Presentación ante el Tribunal Superior de Justicia

La Defensoría General denunció al Fiscal General
de la Ciudad por privación de justicia

El Defensor General porteño, Dr. Mario Jaime Kestelboim, denunció ante el Tribunal Superior de Justicia al Ministerio Público Fiscal, a cargo del Dr. Germán Garavano, por privación de justicia durante los procedimientos de desalojo que éste lleva a cabo en la ciudad. El alto tribunal podría aplicar una sanción, ordenar que se cumpla con los derechos constitucionales o rechazar la denuncia.

La Defensoría aseveró que esta presentación está basada en la reiterada y generalizada omisión en la que incurre el Ministerio Público Fiscal de dar intervención oportuna a la defensa técnica – particular o pública - en oportunidad de los desalojos en el marco de las causas penales abiertas por usurpación.

Esta práctica, aseguró la Defensoría, “genera una irreparable violación de los derechos constitucionales a la defensa en juicio y al debido proceso, a la doble instancia, a la igualdad de armas y al acceso a la justicia”.

También dio cuenta que, en conjunto con la Asesoría General Tutelar, solicitaron al Fiscal General de la Ciudad, Dr. Germán Garavano, que tome “las medidas pertinentes a fin de garantizar que los Fiscales de primera instancia con competencia penal que actúan ante el Fuero en lo Contravencional y de Faltas de la Ciudad, requieran la intervención del Ministerio Público Tutelar y del Ministerio Público de la Defensa, en todos los procesos en los que se investigue el delito de usurpación desde el momento de recibida la denuncia”.

Garavano, en octubre de 2009, informó a la Defensoría General que había derivado esta cuestión a un Comité integrado por el Fiscal General Adjunto en lo Penal, Contravencional y de Faltas y por fiscales que actúan ante la primera instancia de dicho fuero. Finalmente, un mes antes del violento intento de desalojo del Parque Indoamericano, rechazó definitivamente esta petición.

Por otra parte, la Defensoría advierte de la gravedad de la situación: “… en el 71.7 % de los casos que hubo desalojo en las causas por el delito de usurpación la intervención de la Defensa fue tardía o inexistente, privando así de manera inadmisible en un estado de derecho del acceso a la justicia y de los derechos constitucionales más elementales a las personas que los sufren que son, casi en su totalidad, personas en condición de vulnerabilidad por razones de pobreza, de nacionalidad, de edad y de género”.

Desde junio de 2008 (fecha en que se puso en vigencia el convenio de transferencia de competencias penales) hasta agosto de 2009 se tramitaron 1.743 causas por usurpación de las cuales se notificaron a la Defensa 85 procesos y al Ministerio Público Tutelar en sólo una treintena de casos.