Los proyectos del Gobierno porteño

Nuevo período, ¿nuevos desafíos?

Las vacaciones se terminaron, la (nueva) luna de miel va llegando a su fin. Después de pasada la euforia por su reelección, de su estadía de placer en playas europeas, y de mirar de costado lo que ocurría en las elecciones nacionales, llegó para el gobierno de Mauricio Macri la hora de plantear la agenda de lo que vendrá. De aquí a diciembre, cuando el jefe de gobierno reasuma al frente del Ejecutivo, el centro de la política porteña pasará por dos temas ríspidos que debatirá la Legislatura: impuestos y educación.

Néstor Grindetti, ministro de hacienda porteño

Por Fernando Casasco

El proyectado aumento de la tasa de Alumbrado Barrido y Limpieza (ABL)^* es uno de los puntos sobresalientes de la agenda política porteña. Claro que el afán recaudatorio no es nuevo en la gestión del macrismo. Todos recuerdan cuando en 2007, el jefe de gobierno recientemente electo acordó con su antecesor Jorge Telerman la aplicación de aumentos que iban del 19 al 239% según la zona de la ciudad en la que se encontraban los inmuebles.

Pese a ello, la tasa de ABL fue perdiendo participación en los ingresos totales de la ciudad: del 19% que representaba en el presupuesto del 2001, este año sólo será del 6,8%. Hoy más del 70% de los ingresos del gobierno porteño pasan por el impuesto a los Ingresos Brutos, un tributo ligado a la actividad económica, mientras que los ingresos por Patentes de automotores (basados en la valuación de mercado) ya superan a los del ABL.

Con la reforma ideada se pasaría de los $ 1365 millones recaudados en 2010 por ABL (el proyectado para todo el 2011 es de $ 1.450 millones) a $ 2314 millones el año próximo (9,5% de los ingresos totales). La cifra alcanzaría, por ejemplo, para pagar lo presupuestado para 2012 en higiene urbana: $2.285 millones.

Pero la mayor preocupación de los porteños pasa por cómo se cobrará el aumento, y a quienes perjudicará más. Las autoridades del Ministerio de Hacienda, con Néstor Grindetti a la cabeza, aseguran que se informatizó la tarea, de manera de cobrar por el valor del inmueble y ya no por zona geográfica. De esta forma, habrá aumentos segmentados, que podrían llegar hasta el 300% para las propiedades con una valuación fiscal inferior al 5% del mercado.

El detalle más significativo es que el piso que todo contribuyente deberá abonar por año es de 600 pesos, o unos 50 pesos mensuales. En la actualidad, la mitad de los contribuyentes abonan una cifra inferior.

Otro dato no menor es para qué quiere el gobierno porteño este aumento: si bien se aclara que en el proyecto de Presupuesto 2012 el 65% de los gastos son para áreas sociales (educación, salud, desarrollo social), lo cierto es que en esas áreas la mayor parte del dinero se va en pagos de salarios al personal.

Es decir, gastos corrientes y no nuevas inversiones.

Se estima que el año próximo la Ciudad deberá pagar $15.479 millones en sueldos, casi la mitad de sus ingresos totales. Por otra parte, en términos relativos el área que más aumentará su presupuesto es Seguridad: un 43%.

La connotación del momento político en que el gobierno de Macri anuncia este aumento es clara: si hay que dar malas noticias, mejor darlas de entrada, cuando la administración del PRO acaba de plebiscitarse y tiene un plafón político extraordinario para enfrentar el mal trago que supone reclamarle más fondos a los vecinos. Si la cuestión que se propone se cumple realmente -que paguen más los que más tienen-, la reforma sería un avance positivo. En cambio, un aumento generalizado sólo provocaría más desigualdades en la ya muy desigual ciudad de Buenos Aires.

Ahora los que tienen la palabra en el análisis del proyecto son los legisladores: desde la oposición, la mayoría de los diputados sostiene que la reforma debe hacerse, pero en forma seria, no con necesidades recaudatorias o “de caja” del gobierno de turno. Desde la Coalición Cívica, Sergio Abrevaya, se manifestó en contra de que el piso anual de contribución sea de 600 pesos, y consideró que esa cifra debería estar entre 300 y 400 pesos. Eduardo Epszteyn, de Diálogo por Buenos Aires, puso en duda que el relevamiento para establecer el tributo se haya hecho casa por casa. Pero lo más probable es que el Ejecutivo logre los votos necesarios para aprobar la reforma, al menos en sus puntos sustanciales: la oposición no querrá pagar el costo político de trabarle medidas presupuestarias a una administración que acaba de obtener un masivo apoyo popular en las urnas.

Nubarrones en las aulas

Si hubo un área conflictiva para el PRO durante los cuatro años de su mandato en la ciudad, esa fue la educación. Hubo paros docentes por aumentos de salarios, protestas estudiantiles por el recorte de becas y hasta toma de escuelas por falta de obras de infraestructura. Como si se tratara de un nuevo deja vu, el gobierno porteño insiste con la presentación de un proyecto que choca de frente con los intereses de los docentes y de sus representantes gremiales.

El Ministerio de Educación porteño, encabezado por Esteban Bullrich, presentó en los últimos días de septiembre una iniciativa para modificar las condiciones en que se califica y se designa a los docentes que dan clase en las escuelas públicas de la ciudad de Buenos Aires.

El proyecto del Ejecutivo modifica el Estatuto del Docente, en el artículo referido a la conformación de las Juntas de clasificación docentes, una por cada área, actualmente integradas por seis representantes de los trabajadores de la educación y tres del Ministerio de Educación. Si se aprobara la reforma, las juntas serían reemplazadas por una única dependencia del propio Ministerio, mientras que los representantes docentes solo actuarían en caso de apelación de los maestros ante errores en la calificación o las designaciones.

Desde el gobierno porteño se asegura que el proyecto busca eficientizar el sistema, a fin de cubrir las vacantes con mayor celeridad, especialmente en el área de educación media. Y hacerlo más transparente, para que los propios docentes puedan controlar su puntaje y los actos públicos a través de internet. Pero desde los gremios docentes responden que para mejorar la eficiencia del sistema no hace falta modificarlo, sino proveer de herramientas informáticas a las actuales juntas. Y que, detrás de la iniciativa, se encuentra la intención oculta de designar docentes a dedo por parte del Ejecutivo.

El rechazo de los gremios va más allá de los dichos y se hizo visible en los hechos: 15 de los 17 sindicatos docentes porteños convocaron un paro el 4 de octubre, en rechazo de la reforma del estatuto docente, que se ha aplicado desde 1958, solo interrumpido durante las dictaduras militares. Además, reclaman que se respete la fecha de elección de las Juntas de calificación, previstas para el 3 de noviembre. Varios bloques de la oposición ya adelantaron el rechazo al proyecto.

El proyecto de modificación de las juntas se suma a otro programa que ya lanzó el Ministerio de Educación y que recibe rechazos en la comunidad docente: la creación del cargo de “maestro de maestros”, quien deberá dedicarse a asistir al docente en la transmisión de sus conocimientos a los alumnos. En este modelo, copiado del sistema chileno, el educador que acceda a ese cargo, tras aprobar un curso del Ministerio, tendrá la retribución de un vicedirector, aunque sea un maestro sin muchos años de experiencia al frente del aula. Además, se corre el riesgo que el cuerpo directivo de cada escuela delegue funciones ligadas a lo pedagógico, y termine cumpliendo con tareas meramente administrativas.

En definitiva, entre discusiones por el presupuesto, los cambios impositivos, y las reformas ideadas en el sistema educativo, se irán los últimos meses del año. De la aprobación o el rechazo de esos cambios, dependerán las consecuencias para el nuevo periodo de gobierno que Mauricio Macri abrirá el próximo 10 de diciembre.

^* El ABL es en realidad el Impuesto Inmobiliario que está conformado por: Contribución Territorial; Contribución de Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL); Contribución adicional para mantenimiento y limpieza de sumideros; Contribución de Pavimentos y Aceras y Contribución Ley N° 23.514 (Fondo permanente para la ampliación de la red de subterráneos)