Nuevo plan para salvar al Club Comunicaciones

El último intento

Luego de que el juez, que debe decidir el futuro de la entidad, rechazara el proyecto del Gobierno porteño y tuviera que privilegiar la oferta de la Mutual de Camioneros, el Ejecutivo busca torcerle el brazo a través de un nuevo proyecto de salvataje. El borrador fue presentado a los socios el 7 de junio por un grupo de legisladores con buena recepción. Contempla el pago de la deuda pero la totalidad de los terrenos pasarían a manos de la ciudad. Se formaría una nueva asociación civil con todos los derechos actuales y la construcción del estadio proyectada.

Por Gabriel Morini

El destino del Club Comunicaciones aún no está sellado. El futuro de la entidad que supo tener más de 70 mil socios, pero que desde hace diez años vive una crisis financiera terminal, sigue siendo una incógnita, con giros que no hacen más que aumentar el suspenso. Luego de que el juez que entiende en la quiebra no tuviera otra alternativa que convalidar la oferta presentada por la mutual de Camioneros para incorporar el club a su gremio, el gobierno de la Ciudad dejó entrever, en plena campaña por la reelección de Mauricio Macri, que no permitirá que Hugo Moyano logre hacerse del predio de 17 hectáreas en el corazón de la ciudad de Buenos Aires.

El martes 7 de junio, varios legisladores presentaron frente a los socios un nuevo plan de salvataje en el que las fuerzas políticas vienen trabajando en paralelo, y que presentarán antes de que venza el plazo fijado por el juez Fernando D´Alessandro para la contraoferta, previsto para la primera semana de julio.

En el medio, un escenario complejo compuesto por una quiebra que se prolongó un año más de lo debido, un órgano fiduciario – que según denuncian los socios - no ha hecho mucho por la supervivencia de la asociación civil y uno de los gremios más poderosos del país pugnando por un terreno valuado en más de 120 millones de dólares.

El 7 de julio es la fecha límite para que el Ejecutivo porteño mejore su propuesta, algo que según el termómetro político es inevitable en tiempo de elecciones. En la resolución del 29 de abril pasado, el juez D´Alessandro rechazó la propuesta realizada por el gobierno porteño de hacerse cargo de la deuda del club, unos 12 millones de pesos, iniciativa que había recibido un apoyo casi unánime en la Legislatura porteña.

La primera lectura fue que el juez había propiciado un triunfo para líder camionero, que estaba a un paso de engrosar con Comunicaciones el jugoso patrimonio del gremio. De carteros a camioneros podría haber sido uno de los finales de esta historia, que parece nunca acabar. Los motivos reales de la decisión judicial tuvieron más que ver con lo técnico que con lo político, en este caso.

El rechazo del juez

“La propuesta del Gobierno de la Ciudad resulta insuficiente para atender a los diversos rubros contemplados por la Ley de Concurso y Quiebras”, destacó el magistrado en su fallo. Los casi 12 millones que ofrecía la administración porteña no alcanzaban a cubrir la deuda total de Comunicaciones, que con los intereses de estos diez años, trepaba a 25 millones de pesos. Con la idea de darle continuidad a la asociación civil para que lo gerenciara, las generales de la ley hacían caer al proyecto en un vacío técnico que lo volvía inadmisible. El proyecto de ley original apuntaba a salvaguardar la totalidad de la quiebra, pero una modificación pedida por el macrismo luego de su promulgación, fijaba el tope máximo a desembolsar por el Ejecutivo en 12 millones.

D´Alessandro subrayó que esta situación había sido advertida con anterioridad, al quedar una porción importante del terreno en manos de la asociación civil. “Como corolario de lo expuesto, lamentable pero inexorablemente, corresponde concluir su inadmisibilidad en esta instancia”, concluyó el magistrado, echando por tierra las especulaciones sobre un supuesto “arreglo” con camioneros.

Tras ese punto, el juez habilitó la posibilidad de una segunda instancia de mejoramiento de la oferta, previo paso por la Legislatura y estableció un plazo al borde de la feria judicial de invierno. En ese sentido, hizo un nuevo guiño hacia los partidos políticos y emitió una serie de sugerencias en las que propiciaba una solución definitiva para la entidad. “La propuesta no necesariamente debe consistir en la adquisición de todo el predio del club, sus instalaciones y derechos. Por el contrario, se ponderarán también las condiciones que al margen de satisfacer los recaudos obligatorios indicados, conduzcan a la continuidad de la asociación civil”, aclaró el magistrado. La única iniciativa que contemplaba esto era la de la política. La gremial planteaba una absorción y la desaparición de lo que hoy es Comunicaciones. A su vez, le daba ventajas a quien transfiriera la menor porción del predio y fuera beneficiosa para el “interés público”. La oferta de Camioneros, en ese sentido, llevaba las de perder.

La contraoferta

Una vez conocido el rechazo y con la instrucción política de no dejar caer al club de Avenida San Martín y Tinogasta (mucho menos en manos de Moyano), el macrismo resolvió probar otro camino.

En ese sentido, el titular de la Comisión Especial conformada en la Legislatura, el macrista Bruno Screnci Silva, y sus pares de otros partidos, Aníbal Ibarra, Delia Bisutti, Rubén Campos y Jorge Garayalde, se presentaron en la sede del club para comentar con socios y vecinos el borrador de un nuevo proyecto de ley.

“El resultado fue una excelente recepción y hay consenso entre los bloques para que en las próximas semanas se lleve al recinto”, aseguró Screnci. El borrador que se dio a conocer y aún está sujeto a modificaciones contempla, al igual que su antecesor, el pago de 12 millones de pesos para levantar la quiebra (un millón más que lo que ofrece el moyanismo), pero un cambio en la forma en que se entregará el club a los socios.

El Ministerio de Desarrollo Económico porteño será el que proponga quedarse con la totalidad del predio y los bienes pertenecientes a la entidad, no ya tan solo seis hectáreas. A su vez, la actual asociación civil se disolvería para evitar tener una continuidad que obligue a la aplicación de la Ley de Quiebras, con el consabido pago de intereses. En su lugar, la totalidad de los socios fundaría una nueva asociación, idéntica a la anterior, con la concesión por 99 años de la administración y explotación del club. El llamado a licitación para un estadio por parte del gobierno comunal, completaría el proceso. “Creemos que esta oferta no solo iguala sino que supera a la de Moyano - aseguró Screnci Silva a la salida del encuentro - ahora todo dependerá del juez”.