Disturbios en la Legislatura y una denuncia penal

Polémico debate por la reforma del Estatuto Docente

En medio de una protesta docente en la entrada de la Legislatura porteña, un encendido debate en su interior, infiltrados, disturbios y hasta una denuncia penal, el PRO no consiguió imponer el proyecto para eliminar las Juntas de Clasificación. Sin embargo, apoyó, con modificaciones, la propuesta de un diputado de la Coalición Cívica que reduce la cantidad de las Juntas, su número de integrantes y atribuciones.

Por Luciana Aghazarian

Desde hace dos meses la tensión crece entre los gremios docentes y los trabajadores de la educación, y el gobierno porteño. El conflicto se inició cuando en septiembre último la legisladora macrista Verónica Morales Gorleri presentó el proyecto que pretendía modificar el sistema de clasificación y disciplina de los docentes de cada distrito. Los motivos, según Gorleri, fueron algunos retrasos en los concursos que obligaban a hacer titularizaciones masivas cada dos o cuatro años, y supuestas arbitrariedades en las designaciones. La solución, entonces, suponía eliminar las 15 Juntas de Clasificación del Estatuto Docente, que data de 1986, para reemplazarlas por una “Oficina Única de Clasificación Docente” dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad.

Previo a la controvertida sesión del 1° de diciembre, los gremios docentes se movilizaron y llamaron a un paro masivo que concluyó con una protesta frente al edificio público. La convocatoria en la Legislatura porteña se inició al mediodía y concluyó entrada la madrugada dado los disturbios provocados por un grupo de manifestantes que hirió tanto a docentes como funcionarios, a lo que luego se sumó la reacción de la Policía Metropolitana con agua y gases lacrimógenos. Las legisladoras porteñas de Proyecto Sur, Laura García Tuñón y Virginia González Gass, presenciaron el ataque por lo que realizaron una denuncia penal en carácter de testigos junto a los docentes agredidos. Las funcionarias aseguraron que fue una “patota” la que llegó en micros para generar los disturbios, por lo que están dispuestas a presentar ante la justicia los videos de seguridad y las patentes de los vehículos en el que se transportaban estas personas.

Debido a los incidentes, recién a las 21.30 comenzó a debatirse el cuestionado proyecto macrista. El argumento de las voces en contra tuvo que ver principalmente con la falta de debate y consenso por parte de las escuelas y los docentes. Alejandro Demichelis, secretario adjunto de UTE-Ctera, dijo a El Barrio Villa Pueyrredón: “Los dos pedidos que le hicimos al ministro Bullrich fueron el archivo y retiro del proyecto para discutirlo, y la elaboración de un proyecto que sea sustentado por los maestros, pero no está ese tiempo, quieren sacarlo ahora”.

“Pretenden –agregó Demichelis- eliminar las Juntas de Clasificación que es una herramienta que los docentes tenemos, que fue discutida por cientos de maestros desde la vuelta de la democracia; es un sistema democrático, transparente. Una oficina única integrada es una forma de disciplinamiento, es la forma de que los amigos del poder estén en los cargos y no por méritos y antecedentes, es un proyecto unilateral donde solo el Estado tiene participación”.

Por su parte, el legislador del Frente para la Victoria Francisco Nenna, previo a su ingreso a la Legislatura, opinó: “Se va a debatir en forma autoritaria, con sectores que negocian por detrás con el gobierno, para sacar las Juntas de Clasificación. Nosotros planteamos la necesidad de que esto se haga a la luz de consultas en las escuelas tal cual fue en 1986. Creemos que hay que mejorar las Juntas; planteamos, por ejemplo, el legajo único, para lo que no es necesaria una ley y el gobierno no lo ha llevado adelante. Vamos a pedir que no se trate, vamos a dar la pelea hasta último momento, como nos hemos comprometido como legisladores y como educadores”, dijo el funcionario a El Barrio Villa Pueyrredón.

Finalmente, el proyecto macrista no logró imponerse, por lo que el oficialismo negoció con la oposición y apoyó la iniciativa del diputado de la Coalición Cívica Sergio Abrevaya. El proyecto aprobado con algunas modificaciones, propone la creación de una Comisión de Registro y Evaluación de Antecedentes Profesionales (Coreap) dependiente del Ministerio de Educación –con tres integrantes designados por el Ejecutivo, con el consenso de la Legislatura–, que tiene la responsabilidad de clasificar a los maestros, por orden de mérito, teniendo en cuenta sus títulos y antecedentes. Además se crea el Legajo Único Docente, que centraliza los datos de cada docente y facilita la actualización de la información.

Asimismo, el proyecto alternativo mantiene a las Juntas, pero las reduce de 15 a 7; las mismas representan a las áreas Inicial; Primaria Común, Adultos y Servicios Profesionales; Especial; Curriculares Media Común y Adultos; y Técnica y Artísticas. La cantidad de miembros baja de nueve a cinco, con mayoría de los representantes docentes, los cuales permanecerán en su mandato cuatro años. Las Juntas deben aprobar el puntaje otorgado a cada docente, fiscalizar los listados y proponerlos a consideración del ministro.

En el marco de la Legislatura, Abrevaya aclaró: “Las juntas no están todas mal, pero hay que hacer correcciones. Me comprometí con los gremios a que las juntas debían mantener el poder de decisión sobre la designación de los docentes”. Además dijo que incluyó en su proyecto "al sector de los jubilados que antes estaban relegados y la propuesta de titularización a 4 mil docentes que hoy están en una situación de precarización laboral".