Freno a las restricciones a la protesta y el derecho a huelga

La justicia porteña suspendió el decreto de
necesidad y urgencia dictado por Macri

El Juez porteño, Roberto Gallardo, suspendió la aplicación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 2/11 firmado por el Jefe de Gobierno, Mauricio Macri, el 11 de abril y publicado en el Boletín Oficial del 13 de abril. Este DNU incorpora al Código Contravencional de la Ciudad un nuevo título compuesto de tres artículos que imponen multas o días de arresto a quienes impidan la libertad de prensa y de expresión.

Gallardo declaró inconstitucional el DNU ya que, fundamentó, el Poder Ejecutivo no tiene la atribución de crear figuras penales. A su vez consideró que el derecho a protesta y huelga de los trabajadores establecidos por el artículo 14 bis de la Constitución nacional “de ninguna manera encuadrarían en una contravención”.

El artículo 103 de la Constitución porteña establece que “el Poder Ejecutivo no puede, bajo pena de nulidad, emitir disposiciones de carácter legislativo. Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos en ésta Constitución para la sanción de las leyes y no se trate de normas que regulen las materias procesales penales…”

El Decreto de Necesidad y Urgencia incorpora al Código Contravencional el título “Protección a las Libertades de Prensa y de Expresión” integrado por tres artículos que sancionan con arresto de 3 a 10 días o multas de 5 mil a 50 mil pesos a quien “intencionalmente impida, obstruya u obstaculice la producción, impresión, distribución de ideas, opiniones o información a través de cualquier medio de prensa” o “la libre expresión en forma pública de ideas, opiniones o informaciones” y con arresto de 1 a 10 días y multas de 2 mil y 30 mil pesos a quien “intimide u hostigue a directivos, gerentes, trabajadores, periodistas o distribuidores de medios de prensa”.

El Jefe de Gobierno aseguró en los considerandos del DNU que “las libertades de prensa y de expresión son garantías constitucionales expresamente consagradas por la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en consonancia con las prescripciones de la Constitución Nacional y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos” y que “los hechos de público conocimiento ocurridos durante los días 26 y 27 de marzo del año en curso, que impidieron la normal circulación de la edición correspondiente al 27 de marzo de 2011 del Diario Clarín – y demoraron la del Diario La Nación – han configurado una clara e injustificable restricción a la libertad de expresión”. A su vez agrega que “la situación debe ser evaluada como particularmente grave ante la notoria inacción de las autoridades competentes del Estado Nacional, sumado el hecho de que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen su sede numerosos medios de comunicación masiva de orden nacional y local”.

Este último punto es también rebatido por el Juez Gallardo, ya que sostiene que Macri pudo haber solicitado a la Justicia Contravencional el desalojo de la calle y con la autorización del juez del fuero ejecutar la orden con la Policía Metropolitana.

Por su parte, el vicepresidente primero de la Legislatura porteña, Oscar Moscariello - a instancia de los bloques opositores - convocó a sesión extraordinaria para el miércoles 27 a las 15 horas para dar tratamiento al DNU.

Desde la oposición buscarán lograr el quórum necesario para rechazar el decreto razón por la cual, informó la agencia Telam, los legisladores del PRO analizan presentar un proyecto que contenga los mismos contenidos que el DNU.