Declaran admisible la oferta de la Mutual de Camioneros

Los socios apelaron la resolución judicial
en la quiebra del Club Comunicaciones

A partir de la resolución tomada por el juez en lo comercial, Fernando D’Alessandro, la situación legal del Club Comunicaciones entra en las instancias finales. El 29 de abril la propuesta presentada por la Mutual de Trabajadores Camioneros “15 de Diciembre” fue declara admisible por el magistrado y, en primera instancia, inadmisible la del Gobierno de la Ciudad que tiene la posibilidad de mejorar la oferta existente antes del 7 de julio próximo. El Comité Asesor Honorario, integrado por cinco socios del club, apeló la medida.

La suerte del Club Comunicaciones, luego de su quiebra decretada en octubre del año 2000, quedó en manos del juez D’Alessandro en el marco de la ley especial de administración de entidades deportivas con dificultades económicas (Ley 25.284). La administración efectiva de esta institución deportiva del barrio de Agronomía, que acaba de cumplir 80 años, fue delegada en un órgano fiduciario integrado por el Dr. Eduardo Fenocchieto), la contadora María Inés Martínez y el ex dirigente de River, Jorge Perillo.

Cabe destacar que la Ley 25.284 estipula un plazo máximo de actuación de la administración fiduciaria (que se cumplió en octubre de 2009) y en caso de imposibilidad de generarse los recursos necesarios para levantar la quiebra – habiéndose cumplido el plazo legal – obliga a seguir el proceso conforme al régimen de la ley de Concursos y Quiebras.

Protesta de socios e hinchas el sábado 7 de mayo. Foto: http://territoriocartero.blogspot.com

Ofertas para levantar la quiebra

La Asociación Mutual de Trabajadores Camioneros “15 de Diciembre” propone la compra de los bienes inmuebles, muebles y todos los derechos de la Asociación Civil Club Comunicaciones. La oferta suma un total de 25 millones de pesos: 11 millones serán depositados judicialmente para cancelar el pasivo concursal y 14 millones se destinarán a mejoras y reformas sobre los bienes adquiridos en un plazo de dos años.

A su vez se compromete a darle continuidad a los contratos de trabajo de la totalidad del personal bajo relación de dependencia, a las actividades sociales y deportivas, al Instituto Educativo Comunicaciones (escuela de educación inicial, primaria y media), además de incorporar a la totalidad de los actuales socios a la mutual.

Las restantes ofertas correspondieron a “Inversora del Parque S.A.” (propiedad de Daniel Hadad y su esposa, Viviana Zocco) y al Gobierno de la Ciudad.

“Inversora del Parque”, constituida en septiembre de 2008 con un capital social de 12 mil pesos, propone cancelar el pasivo y los gastos concursales, invertir 41 millones de pesos en la construcción de un megaestadio cubierto y un centro cultural y artístico en una porción del predio de aproximadamente 9 hectáreas. Además dona el Instituto Educativo a la Cooperativa de trabajo que lo viene alquilando y deja una fracción cercana a las 10 hectáreas para la Asociación Civil Club Comunicaciones.

Por último, el Gobierno de la Ciudad, por mandato de la Legislatura, propone la cancelación del pasivo hasta la suma de 12 millones de peso, el levantamiento de la quiebra; la transferencia al dominio público de una fracción de hasta 6 hectáreas del predio que ocupa el Club Comunicaciones; la construcción de un estadio cubierto en dicha fracción sujeto a licitación; la modificación de los estatutos de la entidad; y la designación de nuevas autoridades.

Resolución judicial

La oferta realizada por “Inversora del Parque S.A.” fue rechaza por el juez D’Alessandro, entre otros considerandos, porque “resulta de imposible cumplimiento por carecer la sociedad del patrimonio necesario”. El magistrado a su vez esgrime que en marzo de este año la empresa presentó un desistimiento de la oferta actitud que revela “desinterés sobreviniente en la operación, contrariando la formulación de oferta previa, irrevocable, firme y garantizada”.

En cuanto a la propuesta del Gobierno de la Ciudad, la declaración de inadmisibilidad responde a un aspecto puramente técnico y sumamente paradojal. La Ciudad se hace cargo del pasivo concursal y deja en manos de la asociación civil 13 hectáreas para la continuidad jurídica, social y deportiva del Club Comunicaciones, objetivo primario de la Ley 25.284.

D’Alessandro explica que en este caso (al igual que en la oferta de Inversora del Parque) la asociación civil fallida queda en posesión de un remanente razón por la cual debe aplicarse el artículo 228 de la ley de Concursos y Quiebras que establece que “si existe remanente, deben pagarse los intereses suspendidos a raíz de la declaración de quiebra, considerando los privilegios”.

En este caso el pasivo total a cancelar, estimado por el órgano fiduciario en aproximadamente 25 millones de pesos, excede lo que marca la Ley 3.624, aprobada por la Legislatura el 11 de noviembre de 2010. Esta norma autoriza al Gobierno de la Ciudad a presentar una oferta con un tope de 12 millones de pesos.

Lo paradojal: la Mutual de Camioneros cancela el pasivo, se queda con las 19 hectáreas, no hay remanente y por lo tanto no debe cancelar los intereses suspendidos a raíz de la declaración de quiebra. La oferta de la Ciudad deja en poder del Club Comunicaciones 13 hectáreas, posibilitando la continuidad jurídica de la asociación civil, pero la existencia de un remanente fuerza el ascenso del pasivo a 25 millones de pesos.

El magistrado, cerrando el análisis de la propuesta estatal, expresa que “lamentable pero inexorablemente, corresponde concluir su inadmisibilidad en esta instancia”, y aclara que “la salvedad precedente obedece a la segunda modificación sustancial introducida por la ley 3.624 en su artículo 1º bis, que asignó a la autoridad de aplicación la facultad de mejorar la presente oferta siempre que el órgano jurisdiccional convoque a un llamado en tal sentido, cosa que habrá de acontecer”.

Finalmente pone como base para mejorar la oferta los lineamientos de la propuesta de la Mutual de Camioneros y afirma que se ponderarán las propuestas que "conduzcan a la continuidad de la asociación civil con sus asociados mediante algún mecanismo de "salvataje" que presuponga su subsistencia; supongan la escisión y transferencia de una menor porción del predio que el club ocupa actualmente a favor del oferente, con destino afín a los permitidos por la zonificación del predio; y contemplen otras mejoras afines a los objetivos propuestos por la ley 25.284 o al interés público comprometido".

Estas últimas ponderaciones parecen apuntar a convalidar la propuesta del Gobierno de la Ciudad, siempre que éste eleve de 12 a 25 millones de pesos el monto ofrecido para cancelar la deuda.

Apelación del Comité Asesor Honorario

El lunes 9 de mayo el Comité Asesor Honorario, integrado por cinco socios del club, apeló la resolución del juez D’Alessandro, que tendrá 5 días hábiles para resolver si da lugar a esta medida. El eje de la apelación está basado en que la Ley 25.284 tiene como objetivo el reordenamiento de la persona jurídica y no la sustitución de ésta, y que los socios han contribuido con el pago de los incrementos de las cuotas sociales a cumplir parcialmente los objetivos de esta ley. Ezequiel Segura, miembro del Comité, estimó que el Gobierno de la Ciudad actuará de la misma manera.

Los socios entienden que la oferta del Gobierno de la Ciudad debería ser aceptada en forma directa “toda vez que permite la cancelación del pasivo; recobrar el normal desempeño institucional de la entidad; y la continuación de las actividades y conservación de todas las afiliaciones” y destacaron el esfuerzo del gobierno porteño y de la comisión especial creada en la Legislatura en procura del salvataje de la institución.

Ignacio Di Toma Mues