Qué pasó en la Legislatura

Idas y vueltas en el rescate del Club Comunicaciones

El tope impuesto por la Legislatura para el pago de la deuda concursal es la causa argumentada por el Juez D’Alessandro que consideró inadmisible, en primera instancia, la oferta presentada por el Gobierno de la Ciudad. El plazo para mejorar la propuesta vence el 7 de julio.

A continuación haremos un racconto de las distintas medidas y acciones que fue impulsando la Legislatura para lograr la continuidad de la asociación civil Club Comunicaciones y los entretelones que llevaron a establecer un tope para el pago de la deuda concursal.

Vaivenes legislativos

La Legislatura porteña, en la sesión del 26 de noviembre de 2009, aprobó la condonación de la deuda que mantenía el Club Comunicaciones con el Gobierno de la Ciudad en concepto del impuesto inmobiliario. La condición impuesta fue la continuidad en el predio de las actividades deportivas por parte del club y las educativas a cargo de la Cooperativa de Trabajo “Instituto Comunicaciones”.

En esta misma sesión se sancionó la Resolución 523 que crea la Comisión Especial cuyo objetivo es el de elaborar una solución integral para garantizar la continuidad del Club Comunicaciones.

En el año 2010, en la sesión del 21 de octubre, se sancionó la Ley 3.604, con el apoyo unánime de todos los bloques, que ordena al Gobierno de la Ciudad a presentarse ante la administración fiduciaria interviniente en la quiebra del Club Comunicaciones a fin de realizar una propuesta de puesta en valor e inversión suficiente que incluya el pago de la totalidad de la deuda vigente. La propia ley fija las condiciones de la oferta:

• a) El levantamiento de la quiebra.
• b) Se convoque a asamblea general de socios con el objeto de modificar el estatuto, previa aprobación de la Inspección General de Justicia, permitiendo que todos los socios del Club Comunicaciones mayores de dieciocho (18) años a la fecha de la sanción de esta Ley puedan elegir y ser electos como autoridades, sin distinción de ninguna índole.
• e) Cumplidos los incisos a y b, se convoque a elecciones de autoridades en un plazo no superior a noventa (90) días.
• d) Se traspase al dominio público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un sector de la fracción “F“ de la manzana 54 A sección 71 circunscripción 15, el que conservará el distrito de zonificación actualmente vigente, de no más de seis hectáreas para la construcción de un estadio cubierto que no afecte las actividades de la entidad deportiva y del Instituto Educativo Club Comunicaciones. El trazado definitivo del sector de la parcela a delimitar será fijado por la autoridad administrativa que corresponda dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano y los organismos técnicos del GCBA pertinentes, previo giro a la Legislatura para su conocimiento y aprobación, cumpliendo con los procedimientos y normas vigentes.

Sin embargo, 3 semanas después (en la sesión del 11 de noviembre) el presidente de la Comisión Especial, Screnci Silva (PRO), propuso la modificación del Artículo 1º de la Ley 3.604 “para establecer un monto más tangible en el ofrecimiento de la quiebra del club”.

Con 32 votos afirmativos y 9 abstenciones (Proyecto Sur, SI y Nuevo Encuentro) se aprobó la modificación de la ley original. La nueva norma (Ley 3.624) fija un tope al monto que debe desembolsar el Gobierno de la Ciudad: 12 millones de pesos e introduce un nuevo artículo (Artículo 1º bis) que autoriza al ejecutivo a mejorar la oferta “siempre que el órgano jurisdiccional hubiese llamado a mejorar ofertas, debiendo la oferta final obtener ratificación de la Legislatura”.

Cuál fue la razón de esta modificación atento
a la unanimidad de la primera sanción?

El Ejecutivo informó, un día antes de la sesión del 11 de noviembre de 2010, a la comisión especial que tal cual estaba redactada la ley la misma sería vetada. La diputada Delia Bisutti (SI), durante esa sesión explicó la situación planteada: “nos enteramos en el día de ayer que el Poder Ejecutivo estaba dispuesto a vetarla. A partir de ahí comenzaron los apuros para modificar el texto. Desde el Poder Ejecutivo ni siquiera tuvieron la gentileza de convocar a los integrantes de la comisión que sigue esta temática, y tampoco al conjunto de los diputados que trabajamos, para explicarnos cuál era el motivo por el que la iba a vetar” y agregó que "no estamos en desacuerdo con la modificación, pero sí con la forma y con las intenciones que, supongo, puede haber detrás de estas modificaciones”.

Por su parte Gabriela Cerruti, de Nuevo Encuentro, expresó su enorme incomodidad por estar discutiendo “un proyecto de ley a las apuradas, porque hubo un llamado telefónico o un rumor que señala que van a vetar la ley y que hay un juez que parece “trucho” y una cifra que anda dando vueltas por allí” y preguntó “si se está hablando de 40 millones, ¿por qué estamos votando una ley que, en su primer artículo, dice que la deuda vigente es “por hasta 12 millones de pesos”? Ya sabemos que eso no va a tener sentido, que tendremos que modificarlo y que, por lo tanto, tendrá que volver a la Legislatura”.

Aunque votó a favor de la modificación, Aníbal Ibarra (Diálogo por Buenos Aires) dejó constancia de sus dudas: “veo que nos van a complicar mucho las cosas y que a pesar de lo que se declama, no tienen la propuesta pública. Lo que decíamos en ese entonces garantizaba el pago a los acreedores, la continuidad en mano de los socios y que el Estado intervenga con un fin público y social. La verdad es que estaba todo. Pero sin embargo, para nosotros era 25 (millones) y para el particular 11 (millones)” y agregó que “vamos a tener que trabajar alguna ley más allá de ésta. Ya estuvimos hablando con otros diputados y diputadas, particularmente con la diputada Bisutti, para evitar este argumento falaz de querer colocarnos los intereses, porque dejamos las dos hectáreas (sic) para el club y esto se considera remanente”. Por último aseveró que la modificación permitirá al Poder Ejecutivo presentarse en el juzgado, en la quiebra y “a nosotros nos da tiempo para trabajar en una propuesta legislativa que detenga estos intentos de querer cobrarle al sector público lo que no se le cobra al sector privado”.

Una vez conocida la decisión del juez D’Alessandro, la Comisión Especial presentó un proyecto de resolución que rechaza su actuación:

“La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires manifiesta su rechazo a la resolución del Juez de primera instancia en lo Comercial Nacional Fernando D'Alessandro, a cargo del juzgado Nº 7 secretaría Nº 14, que entiende en la causa que lleva la quiebra del Club Comunicaciones, donde expresa la inadmisibilidad de la oferta presentada por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

Tal como está planteada la situación, la Legislatura deberá esperar como prospera la causa en la justicia y cual es la actitud que finalmente tomará el Ejecutivo.

Ignacio Di Toma Mues