Rechazo del Sindicato Único de Trabajadores Custodios y Afines

Convenio de colaboración de empresas de
seguridad privada y la Metropolitana

El miércoles 12 de enero el Ministerio de Justicia y Seguridad de la ciudad firmó un convenio con la Cámara Argentina de Empresas de Seguridad e Investigación (CAESI) y el Sindicato Unión del Personal de Seguridad de la República Argentina con el objeto de establecer, en forma conjunta líneas de acción para el fortalecimiento de la seguridad pública en el marco del Plan de Seguridad Integral. El Sindicato Único de Trabajadores Custodios y Afines rechazó el acuerdo y prepara un plan de lucha.

Desde el Ministerio informaron que “a través del Instituto de Seguridad Pública se capacitará a los trabajadores de las empresas privadas de seguridad para actuar ante situaciones de riesgo, sospechosas o de emergencia”.

Las empresas privadas cuentan con una dotación de más de 30 mil hombres y 8 mil vehículos, y en referencia a las comunas involucradas, el Presidente de la Cámara, Aquiles Gorini explicó que en esos barrios no hay un gran desarrollo de la seguridad privada, pero que podrán disponer de 5 mil vigiladores y cerca de 600 móviles.

Para implementar el acuerdo representantes de la Dirección General de Seguridad Privada y la Jefatura de la Policía Metropolitana, dependientes del Ministerio de Justicia y Seguridad, deberán proponer las pautas de comunicación y logísticas necesarias; los mecanismos de control y seguimiento de las comunicaciones y las líneas estratégicas, metas y prioridades en materia de seguridad y de respuesta ante hechos delictivos.

En cuanto a la Cámara empresarial, ésta se compromete a informar la nómina de las empresas de Seguridad Privada interesadas en participar, a actuar como interlocutor de las empresas interesadas, a difundir los contenidos de los programas acordados y asegurar que las empresas interesadas se comprometan a informar a todo su personal los alcances del presente acuerdo y garanticen su capacitación de acuerdo a los programas que se diseñen para la actuación en caso de detectarse hechos delictivos.

El convenio estipula una primera etapa (prueba piloto) que tendrá una extensión de 60 días en el ámbito de las Comunas 12 y 15 para los hechos policiales y en toda la ciudad para emergencias en la vía pública.

Aunque el Sindicato Unión del Personal de Seguridad de la República Argentina firmó el acuerdo, el Sindicato Único de Trabajadores Custodios y Afines, adherido a la Central General de Trabajadores (C.G.T.), lo rechazó y llamó a una conferencia de prensa para el viernes 21 en la sede del gremio (Santiago del Estero 436) donde darán a conocer el plan de lucha del gremio. “Estamos en estado de alerta y movilización para preservar los derechos laborales y sociales de los trabajadores a quienes representamos” afirmó el Secretario general, Luis Abeldaño.

El Ministro de Justicia y Seguridad, Guillermo Montenegro, confirmó, luego de la firma del convenio, que esta modalidad se extenderá a otros sectores de la sociedad civil como colectiveros, taxistas, kioskeros, porteros, recolectores de residuos y canillitas.

Por su parte, el diputado nacional y secretario general del gremio de los vendedores de diarios y revistas, Omar Plaini, advirtió que no se sumarán a esta iniciativa y acusó al gobierno de la ciudad de no tener respuestas para el tema de la seguridad. “Con nosotros nadie habló pero esto es un absurdo total”, expresó Plaini por radio Del Plata.

El legislador porteño por Proyecto Sur, Rafael Gentili, en una nota publicada en el diario Página 12, opinó que “la inclusión de civiles en el ejercicio del control social como definición del Estado oculta bajo un velo “comunitario” una dinámica de delación y sospecha que, lejos de resolver la conflictividad social desde una lógica de seguridad ciudadana, profundiza la paranoia social en torno del delito” y detalló las vinculaciones de la plana directiva de la Policía Metropolitana con las empresas de seguridad privada. También criticó la incorporación de los trabajadores de estas empresas a tareas de vigilancia pública sin ningún tipo de “plus o contraprestación pecuniaria”.