Inician causa penal contra la Ministra María Eugenia Vidal

La justicia porteña ordenó la clausura del
Club 17 de Agosto

El juez porteño, Roberto Gallardo, con fecha 2 de julio ordenó la clausura del Club 17 de Agosto de Villa Pueyrredón (Av. Albarellos, entre Nazca y Argerich) por carecer éste de habilitación y presentar variopintas irregularidades como parador para personas sin techo. En el mes de mayo Macri anunció su postulación para un nuevo mandato como jefe de Gobierno en esta institución.

Por Ignacio Di Toma Mues

Tras los allanamientos ordenados por la justicia porteña a las oficinas del Ministerio de Desarrollo Social y de la sede del Club 17 de Agosto, el Jefe de Gobierno, Mauricio Macri, por intermedio de un comunicado de prensa aseveró que “no es serio que el juez en lo Contencioso Administrativo Roberto Gallardo haya ordenado un allanamiento a una semana de las elecciones” y lo acusó de hacer política desde el primer día: “siempre ha tomado decisiones que exceden a su competencia, está muy vinculado con la Fundación Madres de Plaza de Mayo y no sé si está distrayendo la atención de las cosas graves que están pasando”. En ese mismo sentido opinó Vidal y aseguró que “estamos muy tranquilos porque no tenemos nada que ocultar y todo lo que quiera la justicia se lo vamos a presentar”.

Crónica de la causa judicial

A partir de enero de 2011 el Ministerio de Desarrollo Social, que preside la actual candidata a vicejefa de Gobierno, María Eugenia Vidal, comenzó a derivar gente en estado de calle hacia el Club 17 de Agosto desde el “Parador Retiro” (cerrado para su reparación por orden judicial).

Un dato para destacar: quien fuera presidente del club hasta diciembre de 2010, Sergio Costantino, está a cargo desde el 1º de abril de 2009 de la Dirección General de Infraestructura Social, que depende del ministerio que preside Vidal. Anteriormente se había desempeñado como Director General de Infraestructura y Actividades Deportivas dependiente de la Subsecretaría de Deportes.

El 11 de febrero la justicia porteña intimó al Gobierno de la Ciudad a presentar “la totalidad de las constancias que acrediten la habilitación específica del Club 17 de Agosto respecto a la recepción y admisión de personas para pernoctar, y la totalidad de las constancias administrativas que acrediten la relación contractual que une al mentado club con el Gobierno de la Ciudad”.

Tras reiteradas intimaciones, recién el 7 de abril la Ministra Vidal presentó un escrito informando al magistrado porteño que el Parador Retiro comenzaría a funcionar nuevamente el 18 de abril y una copia simple de un convenio sin fecha que se habría celebrado entre la Ministra y el Presidente del Club 17 de Agosto, Héctor Daniel Destéfano. Por su parte el club nunca aportó la documentación requerida judicialmente.

La Ministra también explicó que el Parador funciona en la institución deportiva de Villa Pueyrredón desde el mes de enero de 2011 en una de las canchas de fútbol ubicada en el ala trasera derecha de planta baja del predio, lindando con la cancha de tenis y próxima a la cancha de bochas.

Por su parte, la Defensoría General de la Ciudad, a cargo de Mario Kestelboim, informó que: “En ocasión del desalojo del día 1 de junio, de las viviendas de Lafuente y Castañares – en el Bajo Flores - la Defensoría constató que un grupo de casi cien mujeres y niños fueron alojados en el Club 17 de Agosto, sin que se reunieran las condiciones mínimas indispensables para garantizar salubridad, higiene y abrigo a dichas personas”. Esta visión fue ratificada por la Asesora Tutelar, Dra. Mabel López Oliva. En la madrugada del 2 de junio estas familias fueron trasladas a los paradores Azucena Villaflor y 26 de Julio.

El jueves 30 de junio, la Defensoría en lo Contencioso Administrativo y Tributario solicitó a la justicia que “se estableciese si el Club 17 de Agosto cuenta con los requisitos y documentación necesaria para funcionar como Parador”.

Finalmente, el viernes 1º de julio, el juez Gallardo ordenó el allanamiento de tres oficinas del Ministerio de Desarrollo Social y el Club 17 de Agosto “en virtud de la reticencia del Gobierno de la Ciudad en dar cumplimiento a las reiteradas intimaciones a fin de que acompañe las constancias que acrediten la habilitación específica del Club 17 de Agosto, y las constancias administrativas contractuales que unen al mentado club con el GCBA”.

En base a la documentación secuestrada, la justicia porteña ordenó al Gobierno de la Ciudad que haga efectivo “el Código de Habilitaciones y permisos y proceda a la clausura del Club Cultural y Deportivo 17 de de Agosto, ello hasta tanto se regularice su situación habilitatoria y cumpla con los requisitos de rigor”.

El juez Gallardo, en los considerandos de su fallo, detalló que la institución sólo cuenta con un trámite de habilitación que data del año 1953. “La habilitación no ha sido conferida, conforme surge de la evidencia obrante en autos y del silencio guardado por la entidad luego de la intimación que se le cursara a tales efectos con fecha 11 de febrero de 2011, 30 de marzo de 2011 y 06 de abril de 2011” aseguró el magistrado.

En el allanamiento a la sede del club, además, se encontró un acta de notificación de la Agencia Gubernamental de Control por “Habilitación en Infracción”. También se detectaron irregularidades en las actas de directorio de la institución deportiva.

En cuanto al convenio, se comprobó que el mismo se rige por el Decreto 607/97, que autoriza al Gobierno de la Ciudad a promover convenios “con organismos no gubernamentales (ONG) que se ocupen de esta problemática” y lo faculta “a efectivizar los subsidios”. El juez Gallardo, ante esta evidencia, concluyó que “de lo reseñado claramente se colige que el convenio celebrado entre el G.C.B.A. y el Club 17 de Agosto es violatorio del decreto reglamentario en tanto el Club no es una ONG que se ocupa de la problemática de las personas sin techo y porque además el contrato no contiene el pago de subsidios sino de contraprestaciones por persona/día asimilables a un precio”.

Por otra parte, el convenio recién se firma el 13 de mayo (esto surge de la documentación secuestrada), tres meses después de la primera intimación judicial y el 13 de junio de 2011, el Ministerio de Desarrollo Social autoriza el pago de 5 facturas por un monto total de 498.300 pesos por la contraprestación efectuada durante los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo, sin la certificación correspondiente del servicio prestado ni la cantidad de gente que albergó el club. La aprobación del pago – aunque no llegó a concretarse por la acción de la justicia - detalla que “en todos los meses se ocuparon el 100% de plazas disponibles por convenio, todos los días del mes...”.

Por último, y debido a las innumerables irregularidades encontradas en la tramitación administrativa del convenio y en la aprobación del pago de casi 500 mil pesos, el juez Gallardo ordenó remitir todo lo actuado a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional “a los fines de investigar los supuestos ilícitos que involucran a los funcionarios del Poder Ejecutivo local Mauricio Macri, María Eugenia Vidal, José Luis Acevedo, Guadalupe Tagliaferri, Sergio Gabriel Costantino y Elena N. Pietrapertosa y las autoridades del Club Cultural y Deportivo 17 de Agosto”. El sorteo de la causa recayó en el Juzgado de Instrucción N° 14 a cargo de la jueza Fabiana Palmaghini.

Subsidios y otros pagos al 17 de Agosto

El juez Gallardo, en los considerandos del fallo, detalló que con fecha 12 de mayo la subsecretaría le abonó al 17 de Agosto 40 mil pesos en concepto de alquiler de las instalaciones para clínicas deportivas. “No se llega a advertir, dada la precariedad de la información contenida, cuál habría sido la causa del pago de tan elevada suma” expresó el magistrado.

En el mes de febrero (esta información no está en el expediente judicial) la misma repartición le otorgó un subsidio de 30 mil pesos para la promoción y desarrollo deportivo del patín artístico de mediana y alta competencia en el marco de la Ley 1.624. Es requisito para acceder a este beneficio estar inscripto en el Registro Único de Instituciones Deportivas, que depende de la Subsecretaría de Deportes y contar con una certificación de “club de barrio” emitida por la esta repartición.

La ley define a los clubes barriales como “asociaciones civiles sin ánimo de lucro que posean como objeto social la práctica y fomento de actividades deportivas y cuya facturación anual no exceda el monto de pesos quinientos mil”.

Por último debemos tener en cuenta que el ex presidente del “17 de Agosto”, Costantino, antes de ser funcionario del Ministerio de Desarrollo Social se desempeñó por un breve periodo (renunció en marzo de 2008) como Director General de Infraestructura y Actividades Deportivas dependiente de la Subsecretaría de Deportes.