La causa por los abusos de la unidad de control de espacio público

La cita a la que Macri no quiere ir

Por Gabriel Morini

El jefe de Gobierno porteño Mauricio Macri enfrenta un año electoral intenso para su carrera política pero también difícil en materia judicial. A la causa que lo tiene actualmente procesado como partícipe de una asociación que realizaba escuchas ilegales, se le suma el proceso abierto en su contra por las acciones que llevó a cabo la Unidad de Control de Espacio Público (UCEP), órgano que se encargaba de desalojar indigentes en situación de calle con métodos violentos. Apenas comenzaron las denuncias sobre los métodos que aplicaba ese grupo, la gestión PRO decidió deshacerla y el ministro de Espacio Público Juan Pablo Piccardo fue el que pagó los costos políticos con su puesto.

Macri acaba de eludir su tercer llamado a declaración indagatoria, y su defensa se esmera en logar un aplazamiento de la fecha para su próxima citación, que podría costarle, si así lo entiende el juez Facundo Cubas, un segundo procesamiento. La evidencia recolectada hasta el momento sobre el accionar de la UCEP por el fiscal Marcelo Roma sostiene que todo lo contrario al planteo de nulidad a su convocatoria que efectuó el propio Macri. Aunque la nueva fecha aún está en suspenso, las opciones del líder del PRO y precandidato presidencial se están reduciendo.

El Juzgado de Instrucción Nº 49 llevó adelante la causa desde su origen cuando fue presentada en octubre de 2008 por la diputada nacional por Proyecto Sur, Liliana Parada y unificó todos los expedientes que estaban abiertos con distintas acusaciones contra la UCEP. Estos incluyen la agresión a Carla Baptista, embarazada y madre de cinco hijos ocurrida en la madrugada del 1° de octubre de 2009 debajo de la autopista 25 de Mayo, en el barrio de San Cristóbal. La mujer terminó con desplazamiento de placenta, golpeada en su rostro y hasta corrió riesgo de perder su embarazo. En esa oportunidad, los integrantes del grupo que la atacó fueron identificados por efectivos de la comisaría 18. Este es uno de los diecinueve hechos que se le imputan a la UCEP y que investigó el fiscal Roma, quien elevó el pedido de indagatoria para veintiocho personas hasta el nivel del ex ministro Piccardo. El juez Cubas agregó a Macri a la lista de futuros indagados, quien debía comparecer con su ex dirigidos el 10 de diciembre del año pasado. El jefe de Gobierno pidió que se posponga su cita y el juez fijó el 25 de febrero para el segundo llamado.

Pero Macri tampoco asistió a ese llamado. Cuando ya habían pasado 50 minutos del comienzo de la audiencia, Cubas recibió una comunicación por parte de los abogados que solicitaban que se aplazara su citación, porque el jefe de Gobierno estaba en un acto de campaña en la localidad de San Martín. El magistrado, mascullando bronca, decidió volver a fijar una nueva audiencia para el 18 de marzo “bajo apercibimiento” de impulsar su desafuero. La medida tenía un futuro nebuloso porque se impulsarlo, el desafuero de Macri –que permitiría que pudiera ser llevado bajo arresto a declarar—tendría que ser votado en la Legislatura con una bancada del PRO ansiosa por impedirlo. Aún así le advirtió al jefe comunal que si sabía en la fecha en que fue notificado de su futura citación que, en simultáneo iba a estar en un acto proselitista, debía por lo menos haberlo comunicado oportunamente. Pero Macri volvió a faltar sin previo aviso y . Armó una gira protocolar por las ciudades de Washington y Paris para presentarse en un seminario de campañas políticas y luego asistir junto a su esposa Juliana Awada a la feria del libro parisina donde la ciudad de Buenos Aires era invitada de honor.

Nuevamente burlado el juez Cubas rechazó todos los planteos de la querella para llamarlo por la fuerza pública o impulsar su desafuero como él mismo había advertido. En su lugar, le solicitó al fiscal que analice los argumentos de la defensa macrista que mientras Macri estaba de gira presentó un planteo de nulidad de la citación a indagatoria y dejó en suspenso un nuevo llamado a indagatoria que será fijado en los próximos días. La relación entre Cubas y Macri no es nueva: el juez le había facilitado al líder del PRO un conveniente sobreseimiento en la investigación por una cuestionada licitación por la instalación del mobiliario urbano en la ciudad. El fallo de Cubas que liberaba de culpa y cargo a Macri fue revocado por la Cámara de Apelaciones, no sin cuestionamientos hacia la labor del juez.

Los argumentos de los defensores de Macri para pedir la nulidad de la convocatoria a declaración indagatoria –algo que no habían cuestionado en ninguna de sus otras citaciones—se basó en que el pedido fue ordenado sin el previo requerimiento del fiscal, que según los abogados, tampoco especificó de qué delitos se lo acusa al jefe de Gobierno. El fiscal rechazó todos los planteos. Roma sostuvo que cuando él formuló requerimientos contra varios imputados, aunque el nombre de Macri no figurara, describió «un conjunto de hechos ilícitos que se encontrarían comprendidos dentro de una maniobra desplegada regularmente por empleados y autoridades del Gobierno de la Ciudad». El fiscal señaló que el juez, al reasumir la investigación de la causa, decidió citar a Macri «debido a sus funciones dentro del organigrama de la administración pública local». La figura legal que se investiga son los delitos de lesiones, amenazas, coacción agravada e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Pero aunque lo que declarará Macri aún es una incógnita, ya desfilaron por el juzgado de Cubas los funcionarios que tuvieron directamente a su cargo la UCEP, como Fabián Rodríguez Simón, Jorge Cristian Polini y Matías Lanusse. También declaró ante el juez Piccardo, el funcionario directamente implicado en el manejo de la UCEP y que ahora se desempeña en la empresa Subterráneos de Buenos Aires. Su testimonio era uno de los más esperados porque siempre había asegurado que esta unidad “cuidaba del buen uso del espacio público”. Así fue que delante del juez, Piccardo aseguró que la UCEP “contaba con personal idóneo y el debido sistema de contralor” y que “a nadie se le ocurrió pegarle o decirle al cartonero que se vaya, porque no es la manera de resolver el tema”. Sin embargo, en un escrito donde pidió su sobreseimiento en la causa afirma que “nadie puede sostener que, como ministro, creé el dolo en los agentes para que roben, amenacen, lesionen y abusen sexualmente de quienes ocupaban el espacio público”, como dando por descontado que esos delitos los cometía la UCEP, algo que, en parte, se desprende de los videos y de los testimonios que registraron el accionar represivo de la unidad.

"El objetivo de la UCEP es remover objetos del espacio público para promover su buen uso, como puestos ilegales o quioscos", afirmó Piccardo, aunque agregó que "no tiene atribuciones para trabajar con personas", algo que en la práctica sí sucedía. La idea de la UCEP no es nueva y está inspirado en una unidad similar que funciona en la ciudad de Río de Janeiro. La Prefectura a cargo de la administración de la ciudad también deambula -solo que de día-recolectando indigentes con sus pertenencias para, se supone, llevarlos a hogares de día y así evitar que se instalen en las calles cariocas.

Antes de que sea fijada una nueva fecha, los abogados de la querella anticiparon en exclusiva cuál será su postura. En lugar de rechazar los planteos de la defensa de Macri, lo que según ellos “son maniobras dilatorias con el único fin de retrasar el avance de la causa que puede dejar a Macri con su segundo procesamiento”, aseguraron que todo lo que argumentan sus defensores es posible subsanarlo y llamarlo de inmediato a una nueva indagatoria. Ya el fiscal se pronunció hace unos días por la pertinencia del llamado al jefe de Gobierno.

El último argumento de la defensa, si el juez accede, se podría arreglar a partir de la cédula de notificación, donde se acrediten los delitos que se le imputan a Macri, lo que lo dejaría al borde de poder ser convocado a la nueva audiencia.