La Defensoría del Pueblo denuncia vaciamiento y precarización laboral

Crítico informe sobre las defensorías zonales

La Defensoría del Pueblo de la Ciudad denunció el déficit en el funcionamiento de las Defensorías Zonales encargadas de garantizar la protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes de esta Ciudad. El dictamen destaca la falta de recursos humanos, condiciones de precarización laboral, alta rotación de personal especializado, la inadecuación de los lugares de trabajo, falta de equipamiento técnico, y desempeño de tareas en situación de hacinamiento.

Debido a esta situación en el mes de abril, en el Salón Intersecretarías de la Legislatura, diputados de los bloques opositores, junto a trabajadores del Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad, pidieron la renuncia de la presidente de este organismo, Beatriz Orloswki.

La Defensora del Pueblo, Alicia Pierini, elaboró un extenso informe en el que dio cuenta de las denuncias realizadas por distintas familias que involucran a niños en situaciones de extrema vulnerabilidad social y pobreza estructural y las respuestas brindadas por el Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad.

Pierini aseguró que esta repartición se limitó - luego de varios meses de demora - a informar las derivaciones a las Defensorías Zonales “sin plantear las acciones desplegadas a efectos de garantizar la efectividad de los derechos de los niños afectados, y sin adoptar las medidas que fueren necesarias para contrarrestar la situación de vulneración”.

Por otra parte, enumeró las distintas necesidades de las Defensoría Zonales según la zona de intervención. Hasta mediados del 2010, detalló Pierini, las defensorías recibieron 16.444 casos, de los cuales 9.968 se localizaron en la zona sur de la ciudad; la Defensoría Boca-Barracas (Región Sur Este) intervino en 2.561 casos y en segundo lugar, la Defensoría de Lugano (Región Sur Oeste) en 2.111. En el otro extremo se encuentran la Defensoría Floresta (Región Centro) con 198 casos activos y la Defensoría Recoleta (Región Norte) con un total de 398.

Sin embargo, la Defensora porteña advirtió que “no existe una asignación diferenciada según la carga de trabajo” a pesar que el artículo 66 de la Ley 114 establece que “... la conformación del Equipo Técnico de cada Defensoría Zonal, así como los recursos que el Consejo les provea, responden a la prioridad, suficiencia y adecuación que requieran las particularidades propias de cada Comuna”.

Las Defensorías de Nueva Pompeya y Villa Urquiza, ambas con tres equipos de trabajo, integrados por una trabajadora social, un abogado y una psicóloga, tienen distintas necesidades: en la primera actualmente se están tramitando 1.200 casos y en la segunda aproximadamente 600.

En el informe también se detalló las deficiencias de infraestructura y equipamiento en las distintas defensorías zonales, como por ejemplo la correspondiente a Villa Urquiza que funciona en condiciones precarias en un centro de jubilados del barrio desde el mes de enero de 2011 por la refacción del Centro de Gestión y Participación Comunal N° 12; a su vez el espacio que contaban en la sede comunal era pequeño y sin ventilación, con condiciones de hacinamiento. Otra de las defensorías, la de La Boca-Barracas, carece de un lugar propio en donde ejercer sus funciones, circunstancia que obligó a realizar tres mudanzas en el plazo de dos años.

“La escasez de recursos humanos y materiales que padecen las Defensorías Zonales se evidencia en virtud de la cantidad de funciones que deben cumplimentar: notificaciones, confección de carpetas con los datos completos del niño, niña o adolescente, planificación de una estrategia de abordaje, y acciones de seguimiento del caso, entre las que se destacan: la elaboración de informes, diagnósticos, evaluaciones, reuniones con organismos intervinientes, dispositivos de salud y educación, interposición de recursos administrativos y procuración de expedientes judiciales” aseguró la Defensora del Pueblo.

Por último, Pierini advirtió que “la situación laboral del personal tampoco es adecuada a las categorías y funciones que realizan, toda vez que el 70% de los trabajadores se encuentran bajo la modalidad de contratación de locación de servicio, sin ninguno de los beneficios sociales que las relaciones de dependencia laboral implican”.