruyen o desvirtúan el curso de los acontecimientos, la aplicación de criterios diferenciales en cuestiones procesales, la connivencia entre funcionarios judiciales y policiales y, en algunos casos, la escasez de recursos humanos y materiales”.

Por otro lado, cuestiona el modo en que actualmente se realiza el contralor del accionar de esta fuerza de seguridad: “la Policía Federal Argentina mantiene el control disciplinario dentro de la propia institución en la Superintendencia de Asuntos Internos. Un dispositivo de control interno de tipo corporativo no puede ser satisfactorio para dar cuenta del desarrollo actual de los valores democráticos y de la exigencia internacional sobre la vigencia de los derechos individuales y colectivos. Ausente de control externo, sea de otro organismo del Ejecutivo o sea parlamentario, sin participación de la sociedad civil, conservando la lógica del secreto de las actuaciones sin cumplir con el requerimiento de transparencia que preside hoy por hoy toda la labor del Estado, conforma un escenario en el cual lo único sensato es pensar en una reforma integral que permita superar exitosamente la situación actual”.

Entre las paradojas que describe este informe podemos resaltar que es la propia Policía Federal quien sumaría a sus agentes y a la vez quien asume su defensa cuando uno de ellos es acusado por un delito.

Por último, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad exhortó al Jefe de la Policía Federal, Comisario General Néstor Jorge Vallecca a que ‘‘se adopten las medidas de investigación necesarias para el esclarecimiento de los hechos descriptos y para evitar que en el futuro se repitan esas prácticas policiales denunciadas”.